La CNEA pone a Sierra Pintada entre sus ocho mayores inversiones, pero la llave para volver a producir sigue en Mendoza
La CNEA decidió que Argentina vuelva a producir uranio. El objetivo aparece escrito en el proyecto de Presupuesto 2027, donde el organismo se propone "promover la exploración de minerales estratégicos, con el objetivo de recuperar la capacidad de producción de uranio", y se apoya en una necesidad concreta: el país importa el combustible que consumen sus centrales nucleares y el propio organismo calcula que tiene uranio asegurado para casi 21 años. Completar la cadena -extraer, concentrar, fabricar el elemento combustible- es la pieza que falta de un sistema nuclear que Argentina domina en todas sus otras etapas.
En ese plan, Mendoza ocupa el primer lugar. Sierra Pintada, la mina de uranio que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) tiene en el departamento mendocino de San Rafael, concentra 10.010 toneladas de uranio identificadas, casi el 30% de las 33.650 toneladas que el organismo reconoce en siete proyectos del país. Ningún otro yacimiento argentino se le acerca.
El Presupuesto 2027 le pone cifra al complejo. Destina $1.464 millones en dos partidas del Programa 20: $1.078 millones para gestión de pasivos en disposición transitoria y $386 millones para adecuación de infraestructura. Sobre los 39 proyectos de inversión que la CNEA ejecutará el año próximo, solo siete reciben más fondos, entre ellos el reactor RA-10 y la instrumentación del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones. Para un yacimiento que no produce desde hace décadas, es una asignación de peso.
La aceleración viene de antes. En los últimos meses la CNEA aumentó su presencia en San Rafael y empezó a hablar de Sierra Pintada en futuro: el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, confirmó que en enero comenzaron las tareas de remediación propiamente dichas, y la subsecretaria Ayelén Giomi sostuvo que esa remediación es el paso previo para volver a explotar el yacimiento.
La pregunta está en otro lado. En Mendoza ninguna explotación se aprueba sin atravesar la Ley 7.722 -la norma provincial que prohíbe el uso de determinadas sustancias en minería metalífera y exige ratificación legislativa para cada proyecto-, un recorrido que no existe en Chubut, Río Negro ni Salta, las otras provincias del mapa uranífero. Ese trámite no se resuelve con partidas presupuestarias. Y ahí aparece lo que ninguna planilla contesta: si la CNEA -o un privado que la suceda- está en condiciones de generar la confianza que ese camino exige, cuando el organismo que debe pedirla es el mismo que dejó el pasivo que hoy está remediando.
Qué dice exactamente el presupuesto
Las dos partidas figuran en el listado de proyectos del Programa 20, Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear, cuya unidad ejecutora es la Gerencia de Área Energía Nuclear. Una se denomina Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael y lleva $1.078 millones. La otra, Adecuación de Infraestructura del Complejo Minero Fabril San Rafael, lleva $386 millones. El presupuesto no desagrega a qué obras o tareas específicas se aplicará cada peso.
El monto ubica a Sierra Pintada en un lugar alto del organismo. La CNEA proyecta un crédito total de $298.526 millones para 2027 y distribuye $86.661 millones entre 39 proyectos de inversión. La partida de gestión de pasivos, por sí sola, es la duodécima en tamaño; sumadas las dos, el complejo mendocino queda por debajo de siete proyectos y por encima de los otros treinta y uno. Entre los que lo superan están la construcción del reactor RA-10, con $39.690 millones, los dos paquetes de instrumentación del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones y la modernización del Instituto Balseiro.
El contraste con la exploración ordena el resto del cuadro. Los cuatro proyectos con los que la CNEA buscará uranio el año próximo -en la Cuenca Neuquina y Cuyana, en Cañadón Asfalto y el Macizo del Deseado, en La Rioja y en yacimientos superficiales de Jujuy, Salta y Catamarca- suman en conjunto $705 millones, menos de la mitad de lo asignado a San Rafael. El organismo pone en el complejo mendocino más dinero que en la búsqueda de uranio en todo el resto del país.
Qué se está haciendo en el complejo
Mientras el presupuesto se discute, las inspecciones provinciales registran obra en marcha. El tratamiento del agua de cantera, una de las tareas de la Fase I de remediación, se organiza en cuatro contrataciones que suman $957,4 millones.
