Nación presiona a las mineras del RIGI para “comprar argentino” y abre una disputa con las provincias

La reunión que el ministro de economía Luis Caputo mantuvo con José Morea, de Vicuña; Martín Pérez de Solay, de Glencore, y José Ignacio Costa, de Rio Tinto, dejó una señal política más importante que la fotografía oficial.

El ministro de Economía quiere que las compañías beneficiarias del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones demuestren que las ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias del RIGI también producen compras, empleo y capacidades industriales dentro de la Argentina.

En otras palabras, el Gobierno reclama que las compañías cumplan con el piso del 20% de compras a proveedores locales previsto por el RIGI y que, además, vayan mucho más allá en sus compromisos con el país.

Caputo sostuvo que el 86% de lo invertido por los proyectos está destinado a empresas nacionales y que ya se movilizaron más de 1.200 proveedores.

El dato es relevante, pero necesita mayor apertura: no se informó públicamente con qué universo de inversiones se construyó ese 86%, cuánto corresponde a compromisos y cuánto a compras ejecutadas, ni cómo se distribuye entre provincias.

Es la defensa que tiene el equipo ministerial que aprobó las carpetas y al que le dan un seguimiento todos los meses, pero no está derramando como se esperaba y mucho menos resiste las criticas cuando hay importaciones millonarias.

También anunció que el 29 de octubre comenzará en Rosario una serie de Rondas de Negocios RIGI para conectar a los grandes inversores con fabricantes y prestadores argentinos, anticipar cronogramas de contratación y generar asociaciones.

Un posteo posterior de Morea reforzó el mensaje. El country director de Vicuña señaló que su empresa acompañará las rondas nacionales y recordó que el proyecto aplica ese formato desde el año pasado en sus principales licitaciones.

Dijo que en algunos procesos se presentaron hasta seis consorcios con participación sanjuanina y citó el Corredor Norte: la unión de Construmin, Contreras y BBC, surgida de esas instancias de vinculación, obtuvo los tramos A1 y A2, que comprenden 64 kilómetros de una obra vial de alta complejidad.

La coincidencia entre Caputo y Morea no es casual.

El Gobierno necesita mostrar que el RIGI no funciona como una plataforma de importación con beneficios extraordinarios, mientras las mineras necesitan responder a una crítica que ya se instaló en la industria y en las provincias: una inversión puede ser enorme en términos contables y, al mismo tiempo, dejar un nivel de desarrollo y compras mucho menor al esperado si los principales paquetes se adjudican fuera del país.

El campamento de Vicuña se convirtió en el símbolo de ese riesgo.

El antecedente chino

La controversia se produjo cuando una parte relevante del campamento modular del proyecto Vicuña, en San Juan, quedó en manos de un consorcio con participación china y con fabricación de módulos en ese país.

Las cifras publicadas ubicaron la propuesta ganadora cerca de los US$52 millones, frente a unos US$70 millones de una oferta argentina. La diferencia económica fue el argumento competitivo; el costo industrial fue la menor fabricación en el país y una demanda local de trabajo concentrada principalmente en montaje y servicios conexos.

El caso no debe simplificarse como una compra irregular: una licitación privada puede seleccionar la oferta técnica y económica más conveniente, y el RIGI permite importar bienes de capital, partes y componentes vinculados con el proyecto. El problema es otro.

Una empresa que recibe estabilidad por treinta años, alivios tributarios y exención de derechos de importación enfrenta una expectativa pública superior a la de un comprador común.

Si utiliza esas ventajas para sustituir producción disponible en la Argentina sin explicar la evaluación completa —precio, financiamiento, calidad, plazo, empleo, mantenimiento y huella logística—, el beneficio fiscal queda expuesto políticamente.

Por eso el campamento marcó un antes y un después. Caputo busca que no vuelva a repetirse una contratación de gran visibilidad en la que la ventaja del proveedor extranjero opaque el objetivo de desarrollo nacional.

