Candidato a presidente de Perú prometió revocar derechos clave de la industria minera
Un candidatoa presidencial conservador en Perú está prometiendo un cambio importante en la política que representa el mayor temor de la industria minera: revocar permisos clave de exploración y redistribuirlos. Esta propuesta es la pesadilla de las corporaciones mineras globales que operan en Perú —el tercer productor mundial de cobre y un productor clave de oro, plata y zinc—, las cuales luchan cada vez más por el control del territorio rico en minerales con actores informales. Mientras que la industria los condena como mineros ilegales, los pequeños mineros sostienen que las grandes compañías acaparan tierras durante décadas sin explotarlas.
Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, declaró de manera contundente que "las áreas inactivas volverán al Estado si no son utilizadas por la industria minera formal". El hecho de que López Aliaga hiciera estos comentarios en el foro empresarial anual CADE, el encuentro más exclusivo del país para ejecutivos locales, será difícil de asimilar para la industria minera y sugiere que otros candidatos podrían seguir su ejemplo. La preocupación de que los derechos mineros puedan ser revocados ha sido la mayor inquietud de la industria en conversaciones privadas, aunque rara vez se discute públicamente.
De implementarse, esta medida podría tener un gran impacto en la principal industria de Perú y en compañías clave, incluidas Southern Copper Corp, MMG Ltd y First Quantum Minerals (esta última lleva a cabo el proyecto Taca Taca en Argentina), que afirman que algunas de sus concesiones minerales han sido tomadas por mineros ilegales.
López Aliaga es actualmente el favorito en un campo fragmentado de más de 30 candidatos, con alrededor del 10% de apoyo en las encuestas. Perú celebrará elecciones generales en abril de 2026, en un momento en que un aumento histórico en los precios del oro y el cobre ha impulsado a cientos de miles de peruanos a adoptar la minería informal a pequeña escala, amenazando a la industria establecida.
Este sector de minería a pequeña escala se ha convertido en los últimos años en una fuerza política propia, logrando desplazar ministros de sus cargos y asegurando extensiones en el Congreso para un controvertido permiso para mineros informales.
Otros puntos de la agenda de López Aliaga incluyen presentar un arbitraje de 3 mil millones de dólares contra Brookfield Asset Management por la operación de una carretera de peaje en Lima, además de proponer que la petrolera estatal en dificultades, Petróleos del Perú SA, sea sometida a un proceso de reestructuración por quiebra.