Minería en Mendoza: ¿el impulso del RIGI o la llave de la 7.722?
Muchas veces, cuando un proyecto minero que estuvo años frenado finalmente avanza, el mérito se reparte entre varios factores y la discusión pública tiende a quedarse con el más visible, aunque no sea el que lo destrabó, algo que vale la pena revisar ahora que PSJ Cobre Mendocino está en el centro de la escena.
En una nota publicada en Diario UNO de Mendoza, el periodista Julián Imazio informó que el gobernador Alfredo Cornejo prepara para antes de diciembre una visita de Javier Milei a PSJ, el proyecto de cobre ubicado en Uspallata, en el departamento mendocino de Las Heras.
La idea sería mostrar allí los avances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), de la misma manera que lo haría en otras provincias. Tiene lógica: es el único proyecto minero de la provincia adherido al régimen y una de las pocas inversiones mineras de Mendoza con fecha de construcción.
La visita invita a preguntarse qué fue lo que realmente movió al proyecto.
En el caso de PSJ, la respuesta está en la forma en que funciona Mendoza. El RIGI aportó, y mucho, pero el empuje principal fue pasar el filtro político de la Ley 7.722. En la provincia, antes de pensar en cualquier beneficio, un proyecto minero tiene que conseguir que la Legislatura lo apruebe.
Primero la firma, después el régimen
La Ley 7.722, sancionada en 2007, prohíbe el uso de algunos insumos químicos en la minería metalífera. También exige que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de cada proyecto sea ratificada por la Legislatura. Es un filtro político antes que técnico. Un proyecto puede tener todo en regla y aun así quedarse en el camino si no consigue los votos.
El RIGI, por su parte, no es un beneficio que se recibe sin contraprestación. Quien adhiere presenta un plan de inversión con montos y plazos definidos, y se obliga a ejecutar al menos el 40% del monto mínimo en los dos primeros años desde la aprobación.
El cumplimiento queda bajo control de la autoridad de aplicación, y el incumplimiento puede terminar en la pérdida de los beneficios.
Nadie puede firmar ese cronograma en Mendoza sin saber antes si la Legislatura le va a permitir construir. Sin aval político no hay plan de inversión que presentar ni plazo para que empiece a correr.
El filtro político exige además algo que suele pasar inadvertido. Para llegar a la audiencia pública y a la Legislatura, la empresa tiene que mostrar que va a invertir, no que espera un beneficio para decidir o esperar para desarrollar el proyecto. Cualquier duda sobre esa voluntad se convierte en un argumento para rechazar el proyecto. Por eso el aval político funciona casi como una obligación de inversión asumida antes de cualquier incentivo.
En otras provincias el orden puede ser distinto. En San Juan la aprobación ambiental es un trámite administrativo y el consenso político sobre la minería lleva dos décadas. Allí la decisión de inversión, el ingreso al RIGI y la factibilidad pueden avanzar juntos, y el régimen pesa de lleno en la ecuación económica.
Gary Nagle, CEO de Glencore, lo dijo sin vueltas en la Argentina Week de París: sin el RIGI, El Pachón no sería negocio. En San Juan el RIGI puede ser la llave del proyecto; en Mendoza es la segunda, porque la primera la tiene la política.
El valor justo del RIGI
Nada de esto le quita mérito al régimen. Antes del RIGI, la presión fiscal sobre la minería argentina superaba el 50%; con el nuevo esquema baja a una franja de entre 36% y 40%, similar a la de Chile y Perú. A eso se suman la estabilidad fiscal y la seguridad jurídica, que pesan a la hora de conseguir capital internacional. Un proyecto como PSJ, que según las actualizaciones de factibilidad requiere US$800 millones para su construcción y elevará su producción a 75.000 toneladas anuales de cobre, necesita ese respaldo para cerrar su financiamiento.
Aun así, la propia empresa ordenó los tiempos. Mientras la DIA estaba en la Legislatura, indicaba que la ratificación era lo que iba a permitir acelerar la factibilidad y el financiamiento, y que la agenda nacional no había condicionado al proyecto. La Ley 7.722 definía si PSJ podía existir; el RIGI define en qué condiciones se financia.
El empuje decisivo se dio el 9 de diciembre del año pasado en el Senado. Ahí estuvieron la decisión de Cornejo de enviar la DIA y sostenerla, el trabajo del oficialismo para reunir la mayoría y el acompañamiento de senadores del peronismo. Sin esos votos, PSJ tendría hoy el mismo RIGI disponible y ningún proyecto para inscribir.
Dos empujes, un orden
La visita presidencial es una buena oportunidad para Mendoza, que tiene en PSJ el primer proyecto metalífero dentro del RIGI. También puede servir para explicar hacia afuera cómo funciona la provincia: el régimen nacional suma, pero no reemplaza el paso por la Legislatura como paso realmente clave hoy.
Ese compromiso previo no tiene el mismo tono en todos los niveles. En la misma sesión de PSJ, el Senado aprobó la DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental II, con 27 proyectos de exploración en el sur provincial. Ahí el aval legislativo funciona más como un permiso que como una promesa de inversión, porque muchos titulares todavía no muestran movimientos en el terreno. La diferencia con PSJ no está en la ley, sino en quién llega a la Legislatura con la decisión de invertir ya tomada.
El RIGI va a llegar a Mendoza tantas veces como haya un proyecto en condiciones y compañías dispuestas a comprometer su inversión antes de cualquier beneficio, y una política provincial dispuesta a firmar primero.
Si lo que ocurrió con PSJ se convierte en una forma de gestión y deja de ser una excepción, la provincia podrá mostrar resultados del régimen en más de una foto. Si no, Uspallata va a seguir siendo la única parada posible para cualquier presidente que quiera hablar de minería en Mendoza.
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