La etapa más cara ya está cerrada. El reacondicionamiento e impermeabilización del Vaso 4, un reservorio destinado al control de calidad del agua tratada y a alimentar el sistema de riego. por $523,6 millones, y las inspecciones constataron su finalización junto con la del Vaso 5, con pruebas piloto de ensayos de calidad. También concluyó el trasvase de agua de cantera desde Gaucho I-II hacia los diques DN 8-9 y DN 5.
La obra en ejecución es la planta de radio y arsénico, construcción civil que alojará tanques, conducciones y bombas de tratamiento por $185,4 millones. El plan de trabajo presentado ante la autoridad provincial fijó el inicio el 7 de mayo y un plazo de 135 días, que vence por estos días.
El esquema se completa con los insumos químicos para el tratamiento, por $30,2 millones, y el sistema de riego presurizado por aspersión, por $218,2 millones, la infraestructura que dispondrá el agua tratada en el predio.
Más allá del agua, la Fase I aprobada por la Declaración de Impacto Ambiental en 2019 abarca otras tareas, entre ellas el tratamiento de más de 5.200 tambores de 200 litros con residuos uraníferos históricos que integran los pasivos del complejo.
La llave la tiene la Legislatura
Esa distancia entre lo que se asigna y lo que puede verificarse define el terreno donde Sierra Pintada se juega su futuro, porque el permiso para volver a producir no depende de la CNEA ni de la Secretaría de Asuntos Nucleares.
En Chubut, Río Negro y Salta -las otras tres provincias del mapa uranífero argentino- un proyecto de uranio recorre el camino ambiental ordinario de cada jurisdicción. En Mendoza no. La Ley 7.722 prohíbe el uso de determinadas sustancias químicas en la minería metalífera y obliga a que cada Declaración de Impacto Ambiental sea ratificada por la Legislatura provincial. Es un filtro político además de técnico, sostenido por gobiernos de distinto signo desde su sanción.
La presencia del Estado provincial en el complejo muestra cómo opera ese control incluso en la etapa de remediación. Entre mayo y julio, inspectores de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y de la Dirección de Minería labraron al menos cinco actas en el yacimiento, recorrieron canteras, diques, planta de neutralización, depósito de residuos peligrosos y la obra de la planta de radio y arsénico, tomaron imágenes con drone y exigieron el libro de operatoria de residuos. Para cualquier escenario productivo posterior, ese nivel de fiscalización se multiplica.
Por eso, cuando desde Buenos Aires se plantea la remediación como antesala de la producción, conviene mirar qué se está pidiendo en los hechos. No es un permiso ambiental: es que una provincia que construyó su normativa más restrictiva sobre la desconfianza hacia la minería acepte que el organismo que dejó el pasivo más visible de esa historia vuelva a operar el mismo yacimiento. Ninguna partida presupuestaria compra esa decisión.
Queda abierta también la alternativa del operador privado. La CNEA podría remediar y luego transferir el yacimiento, y el interés por el uranio mendocino existe. Otras compañías exploran el mineral en Malargüe y en la Cuenca Neuquina. Pero esa salida no borra el punto de partida, porque quien llegue después va a tener que responder, ante la misma Legislatura y la misma población, por cómo quedó el complejo.
La CNEA hizo lo que le correspondía hacer primero: puso el dinero. El Presupuesto 2027 ubica a Sierra Pintada entre las ocho obras más financiadas del organismo y por encima de todo lo que destina a buscar uranio en el resto del país. Conviene recordarlo, porque durante años la remediación avanzó con recursos intermitentes y ahora el complejo aparece entre las prioridades de inversión del organismo nuclear.
Lo que falta es de otro orden. Que las partidas se traduzcan en obras verificables, que el cronograma se cumpla, que cada etapa quede documentada ante la autoridad provincial que la controla. Mendoza no va a discutir la producción de uranio mirando un proyecto de ley de presupuesto, la va a discutir mirando cómo terminó el complejo que ya tuvo. La remediación es el examen, y el organismo que lo rinde es el mismo que escribió el problema.
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