Canadá endurece el control sobre el capital extranjero y cambia las reglas para financiar proyectos mineros

Canadá prepara un cambio en las reglas para las inversiones extranjeras vinculadas con minerales críticos. A partir de comienzos de 2027, determinadas participaciones minoritarias en empresas de sectores sensibles deberán notificarse antes de concretarse, incluso cuando el inversor no busque adquirir el control de la compañía. La medida ampliará el alcance de la Ley de Inversiones de Canadá (Investment Canada Act) y obligará a las mineras a revisar cómo estructuran sus acuerdos de financiamiento, asociaciones y adquisiciones.

La modificación forma parte de la actualización de una normativa que permite al Gobierno canadiense evaluar inversiones extranjeras por sus posibles efectos sobre la economía y la seguridad nacional. La diferencia es que el nuevo esquema incorporará ciertas operaciones minoritarias al régimen de notificación obligatoria previa, cuando otorguen al inversor acceso a información técnica no pública, activos relevantes o determinados derechos de gobierno corporativo en actividades consideradas sensibles. El alcance concreto dependerá de las actividades que establezca la reglamentación.

El cambio puede tener consecuencias especialmente importantes para las empresas de exploración y las mineras junior, que suelen depender de aportes de capital de fondos internacionales, grandes compañías o inversores estratégicos para financiar campañas de perforación, estudios de factibilidad y construcción de infraestructura. Una participación minoritaria puede ser suficiente para sostener un proyecto durante sus primeras etapas, pero si la operación queda alcanzada por el nuevo régimen, el cierre del acuerdo podría demorarse hasta completar la revisión correspondiente.

De acuerdo a la información publicada por el sitio mining.com una evaluación inicial de seguridad nacional podría extenderse durante 45 días, mientras que los procedimientos más complejos podrían superar los 200 días. Estos plazos obligarían a las compañías a incorporar los controles regulatorios a sus cronogramas de inversión, especialmente en proyectos que necesitan desembolsos sucesivos para avanzar de la exploración a la construcción. Una demora en la entrada de capital puede modificar el calendario de perforaciones, la contratación de servicios y la decisión de pasar a una nueva etapa de desarrollo.

El endurecimiento de los controles tiene antecedentes concretos. En 2022, el Gobierno canadiense ordenó a inversores chinos desprenderse de sus participaciones en empresas relacionadas con proyectos de litio y otros minerales estratégicos. Ottawa considera que estos recursos no son solamente activos comerciales: también resultan fundamentales para la fabricación de baterías, tecnologías de energía limpia, electrónica y equipamiento de defensa. La preocupación oficial se concentra en la posibilidad de que determinados inversores extranjeros, en particular empresas estatales o vinculadas con gobiernos considerados estratégicamente sensibles, obtengan influencia sobre activos, conocimientos técnicos o cadenas de suministro críticas.

El desafío para Canadá será proteger esos recursos sin desalentar el capital que necesita para desarrollarlos. El país cuenta con depósitos de litio, níquel, cobalto, cobre, grafito y tierras raras, pero convertir ese potencial geológico en producción requiere inversiones de largo plazo y financiamiento durante etapas en las que todavía no existen ingresos por ventas. Los controles pueden contribuir a reducir riesgos estratégicos, aunque también agregan costos de asesoramiento, análisis jurídico y planificación para las empresas. Por eso, la discusión no pasa por cerrar la puerta a las inversiones extranjeras, sino por determinar quién puede participar, bajo qué condiciones y con qué nivel de acceso a los activos sensibles.

Un contraste con el modelo de inversiones argentino

El enfoque canadiense contrasta con la estrategia que impulsa Argentina para captar capital destinado a grandes proyectos mineros. La Ley de Inversiones Extranjeras 21.382 establece, como principio general, que los inversores extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacionales, con las excepciones previstas en la legislación. A su vez, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) busca atraer desembolsos de gran escala mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de garantías de estabilidad para los proyectos que cumplen sus requisitos.

La diferencia principal está en el objetivo inmediato de cada política. Mientras Canadá amplía los mecanismos de revisión previa para determinadas inversiones en actividades sensibles, Argentina procura reducir obstáculos y ofrecer previsibilidad a proyectos que necesitan capital intensivo y largos períodos de maduración. El RIGI establece un piso general de inversión de US$ 200 millones, aunque la reglamentación puede fijar montos superiores según el sector, y contempla actividades mineras, energéticas y de infraestructura. Su plazo de adhesión fue prorrogado hasta el 8 de julio de 2027.

Esto no significa que el capital extranjero tenga libertad absoluta en uno de los países y restricciones totales en el otro. Canadá ya contaba con facultades para revisar inversiones por motivos de seguridad nacional, incluso cuando no implicaban adquirir el control de una empresa; la novedad es la obligación previa para determinadas operaciones minoritarias. En Argentina, la promoción de inversiones mediante el RIGI convive con las normas generales y sectoriales que deben cumplir las compañías. Se trata, por lo tanto, de herramientas con objetivos diferentes y no de regímenes directamente equivalentes.

Respecto de la minería argentina, el debate resulta relevante porque numerosos proyectos de cobre, litio y otros minerales necesitan socios internacionales para avanzar desde la exploración hasta la producción. En iniciativas que involucran consorcios, empresas conjuntas o sucesivas rondas de financiamiento, la previsibilidad regulatoria puede incidir tanto como la disponibilidad de recursos geológicos. La experiencia canadiense muestra que el origen del capital y los derechos asociados a una participación accionaria pueden adquirir una importancia estratégica, además de su valor económico.

El cambio también refleja una tendencia internacional: los gobiernos buscan asegurar el suministro de minerales críticos y controlar la influencia que determinados actores pueden ejercer sobre los recursos y las tecnologías asociadas. En ese escenario, la competencia entre países no se limita a ofrecer incentivos fiscales o acelerar permisos. También incluye la capacidad de garantizar cadenas de suministro confiables y definir las condiciones de acceso a activos considerados estratégicos.

Para las empresas mineras, la consecuencia inmediata será la necesidad de anticipar las revisiones regulatorias al negociar inversiones y asociaciones. En Canadá, algunos acuerdos deberán contemplar plazos adicionales antes de su cierre; para los países que buscan captar capital, el desafío será ofrecer reglas claras y estables sin perder capacidad de decisión sobre sus recursos. La discusión de fondo es cómo atraer el financiamiento necesario para desarrollar los minerales críticos sin dejar de considerar su valor estratégico a largo plazo.

M&D con información de mining.com