CASEMI: "El consenso es el mayor valor agregado que ha tenido la ley de proveedores en San Juan"
La Cámara de Diputados de San Juan dio un paso trascendental para la economía provincial al aprobar la Ley de Desarrollo Local Minero. Esta normativa es vista por los sectores productivos como una herramienta clave para fortalecer la cadena de valor y brindar un marco de previsibilidad a las empresas que prestan servicios en los proyectos mineros de la provincia.
Juan Pablo Delgado, representante de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) de San Juan, destacó que esta aprobación es el resultado de un largo proceso de trabajo y diálogo. Según el dirigente, el hecho de que la gran mayoría de los legisladores provinciales acompañaran la iniciativa marca el inicio de una etapa fundamental para el crecimiento de la actividad.
“Fue un paso bastante importante. Veníamos trabajando hace mucho tiempo en esta ley. Ahora falta la reglamentación, pero creo que es fundamental que que se haya aprobado, que la gran mayoría de los Diputados provinciales hayan acompañado la iniciativa. Y es importante que haya consenso donde todas las cámaras, tanto de prestadores de servicios como la Cámara Minera, hayamos estado en sintonía", dijo Delgado en diálogo con Minería & Desarrollo
Para Delgado, este respaldo multisectorial fue vital para garantizar que la normativa sea aplicable y efectiva en el territorio.
"Creo que este consenso es el mayor valor agregado que ha tenido esta ley, ya que es una norma para aplicarse, no es para que quede en un cajón", remarcó.
El referente empresario señaló la necesidad de determinar con precisión lo que se considera como un proveedor local.
“Ahora debemos generar una posición uniforme respecto de lo que es un proveedor sanjuanino. Esta no es una norma que limita el ingreso, al contrario, lo que hace es fomentar la instalación de empresas en San Juan”, manifestó
Otro eje central es la búsqueda de previsibilidad para las pymes locales. La ley establece que las empresas operadoras deben presentar su hoja de ruta de trabajo. Esta información permitirá a los proveedores locales conocer con antelación las necesidades de los proyectos y prepararse adecuadamente para cumplir con los estándares requeridos.
Para garantizar la transparencia y el cumplimiento de estos objetivos, se pondrá en funcionamiento un registro y una unidad de contralor. Un aspecto innovador de este organismo es que el sector privado tendrá voz y voto a través de un consejo, permitiendo una fiscalización conjunta entre el Estado y las empresas.
Tras la aprobación legislativa, el siguiente paso crítico es la reglamentación de la ley. Desde la Cámara de Servicios Mineros confían en que el Gobierno provincial mantendrá la apertura mostrada hasta ahora, convocando a todos los actores para definir los detalles operativos de la norma.
“El gobierno nos ha convocado desde el minuto uno, así creo que se va a mantener esa misma línea. Fuimos siempre llamado y justamente por eso, tiene que ser una ley de consenso y que todas las partes estén de acuerdo”, expresó.
Esta nueva legislación se suma a un escenario donde San Juan ya ha adherida al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y cuenta con un marco normativo estable, incluyendo la Ley de Glaciares. Para Delgado, la "macro" y el marco legal ya están dados para que se produzca un nuevo auge de la actividad.
Sin embargo, persisten desafíos logísticos y administrativos. Delgado puntualizó sobre la necesidad de agilizar los permisos sectoriales en áreas como Hidráulica e infraestructura. La demora en estas autorizaciones puede frenar inversiones millonarias que impactarían directamente en las arcas provinciales.
"La sola aprobación implicaría 8.000 millones de pesos que la provincia recibiría, para aplicarse justamente a obras de infraestructura e hidráulica", dijo el referente empresario, tomando como ejemplo la aprobación del permiso hídrico para el proyecto Los Azules.
En ese sentido, el sector empresarial aboga por una mayor digitalización y agilidad en los mecanismos estatales para evitar demoras innecesarias en el inicio de las inversiones.