Del Legado Territorial al Legado Intergeneracional

Esta tensión plantea una pregunta que suele quedar relegada frente a las urgencias del presente: ¿qué debería quedar en un territorio cuando el recurso que generó esa riqueza ya no esté?

La respuesta no es necesariamente una obra, un fondo o un mecanismo financiero. Una carretera puede ser fundamental, pero su valor puede diluirse si no existe una economía capaz de sostenerla. Una escuela puede ampliar el acceso a la educación, pero su impacto será diferente si no existen capacidades para aprovechar las nuevas oportunidades. Un fondo puede acumular recursos, pero también desaparecer si no hay reglas que protejan su patrimonio y orienten su utilización.

El desafío consiste en transformar una parte de esa riqueza temporal en capacidades que permanezcan cuando la actividad que la originó haya disminuido o desaparecido. A ese proceso lo entendemos como legado territorial.

Cambiar la pregunta y la escala

El legado amplía la idea tradicional de infraestructura o inversión. Incluye capital humano, capacidades institucionales, diversificación económica, conocimiento, conectividad y servicios públicos. En lugar de preguntarnos únicamente cuánto genera un proyecto, debemos preguntarnos qué parte de ese valor logra convertirse en una capacidad permanente para el territorio.

También necesitamos ampliar la escala de nuestra mirada. Los proyectos comparten rutas, agua, energía, trabajadores, servicios, ecosistemas, comunidades e instituciones.

Un proyecto puede construir una ruta; otro, ampliar la capacidad energética; otro, desarrollar programas de capacitación. Todas esas iniciativas pueden generar valor, pero su suma no produce necesariamente una estrategia de desarrollo territorial.

Podemos distinguir tres dimensiones relacionadas: el capital de proyecto, que permite desarrollar y operar una inversión específica; el capital territorial, que reúne las capacidades y condiciones para desarrollarse más allá de esa inversión; y el capital intergeneracional, que preserva parte del valor generado para quienes vivirán allí cuando el recurso ya no esté disponible.

Estas dimensiones no compiten necesariamente entre sí. El desafío es conectarlas. No se trata solamente de extraer un recurso de manera eficiente y distribuir la renta que genera, sino de utilizar una parte de esa riqueza para aumentar la capacidad permanente del territorio.

Lo que muestran las experiencias

No existe un modelo único. Las experiencias permiten observar distintos caminos y distinguir dos preguntas que suelen confundirse: cuánto dinero genera una actividad y qué capacidad existe para transformarlo en desarrollo.

La evolución minera de San Juan entre 2005 y 2025 permite observar obras de infraestructura, mecanismos institucionales y capacidades vinculadas con la actividad. La experiencia australiana de Australia Pacific LNG aporta otra perspectiva: incorporar tempranamente el territorio a la planificación de largo plazo, considerando infraestructura, servicios y desarrollo local.

Ambos casos muestran que el valor de una inversión puede trascender los activos necesarios para su operación. Sin embargo, en la documentación revisada no identificamos un mecanismo específicamente concebido como patrimonio intergeneracional, separado y protegido como tal. Esto introduce una pregunta adicional sobre la continuidad de ese legado.

El Fideicomiso Municipal de Perito Moreno, en Santa Cruz, aporta una experiencia especialmente ilustrativa. Su funcionamiento partía de un diagnóstico de necesidades, complementado con la percepción de la comunidad, para construir y priorizar una cartera de proyectos. Los recursos debían responder a prioridades previamente identificadas.

Su gobernanza incorporaba representantes privados y de las instituciones públicas locales, con una estructura de apoyo técnico y seguimiento. Además, los proyectos no podían comprometerse sobre ingresos futuros: debían contar con recursos efectivamente disponibles.

Su valor está en mostrar que transformar recursos en desarrollo requiere información, reglas de decisión y capacidades de gestión.

El Fondo Fiduciario UniRSE, también en Santa Cruz, ofrece una escala diferente. Su arquitectura provincial permite orientar aportes mineros hacia iniciativas de mayor alcance territorial, como las obras vinculadas al interconectado eléctrico El Pluma–Perito Moreno–Los Antiguos. La comparación muestra que la escala desde la cual se definen las prioridades y se gobierna la inversión resulta tan relevante como el origen del dinero.

En la cuenca de Cauchari-Olaroz, en Jujuy, la formación de referentes comunitarios plantea otra posibilidad. Una capacitación puede ser impulsada inicialmente por una empresa y el Estado, pero las capacidades generadas permanecen en las personas y pueden mejorar el diálogo y la gobernanza de toda la cuenca.

Un proyecto puede dejar una obra. Un territorio puede construir una capacidad.

Preservar valor en el tiempo

Estas experiencias permiten reconocer algunos principios compartidos. Primero, definir el territorio para el cual se piensa el legado: puede ser una cuenca, una red de infraestructura o un conjunto de localidades, sin coincidir necesariamente con límites administrativos.

Luego, comprender sus necesidades y oportunidades, establecer prioridades, construir una gobernanza con participación de los actores relevantes y contar con capacidad técnica para ejecutar. Un diagnóstico no es todavía una estrategia, y una prioridad que no puede convertirse en un proyecto viable permanece como una intención.

A todo ello se suma una condición transversal: evitar que el valor generado durante la explotación se consuma junto con el recurso.

Una posible respuesta es crear mecanismos que reciban parte de esa riqueza, la preserven y orienten una parte de sus rendimientos hacia inversiones que aumenten las capacidades territoriales. Podrían adoptar la forma de un fondo patrimonial territorial o utilizar otros instrumentos presupuestarios, contractuales o institucionales.

Desde nuestra perspectiva, lo importante no es elegir de antemano el vehículo. Tampoco supone necesariamente crear instituciones: el punto de partida debería ser articular las capacidades y competencias existentes alrededor de una visión de largo plazo. Esta arquitectura no debería duplicar funciones ni convertirse en una nueva instancia de autorización de los proyectos.

Cualquier mecanismo deberá precisar qué recursos recibe, qué parte preserva, qué territorio comprende, quién decide, cómo se priorizan y ejecutan las inversiones y qué reglas protegen el patrimonio frente a cambios coyunturales.

El instrumento puede variar. El principio permanece: una parte de la riqueza generada por un recurso temporal debería convertirse en capacidades permanentes.

Los recursos no renovables ofrecen una oportunidad extraordinaria, pero esa oportunidad no se transforma automáticamente en riqueza duradera. La pregunta que debería acompañar a toda gran inversión es sencilla: ¿qué heredará el territorio cuando el recurso que generó esa riqueza ya no esté?

La respuesta puede determinar si una generación de inversión deja solamente activos asociados a un ciclo económico o construye las bases de un desarrollo capaz de continuar después de él.

Sobre los autores:

Lucila Lasry — Especialista en gobernanza territorial y desarrollo institucional, con más de quince años de experiencia en industrias extractivas de gran escala. Su trabajo en la interfaz entre empresas, gobiernos, pueblos indígenas y comunidades aporta a este documento la perspectiva de gobernanza colaborativa y fortalecimiento de capacidades institucionales. 

Luis de Benito — Ingeniero especializado en infraestructura y grandes proyectos de energía y minería, con más de tres décadas de experiencia internacional en diseño, constructibilidad y ejecución.

Minería & Desarrollo