Especialistas respaldaron cambios al Código de Minería para impulsar el desarrollo de tierras raras en Argentina
La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora catamarqueña Fernanda Ávila, llevó a cabo una reunión informativa centrada en el potencial de las tierras raras en el país. Durante el encuentro, se analizaron tres proyectos de ley que buscan modificar el Código Minero para otorgar mayor certeza jurídica y atraer inversiones hacia este sector estratégico para la transición energética global.
La iniciativa legislativa toma como base las propuestas de los diputados Silvana Giudici (LLA), Carlos Snopek (UP) y Jorge Rizzotti (Provincias Unidas). El eje central de los proyectos es la recategorización de las tierras raras, proponiendo que sean incorporadas formalmente como minerales de primera categoría, lo que permitiría un marco regulatorio más claro para su explotación.
En la apertura de las exposiciones, Martín Gozálvez, director nacional de Geología del SEGEMAR, definió a estos elementos como minerales críticos. Según explicó, su criticidad depende de dos variables: el riesgo del suministro y la importancia económica en la cadena de valor. “Cuando el riesgo del suministro es muy alto y la importancia también es alta, el mineral es crítico”, precisó el experto.
Gozálvez destacó la actual hegemonía de China, que concentra el 80% del refinamiento de tierras raras y más del 90% de la producción de imanes, una tecnología fundamental en la actualidad. Advirtió que, sin contar a la potencia asiática, el mundo necesitará un 50% más de estos minerales en la próxima década solo para satisfacer la demanda de imanes.
Respecto a la situación local, el funcionario señaló que Argentina posee actualmente depósitos pequeños detectados en provincias como Salta, Jujuy, Santiago del Estero y San Luis, sumando unas 190.000 toneladas. Sin embargo, mediante modelados matemáticos, estimó un potencial de descubrimiento de entre 3 y 3,5 millones de toneladas.
A pesar de este horizonte alentador, Gozálvez subrayó que Argentina es un país con recursos potenciales que requieren urgentemente inversión en exploración. “Tenemos potencial, pero falta esa parte... en Argentina no se ha invertido en la búsqueda de tierras raras”, afirmó, indicando que los estudios actuales son escasos y realizados con tecnologías antiguas.
Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Ricardo Thiem, expresó el respaldo del Gobierno a la recategorización propuesta. El funcionario sugirió, además, aprovechar la reforma para incluir al cromo y al grafito en la misma categoría y propuso que la ley entre en vigencia de forma inmediata tras su publicación oficial.
Desde el sector privado, Leonardo Rodríguez, representante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), consideró "razonable" que el Congreso aporte claridad sobre la categoría de estos minerales. Rodríguez advirtió que la falta de una referencia expresa en el Código actual genera una incertidumbre interpretativa que dificulta la toma de decisiones empresariales.
No obstante, el representante de CAEM fue cauteloso respecto al impacto inmediato de la ley en la llegada de capitales. “Para eso tenemos que aportar certezas sobre la categorización jurídica, pero eso no representa por sí solo un incentivo suficiente. La decisión depende de un marco jurídico estable, competitivo y previsible”, sentenció.
Rodríguez también analizó los distintos enfoques de los proyectos y recomendó una modificación directa del Artículo 3° del Código de Minería por ser una solución más "clara y sistemática". Asimismo, pidió evitar una enumeración taxativa de elementos, sugiriendo el uso del concepto general de tierras raras para no quedar desactualizados ante futuros avances científicos.
Un punto de debate fue la inclusión de la declaración de "interés estratégico" en uno de los proyectos. Rodríguez calificó este concepto como "indeterminado" en el derecho minero argentino y advirtió que podría generar incertidumbres innecesarias y disparar interrogantes jurídicos sobre su alcance operativo.
Finalmente, se discutió la relación de estas reformas con el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Si bien se reconoció su eficacia para atraer grandes capitales, se recordó su carácter transitorio, por lo que los legisladores coincidieron en la necesidad de fortalecer la Ley de Inversiones Mineras como el instrumento permanente de promoción para el sector una vez que el RIGI expire en 2025.
M&D con información de Parlamentario.com