Hay señales de que se destinan menos fondos para gobernanza y esa situación puede frenar el auge de los minerales críticos

Una mina puede conseguir capital para construirse y enfrentar dificultades para operar si faltan instituciones capaces de controlar y resolver conflictos. Ese es el problema detrás de la “segunda brecha de financiamiento” planteada en un informe de Mining.Com del 25 de septiembre.

Gobernanza quiere decir en estos casos cómo se toman las decisiones, quién controla su cumplimiento y cómo participan quienes reciben los impactos. Incluye fiscalización estatal, acceso a información, rendición de cuentas y capacidad de las comunidades para intervenir con asesoramiento propio.

El estudio fue elaborado por Leila Kazemi y Anna Bulman y difundido por TAI Collaborative en marzo de 2026. BHP Foundation está registrada en Texas y tiene personalidad jurídica propia; las conclusiones pertenecen a las autoras.

Las autoras aclaran que sus datos no permiten verificar una caída global de los montos destinados a gobernanza minera. Tampoco corresponde presentar sus conclusiones como una medición de recortes en la Argentina.

Dónde retrocede el apoyo

El diagnóstico señala la suspensión de actividades de USAID, la agencia estadounidense de cooperación, y el retiro de algunas fundaciones del apoyo a la gobernanza extractiva. Entrevistados también perciben que organismos multilaterales priorizan financiar proyectos e infraestructura frente a la gobernanza.

En términos geográficos, se anticipa menor apoyo a programas de alcance global, mientras África subsahariana seguiría siendo prioritaria y América Latina y el Caribe podrían recibir más fondos. Es una redistribución prevista, no una caída comprobada en esas regiones.

El retroceso temático se concentra en transparencia, rendición de cuentas y participación. Por eso, más dinero para minería en un territorio puede coexistir con menos recursos para vigilar sus decisiones.

Qué se debilita primero

Si faltan inspectores capacitados, laboratorios o sistemas de información, pueden pasar inadvertidos incumplimientos. En el agua, mediciones incompletas dificultan distinguir variaciones naturales de impactos de una operación.

Una comunidad sin asesoramiento propio queda en desventaja frente a una compañía con especialistas. La participación pierde utilidad si sus integrantes no pueden comprender los estudios, formular objeciones y obtener respuestas verificables.

Menos capacidad para revisar contratos y pagos abre espacios para irregularidades y pérdidas de ingresos públicos. La asistencia tributaria de la OCDE y el Foro Intergubernamental sobre Minería muestra la importancia de esa especialización.

El costo empresarial

Estas debilidades pueden regresar a las empresas como controversias sobre permisos, judicialización o interrupciones. Un problema que pudo resolverse durante el diseño puede exigir modificaciones cuando las obras ya comenzaron.

Las demoras postergan ingresos y pueden elevar costos. Para proveedores y contratistas, implican reprogramar personal, sostener equipos inactivos o aplazar la recuperación de inversiones.

Financiar participación no garantiza aceptación ni elimina desacuerdos legítimos. Permite mejorar las decisiones y abordar problemas antes de una crisis.

La responsabilidad del financiamiento

Las provincias argentinas deberían revisar si su expansión minera tiene respaldo técnico y presupuestario suficiente. Universidades y organismos públicos necesitan continuidad para conservar personal, sostener monitoreos y publicar resultados.

Los aportes empresariales deberían canalizarse mediante fondos con administración independiente, auditorías y publicación de sus aportantes. Quien financia no debería controlar las conclusiones de quienes lo supervisan.

Más fondos no aseguran mejores controles si se duplican tareas o no se evalúan resultados. También deben verificarse los compromisos de empleo y compras a proveedores.

Por qué es importante

La gobernanza permite comprobar si la minería cumple lo que promete y corregir lo que hace mal. Debilitarla puede dejar a las comunidades más expuestas y a los proyectos con mayor incertidumbre: financiar controles creíbles también forma parte de hacer viable una inversión.

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