Perú destraba el proyecto Tía María y la mina de Southern Copper recibe licencia de explotación
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú ha otorgado finalmente la licencia de explotación para el proyecto de cobre Tía María, de Southern Copper, valorado en $1.800 millones. Este paso representa un avance significativo para la minera y para el sector en general, tras casi dos décadas de retrasos marcados por el conflicto social y la inestabilidad política.
Ubicado en la provincia de Islay (región de Arequipa), Tía María es visto como un termómetro para la inversión minera en Perú. Su puesta en marcha podría desbloquear la confianza necesaria para reactivar otros desarrollos mineros paralizados en el país.
El proyecto ha sido uno de los más controversiales en la historia reciente de Perú. Las protestas entre 2011 y 2015, impulsadas por la oposición local debido a preocupaciones ambientales, resultaron en seis muertes y forzaron la suspensión de los trabajos.
Aunque el gobierno ya había aprobado la mina en 2019, la ejecución del proyecto estuvo condicionada a la restauración de la estabilidad social en la zona. Southern Copper pudo reanudar las tareas de desarrollo en 2024, tras un alivio en las tensiones comunitarias.
Con la licencia de explotación en mano, la compañía de capitales mexicanos y estadounidenses puede iniciar de inmediato los trabajos de pre-minería y desbroce. Southern Copper informó que el proyecto tiene un avance general del 25%, con la infraestructura auxiliar y la planta de tratamiento como las áreas más desarrolladas.
Producción y impacto global
Se proyecta que la mina Tía María comience la producción a fines de 2026 o principios de 2027. La expectativa es que la operación aporte 120.000 toneladas de cobre anualmente durante una vida útil de 20 años. Esta cifra es crucial, ya que ayudaría a Perú a consolidar su posición como el tercer productor de cobre a nivel mundial.
A pesar de que Southern Copper se mantiene como el segundo mayor productor de cobre del país (con 414.000 toneladas en 2024), el sector minero peruano enfrenta serias restricciones. Un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) reveló que el 31% de la capacidad de producción de cobre sin explotar de Perú (unos 1,8 millones de toneladas anuales) está inmovilizada debido a conflictos ambientales, sociales o de gobernanza (ASG).
El IPE estima que proyectos de cobre por un valor total de $7.000 millones permanecen paralizados por problemas como las invasiones de minería ilegal, un flagelo que, según las proyecciones, podría llevar las exportaciones ilegales de oro a los $12.000 millones en 2025.