Nación le dio la razón a Vicuña por la infraestructura eléctrica del Norte de San Juan

Esta decisión pone fin a las discusiones con otras empresas mineras y el propio EPRE que se oponían al planteo que ahora quedo sanjado; aunque se desconoce si habrán medidas judiciales para oponerse a la decisión nacional; como hicieron conocer durante el desarrollo de la audiencia pública.

Tras obtener el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública otorgado por el ENReGE, Vicuña informó que avanzará con un conjunto de obras que fortalecerán el sistema eléctrico provincial, sin costo para los usuarios.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) otorgó a Vicuña el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para el desarrollo del Proyecto de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión (PIEAT).

La resolución concluye un proceso iniciado en 2023 y habilita a la compañía a desarrollar una infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan, mejorará las condiciones de abastecimiento para el norte de la provincia, acercará a San Juan a contar con una nueva fuente de abastecimiento energético y, al mismo tiempo, permitirá abastecer el proyecto de cobre que la compañía desarrolla en la cordillera sanjuanina.

En un comunicado Vicuña aseguró que todas las obras serán financiadas íntegramente por el proyecto minero, sin trasladar costos a los usuarios del sistema eléctrico.

Una vez finalizada su construcción, la infraestructura pasará a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y será administrada por el concesionario del transporte de alta tensión, constituyéndose en infraestructura permanente para el desarrollo futuro de la provincia.

Según precisa la compañía, la resolución “es el resultado de un proceso de más de tres años de trabajo técnico y coordinación entre Vicuña, las autoridades nacionales y provinciales y los distintos actores del sistema eléctrico.”

“La obtención del CCyNP representa un paso muy importante para el desarrollo del proyecto y, al mismo tiempo, constituye una oportunidad para dejar infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan y acompañará el crecimiento de la provincia durante las próximas décadas”, afirmó José Morea, Country Director de Vicuña.

En paralelo, Vicuña destacó que mantendrá un diálogo constructivo con el EPRE y las autoridades provinciales para avanzar en un entendimiento que evalúe el reconocimiento de las inversiones realizadas sobre infraestructura eléctrica preexistente, sobre la base de criterios objetivos, razonables y consistentes con el marco regulatorio aplicable.

Por otra parte, una vez atendidas las necesidades del Proyecto Vicuña, la capacidad incremental remanente que generen las obras de ampliación podría eventualmente ser utilizada por otros usuarios, de conformidad con la normativa vigente, contribuyendo a fortalecer el sistema eléctrico y a generar nuevas oportunidades para el desarrollo energético y productivo de San Juan. 

Los cuestionamientos

Las empresas mineras de San Juan—como Los Azules, Barrick, Gualcamayo y Hualilán—manifestaron un fuerte rechazo a las pretensiones de Vicuña. Lo mismo realizaron desde las intendencias de Jáchal, Iglesia y Calingasta.

Mientras que desde el EPRE se sostuvo que la línea existente de 132 kV entre San Juan y Rodeo fue construida históricamente con fondos fiduciarios provinciales provenientes de aportes de otros yacimientos como Veladero. 

La provincia exigía un reconocimiento compensatorio por el uso de dicha infraestructura preexistente y solicitaba congelar la emisión del certificado hasta la firma de un convenio bilateral de mitigación.

Por su parte, La Rioja alegó que la saturación y reserva del nodo Rodeo afectaba la planificación del futuro corredor Rodeo-Chaparro-La Rioja Sur, limitando las oportunidades energéticas del sur de su territorio.

Sin embargo, el ENREGE desestimó las observaciones al señalar que no existen solicitudes formales firmes con compromiso de ejecución en el corto plazo por parte de los reclamantes, mientras que Vicuña es el único solicitante con cronograma, garantías e inversión acreditada ante Transener S.A.

Principales Cuestionamientos

• Pérdida del "Libre Acceso" (Open Access): Denunciaron que otorgar el 90% de prioridad creaba una exclusividad material de hecho sobre un corredor energético estratégico de San Juan.
• Margen insuficiente para otros proyectos: Advirtieron que, según estudios técnicos independientes, la prioridad para Vicuña absorbería hasta el 84.6% de la capacidad real del sistema, dejando sin energía a megaproyectos futuros como El Pachón o Los Azules.
• Falta de sustento técnico oficial: Cuestionaron que los cálculos de capacidad de CAMMESA y el ENRE usaron modelos teóricos de "barra de potencia infinita" que no reflejan la realidad operativa de la red en la cordillera.
• Pérdida de control del EPRE: Criticaron tener que negociar directamente con Vicuña en el futuro para acceder al remanente de energía disponible, desplazando el rol regulador del Ente provincial.
• Riesgo en derechos preexistentes: Argumentaron que la medida ponía en peligro las solicitudes de factibilidad eléctrica previas y las inversiones ya realizadas por otras operadoras en la región.

El Enrege rechazó las impugnaciones basándose en que el beneficio de exclusividad recae únicamente sobre la capacidad nueva que Vicuña financiará con sus propios recursos, sin tocar la red existente.

El organismo alegó que, sin este incentivo de previsibilidad a largo plazo, las obras de infraestructura de gran escala en la cordillera simplemente no se realizarían.

Fundamentos del Rechazo Técnico y Legal

• La prioridad es sobre capacidad nueva: Desestimó que fuera una "privatización de la red pública". La prioridad del 90% aplica exclusivamente sobre el caudal de energía extra que va a crear e inyectar Vicuña mediante su propia inversión de 800 millones de dólares.
• No afecta la capacidad actual disponible: Remarcó que la línea existente en San Juan está subutilizada. Actualmente opera en 132 kV con una demanda de apenas 25 MW, por lo que el resto de los actores mantiene sus condiciones previas intactas.
• Incentivo legal y previsibilidad: Sostuvo que las inversiones mineras en alta montaña implican "elevados costos hundidos". Asegurarles prioridad temporal por 25 años es una herramienta legal y razonable para fomentar que los privados ejecuten ampliaciones que benefician indirectamente al sistema nacional.
• Compatibilidad con el Acceso Abierto: Concluyó que la prioridad regulada no elimina el principio de libre acceso (Open Access). Solo lo armoniza para proteger temporalmente al inversor de riesgo frente a competidores que busquen colgarse de su obra una vez finalizada.
• Rechazo a financiar "obras ociosas": Respecto a reclamos de provincias vecinas para forzar a Vicuña a pagar conexiones futuras, el ente dictaminó que exigirle a un privado costear infraestructura hipotética para un tercero constituiría un "enriquecimiento sin causa" por parte del Estado.

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