Calcatreu: el costo de ser frenado por una provincia que apuesta a la minería

La situación de Calcatreu resulta particularmente incómoda para Patagonia Gold porque la suspensión preventiva y parcial no provino de una administración enfrentada con la minería, sino de uno de los gobiernos provinciales que más decididamente promovió la actividad. Río Negro reclama el cumplimiento de la Ley 5.804, conocida como 80/20, y de compromisos vinculados con capacitación, compre local y condiciones de higiene y seguridad.

Al margen de los cuestionamientos constitucionales que tiene ese tipo de medidas, resulta evidente que fracaso también el relacionamiento con las autoridades para explicar cómo trabaja la mina en la actualidad.

Ese contexto reduce el margen para construir un argumento de confrontación política. Río Negro no necesita demostrar que respalda la minería: ya lo hizo.

Calcatreu fue presentado como punta de lanza de la nueva minería provincial y el Gobierno celebró su ingreso en producción como un hito. Por eso, Patagonia Gold difícilmente pueda presentar el conflicto como una ofensiva contra la inversión: el mismo gobierno que ahora la condiciona fue el que respaldó institucionalmente al proyecto.

La Provincia sostiene, además, que no se llegó a la sanción por una diferencia aislada. La subsecretaria de Trabajo afirma que hubo sucesivas mesas de negociación con la empresa, el municipio de Ingeniero Jacobacci, gremios y organismos provinciales, y que parte de los compromisos asumidos no aparecieron cumplidos en fiscalizaciones posteriores.

La discusión dejó de ser sólo administrativa y pasó a tocar la credibilidad de los compromisos sociales del proyecto.

Un silencio que pesa

En ese escenario, el silencio de Patagonia Gold en Río Negro terminó convirtiéndose en parte del problema.

Cuando se conoció la paralización, la compañía evitó inicialmente una explicación pública local y luego difundió desde Canadá un comunicado corporativo en el que dijo que evaluaba el alcance de la medida y cooperaba con las autoridades.

Esa respuesta no explicó punto por punto las diferencias sobre empleo, proveedores, capacitación y seguridad, ni construyó una narrativa propia ante la comunidad de Ingeniero Jacobacci.

Mientras los funcionarios detallaron qué reclaman y qué debería hacer la empresa para recuperar la normalidad, Patagonia Gold mantuvo una comunicación esencialmente defensiva.

La discusión por el empleo muestra la dificultad: Trabajo ubicó el cumplimiento alrededor del 71%, mientras la empresa informó una dotación que llevaría el porcentaje de trabajadores rionegrinos a cerca del 75%. Ninguna de las dos cifras llega al 80% que exige la normativa provincial. Y tampoco se han hecho cuestionamientos a requerimientos de ese tipo.

El contraste es mayor porque meses antes el propio Gobierno destacaba públicamente el peso del empleo rionegrino en Calcatreu.

Si los porcentajes cambiaron por modificaciones en la dotación, contratistas o criterios de cómputo, la empresa debería explicarlo con precisión y de manera local, no solamente mediante comunicaciones corporativas emitidas desde Canadá. En una actividad donde la licencia social es decisiva, dejar sin respuesta ese interrogante amplía el daño reputacional.

El respaldo empresario

No todo el empresariado minero guardó silencio. La Cámara de Minería de Río Negro (CAMIR) pidió diálogo institucional, previsibilidad y seguridad jurídica. Pero su posición fue cuidadosa: no desconoció la Ley 80/20 ni justificó los eventuales incumplimientos de Patagonia Gold.

El foco estuvo en evitar que la paralización afecte trabajadores, proveedores e inversiones, reconociendo al mismo tiempo la obligación de cumplir las reglas provinciales.

Más significativo resulta el escaso respaldo público de las principales cámaras mineras de alcance nacional (CAEM).

Hasta ahora no apareció una defensa contundente que convierta el caso Calcatreu en una causa sectorial. La explicación puede ser política: defender a una empresa frente a una prohibición minera o a un cambio arbitrario de reglas es relativamente sencillo; hacerlo cuando el reclamo oficial se concentra en empleo y proveedores locales es mucho más complejo.

Una cámara nacional que confrontara abiertamente con Río Negro podría quedar ubicada en la posición de cuestionar una política destinada a lograr que una mayor parte de la renta minera permanezca en el territorio.

Para el sector empresario, respaldar sin matices a Patagonia Gold puede tener más costo que beneficio.

También es posible que las cámaras intenten evitar que un conflicto particular se transforme en una discusión sobre toda la industria. Ese silencio no necesariamente implica abandono, pero sí muestra que la empresa todavía no consiguió convertir su problema en una preocupación compartida por todo el sector.

Costo sectorial creciente

El escenario institucional es difícil porque el reclamo provincial encontró acompañamiento entre actores locales. Gremios y autoridades de Ingeniero Jacobacci participaron de las mesas de trabajo y la discusión quedó instalada alrededor de cuánto empleo, capacitación y contratación local debe generar la mina.

El debate ya no es sólo sobre el cumplimiento formal de una ley: es sobre la promesa de desarrollo que justificó social y políticamente a Calcatreu.

La negociación tampoco se resolvió de inmediato. Patagonia Gold presentó propuestas para incorporar trabajadores y financiar capacitaciones, pero el Gobierno las consideró insuficientes y mantuvo la suspensión mientras esperaba una oferta superadora. Cada jornada sin acuerdo aumenta el costo operativo y alimenta la percepción de que los compromisos locales no estaban completamente resueltos.

Dato clave: el mayor problema para Calcatreu no es solamente que una autoridad laboral haya suspendido parcialmente actividades. Es que la decisión fue tomada por el mismo gobierno que convirtió al proyecto en símbolo del renacimiento minero de Río Negro.

Eso reduce el margen para presentarse como víctima de una política antiminería y obliga a Patagonia Gold a responder en el terreno elegido por la Provincia: empleo local, capacitación, proveedores y cumplimiento de acuerdos.

Patagonia Gold necesita un entendimiento que normalice la operación, pero también reconstruir su posicionamiento público.

Si continúa comunicándose principalmente desde Canadá y deja que la explicación del conflicto quede en manos de funcionarios, sindicatos y cámaras empresarias, la sanción puede provocar un daño reputacional superior al impacto operativo de la propia medida.

Ser frenada por una provincia que quiere convertirse en potencia minera es una señal mucho más difícil de administrar.

 El gobierno provincial reclama

El conflicto por el empleo local en Calcatreu suma nuevos capítulos y el Gobierno provincial endureció ayer su posición. La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, aseguró que Patagonia Gold deberá cumplir con la normativa laboral y con los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo antes de avanzar hacia una salida de la suspensión.

«Queremos que a la empresa le vaya bien, necesitamos ser potencia minera, pero eso no es a cualquier costo«, afirmó Avilez, al referirse al conflicto con Patagonia Gold por la situación laboral en el proyecto Calcatreu, ubicado al sur de Ingeniero Jacobacci.

Minería & Desarrollo