¿Por qué San Juan lidera la inversión minera del país?: las condiciones que genera la provincia detrás del RIGI de Vicuña y de los demás proyectos

La aprobación del RIGI para el proyecto Vicuña fue una buena noticia para San Juan y para el país. Se trata de la mayor inversión minera de la historia argentina y del único proyecto de cobre que ingresó bajo la categoría más exigente del régimen, la de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Pero quiero detenerme menos en el tamaño del anuncio y más en algo que no siempre se ve: por qué fue posible, y qué tenemos que hacer ahora para que esa cifra se traduzca en algo concreto en la vida de los sanjuaninos.

Conviene empezar por ordenar los méritos, porque cada uno tiene su lugar. El RIGI es una herramienta del Gobierno nacional. La decisión de invertir es de las empresas que llevan adelante el proyecto. Lo que le corresponde a San Juan es otra cosa, menos vistosa pero igual de determinante: generar las condiciones para que esa inversión fuera posible. Y conviene decirlo con todas las letras, porque suele pasar inadvertido: ningún proyecto que haya aplicado al RIGI consigue su aprobación si no resolvió, en regla y en tiempo, su situación ambiental. Esa habilitación la dimos acá.

Según la última edición de la Encuesta Anual del Instituto Fraser, San Juan es la jurisdicción minera más atractiva de América Latina. Ese liderazgo no se explica por la geología, sino por un conjunto de condiciones que ubican a la provincia por encima de otros destinos, en una competencia por la inversión que es global. Esas condiciones se construyen desde varios frentes a la vez: el normativo, el educativo y el de un entramado productivo que todavía tiene el desafío de crecer y consolidarse para hacerse competitivo. Y ahí está la mirada del Gobierno: facilitar las condiciones para que las empresas y los trabajadores sanjuaninos —una masa crítica dentro de la provincia— puedan aprovechar este momento, sostener los procesos de inversión que vienen y, al mismo tiempo, volverse competitivos para exportar servicios en el mediano plazo. En definitiva, conducir a San Juan hacia el desarrollo.

Ese liderazgo se construyó con decisiones sostenidas. Bajo la conducción del gobernador Marcelo Orrego, San Juan llevó esta historia a los foros donde se define el capital minero del mundo, tomó contacto directo con los inversores y mostró las condiciones de una provincia que tiene más del 80% de su territorio en montaña y una vocación productiva que la acompaña.

El frente normativo es, quizás, el más visible. La reducción de los plazos de la Declaración de Impacto Ambiental fue una de las reformas que encaramos para sostener estándares altos de rigurosidad y, al mismo tiempo, sacarle a la administración la burocracia que sobraba. No fue un hecho aislado: modernizamos esquemas normativos y procedimientos que habían quedado en el tiempo, los digitalizamos y los ordenamos según estándares internacionales, para ganar a la vez en transparencia y en velocidad. Esa combinación —rigor y previsibilidad— es lo único que de verdad pide un inversor para poner en juego miles de millones de dólares a treinta años. Es la palanca que el Estado provincial puso debajo de esta inversión.

El resultado está a la vista. Con Vicuña, San Juan ya reúne cuatro proyectos dentro del RIGI —junto con Los Azules, Gualcamayo y la ampliación de Veladero—, por más de 13.000 millones de dólares, y es la provincia que lidera la inversión minera del país. No pasó por suerte: pasó porque hubo una política.

Pero todo ese andamiaje tiene un sentido último, que es la vara con la que lo medimos: ¿qué cambia en la vida de una familia sanjuanina? Las proyecciones del proyecto hablan de miles de puestos de trabajo en la etapa de construcción y de cientos de millones de dólares anuales en regalías e impuestos a lo largo de su vida útil. Pero esos números no se convierten solos en bienestar. Se convierten si el trabajo lo toman trabajadores de Iglesia, de Jáchal, de Calingasta y del resto de los departamentos de la provincia; si las empresas que proveen son sanjuaninas; si las regalías vuelven en forma de escuelas, de agua y de caminos. Esa es, además, la posición del gobernador Orrego, que nos transmite de manera permanente a sus ministros: la minería se justifica por lo que deja en la gente.

Por eso el trabajo no termina con el anuncio: empieza. Asumimos tres compromisos. El primero, sostener el estándar regulatorio que nos trajo hasta acá: un Estado ágil, pero exigente. El segundo, que el desarrollo local sea verificable y no declarativo: para eso enviamos a la Legislatura la Ley para el Desarrollo Local Minero, que fija metas progresivas de empleo y de proveedores sanjuaninos, y por eso fortalecemos la formación técnica, para que el que se capacita en San Juan no tenga que irse de San Juan. El tercero, el control ambiental y la transparencia como condición permanente de la actividad, no como un gesto. La minería que defendemos es la que se puede mostrar.

Conviene decirlo con honestidad: estos procesos no son inmediatos. Llevan tiempo y son acumulativos. Pero, por primera vez, San Juan está liderando a nivel nacional esta segunda revolución minera, y lo hace por una sucesión de acciones, muchas de ellas silenciosas, de un gobierno más enfocado en los resultados y en los hechos que en los anuncios, y responsable con los tiempos que las cosas necesitan para volverse realidad.

La minería no es el destino de San Juan. Es la palanca más poderosa que tenemos para construir el destino que queremos: una provincia donde las familias vivan mejor, los jóvenes se queden y el trabajo genuino sea posible. El RIGI de Vicuña no es un punto de llegada, es una oportunidad que ayudamos a hacer posible y que, de acá en adelante, tenemos que estar a la altura de aprovechar.

Juan Pablo Perea

Ministro de Minería de San Juan