Santa Cruz ratificó que avanzará con la Ley 90/10 de empleo local con controles y registro obligatorio
El gobierno de la provincia de Santa Cruz avanzó en la implementación de una política destinada a priorizar la contratación de trabajadores locales en la industria minera, con controles más estrictos y nuevas herramientas de fiscalización.
La medida se enmarca en la aplicación de la Ley 3.141, que establece que al menos el 90% de los puestos laborales en el sector deben ser ocupados por residentes de la provincia, es decir, la conocida ley 90/10.
En ese contexto, autoridades del Ministerio de Trabajo provincial mantuvieron una reunión con representantes de empresas mineras que operan en el territorio, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de la normativa y coordinar su implementación.
Del encuentro participaron compañías como Cerro Vanguardia, Patagonia Gold, Minera Don Nicolás, Minera Santa Cruz, Estelar Resources y Oroplata, junto a la cámara empresarial del sector.
Tras la finalización del plazo de adecuación de 90 días previsto por la normativa, el Ejecutivo provincial confirmó que comenzará una etapa de fiscalización más rigurosa.
Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa busca ordenar la actividad y asegurar que el crecimiento del sector minero tenga impacto directo en el empleo local.
Uno de los instrumentos centrales de esta política es el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL), una plataforma obligatoria en la que las empresas deben declarar a todo su personal.
Según explicaron fuentes oficiales, la información cargada en el sistema tiene carácter de declaración jurada, por lo que cualquier irregularidad puede derivar en sanciones.
El sistema permite monitorear en tiempo real el nivel de cumplimiento del cupo de empleo local exigido por ley, facilitando las tareas de control por parte del Estado.
En paralelo, el gobierno provincial intensificó los operativos en territorio, donde detectó inconsistencias en los domicilios declarados por algunos trabajadores.
Estas situaciones, vinculadas a la simulación de residencia en la provincia, serán consideradas faltas graves y podrían derivar en multas para las empresas involucradas.
La normativa contempla un margen de excepción del 10% para personal jerárquico o altamente especializado, aunque las autoridades aclararon que su aplicación no es automática.
En esos casos, las empresas deberán justificar la contratación de trabajadores de otras provincias y demostrar que no existen perfiles disponibles a nivel local.
Además, se les exigirá implementar programas de capacitación con el objetivo de formar trabajadores santacruceños que puedan ocupar esos puestos en el futuro. La estrategia oficial incluye también el fortalecimiento de políticas de formación profesional, en articulación con instituciones educativas y organizaciones sindicales.
El objetivo es ampliar la oferta de mano de obra calificada y responder a la demanda creciente de la actividad minera, uno de los principales motores económicos de la provincia.
Desde el Ejecutivo santacruceño sostienen que esta política marca un cambio en la relación entre el Estado y el sector extractivo, con un rol más activo en la regulación del empleo.
En ese sentido, se busca que la expansión de la minería no solo incremente la producción, sino que también genere oportunidades laborales para la población local. El esquema combina herramientas digitales, controles presenciales y exigencias de capacitación, en un intento por consolidar un modelo productivo con mayor impacto social.