Panamá quiere negociar con First Quantum una operación limitada para financiar el cierre de Cobre Panamá

El futuro de Cobre Panamá volvió a quedar en manos de una decisión política. Después de casi tres años de paralización de una de las mayores minas de cobre de América Latina, una comisión interministerial propuso negociar con First Quantum Minerals un esquema que permitiría producir durante un período acotado para financiar el cierre definitivo del complejo.

La diferencia es sustancial: el gobierno panameño no aprobó una reapertura comercial sin condiciones ni ordenó ejecutar de inmediato un cierre total. El 9 de octubre, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, aclaró que el presidente José Raúl Mulino aún no había autorizado siquiera el comienzo de las conversaciones formales.

La recomendación, entregada el 30 de septiembre, contiene 17 propuestas y seis criterios. El primero es respetar la sentencia de la Corte Suprema que invalidó en 2023 la ley que respaldaba el contrato minero; otro establece que cualquier solución debe evitar costos para el presupuesto público.

Una negociación con condiciones

La alternativa oficial apunta a que una eventual operación genere los recursos necesarios para remediar, vigilar y cerrar las instalaciones durante varios años, sin posibilidad de prórroga según la recomendación. También plantea poner fin a los arbitrajes internacionales pendientes, aunque su resultado depende de un acuerdo que todavía no existe.

La propuesta reconoce que una mina de esta magnitud no puede abandonarse sin gestión permanente. El depósito de relaves, los sistemas de tratamiento de agua y las tareas de estabilidad y monitoreo requieren recursos, incluso cuando la extracción está suspendida.

Panamá calculó que un cierre sin acuerdo podría demandar entre US$2.600 millones y US$3.400 millones, incluidos trabajos iniciales y mantenimiento posterior. Es una estimación oficial que no debe confundirse con un presupuesto definitivo ni con una obligación ya asignada a los contribuyentes.

El efecto sobre Salta y Taca Taca

El desenlace importa de manera directa para la minería argentina. First Quantum es dueña del proyecto Taca Taca, en Salta, y presentó en febrero de 2026 un informe técnico que proyecta una producción promedio de 291.000 toneladas anuales de cobre durante la primera década y una vida útil inicial de 35 años.

La compañía lo identifica como uno de sus grandes proyectos de crecimiento, pero su ejecución exige decisiones de financiamiento y autorizaciones ambientales.

En el informe técnico advirtió que la aprobación final de la inversión dependerá, entre otras variables, del balance financiero de la empresa y del estado de sus otras operaciones.

Por eso, sería incorrecto afirmar que la recomendación panameña paraliza automáticamente Taca Taca.

Sí introduce una incertidumbre relevante: la capacidad futura de First Quantum para obtener financiamiento, negociar con socios y comprometer capital en Argentina dependerá también de cómo resuelva el conflicto de Cobre Panamá.

La magnitud económica del conflicto

Antes de su paralización, Cobre Panamá representaba una parte significativa de la economía y de las exportaciones del país. La comisión señaló que la suspensión afectó a más de 6.000 empleos directos, unos 30.000 indirectos y alrededor de 2.000 proveedores registrados, tres cuartas partes de ellos pequeñas y medianas empresas.

La misma evaluación atribuye a la falta de actividad una pérdida promedio de US$6,85 millones diarios en divisas. Este dato expresa un cálculo económico gubernamental sobre la actividad ausente, no una salida diaria de efectivo del Tesoro ni una cifra que pueda proyectarse automáticamente hacia el futuro.

En paralelo, la auditoría contratada por el Estado revisó 370 compromisos ambientales y expuso distintas mediciones de cumplimiento. La evaluación integral ponderada fue de 87,73%, con observaciones en restauración y biodiversidad, un resultado que no elimina los pasivos ni reemplaza las decisiones jurídicas y políticas.

Qué puede hacer First Quantum

La empresa comunicó su disposición a participar en un diálogo constructivo y reconoce que cualquier salida debe respetar el marco constitucional panameño. Pero sin autorización presidencial, contrato válido y definición sobre los arbitrajes, no existe una fecha verificable para reanudar la extracción del yacimiento.

El Gobierno sí había autorizado en abril de 2026 el procesamiento y la exportación de mineral previamente extraído y acopiado. Ese programa busca reducir riesgos ambientales y sostener tareas de preservación: no equivale a reabrir el frente de mina ni permite nuevas voladuras o extracción.

Por qué es importante

Panamá expone un problema que trasciende a First Quantum: el cierre judicial de una concesión no elimina las responsabilidades ambientales ni sus costos. Para Argentina, el caso confirma que los grandes proyectos necesitan seguridad jurídica, permisos sólidos, acuerdos sociales y mecanismos financieros de cierre desde el comienzo.

La próxima señal concreta será la decisión de Mulino sobre la apertura de negociaciones y, si estas avanzan, sus condiciones legales y económicas. Hasta entonces, hablar de una reapertura aprobada o de un cierre inmediato sería anticipar una resolución que el Ejecutivo panameño todavía no anunció.

Minería & Desarrollo