Las rondas son la primera respuesta: llevan a las operadoras a exponer demanda futura, permiten que las pymes se preparen y favorecen consorcios para alcanzar escala, garantías y estándares. Sin embargo, acercar oferta y demanda no equivale a reservar contratos ni garantiza adjudicaciones.

La presión industrial

La Unión Industrial Argentina celebró la iniciativa y afirmó que las grandes inversiones pueden y deben generar oportunidades para todo el entramado productivo.

El respaldo llega después de meses de reclamos de la industria por el crecimiento de importaciones en sectores alcanzados por el RIGI y por la competencia desigual que puede producir la exención arancelaria.

Según cifras difundidas por la Cámara promotora de Valor Agregado Nacional, ocho proyectos habían registrado importaciones por US$451,3 millones y US$300,8 millones correspondían a 60 posiciones arancelarias observadas por su relación con bienes de capital que podrían tener oferta nacional.

La queja fabril no consiste en cerrar la economía ni en obligar a comprar cualquier producto argentino a cualquier precio.

El reclamo central es que un fabricante local no compita en inferioridad frente a un bien terminado que ingresa sin aranceles, con financiamiento subsidiado en el país de origen y, en ocasiones, con una escala imposible de igualar.

La UIA quiere que el costo argentino se mida de manera integral y que el proveedor tenga acceso temprano a las especificaciones, en vez de enterarse cuando el diseño, el plazo y las condiciones de pago ya favorecen una solución importada.

El RIGI contiene un compromiso de contratación de proveedores locales equivalente, como mínimo, al 20% del monto destinado a bienes y obras, sujeto a la existencia de oferta disponible y en condiciones de mercado. Ese piso es importante, pero limitado.

Puede cumplirse con servicios, movimientos de suelo, transporte u obra civil mientras los paquetes tecnológicos, módulos, equipos y componentes de mayor valor agregado se compran afuera. También puede satisfacerse con empresas argentinas radicadas lejos del territorio donde se encuentra la mina.

Nación contra provincias

Ahí aparece el conflicto que puede dominar la próxima etapa. Para la Nación, el objetivo es aumentar el contenido argentino de los proyectos RIGI.

Para San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy o Santa Cruz, eso no alcanza: cada gobierno necesita que una parte sustancial de las compras, el empleo y la tributación quede en la provincia que aporta el recurso, soporta la infraestructura y administra el impacto territorial de la actividad.

La diferencia no es semántica. Una compra a una empresa de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe puede computar como provisión nacional y satisfacer la política de Caputo, pero no necesariamente genera empleo, capacidad empresaria o recaudación en San Juan, Catamarca, Salta o Jujuy.

Del mismo modo, una sociedad inscripta en una provincia minera puede presentarse como local aunque solo actúe como intermediaria de bienes fabricados en otra jurisdicción o en el exterior.

La disputa real será quién define el origen económico del proveedor y con qué indicadores se miden el desarrollo y las compras.

Las provincias procuran construir ventajas mediante leyes de compre local, registros de proveedores, porcentajes de empleo, obligaciones de subcontratación y compromisos incorporados a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).

La DIA es especialmente poderosa porque constituye la autorización provincial que fija condiciones de operación, seguimiento y renovación ambiental. Un incumplimiento allí hace caer el proyecto o la mina en operación.

No obstante, utilizarla para imponer preferencias comerciales desconectadas del impacto ambiental puede abrir discusiones jurídicas.

El dominio provincial de los recursos naturales, reconocido por la Constitución, no habilita automáticamente a interferir con el comercio interprovincial, las reglas aduaneras nacionales o la estabilidad concedida por el RIGI. De allí que las legislaciones provinciales sobre protección del empleo y de sus proveedores se posicionan como “estimulo” aunque las operadoras saben que en fondo hay un kit de herramientas para “bloquear” un proyecto si no se atan a lo que cada jurisdicción protege.

Tampoco el RIGI debería vaciar las facultades provinciales. Las provincias conservan el poder de policía ambiental, el control del territorio y la capacidad de exigir planes verificables de empleo, capacitación, infraestructura y desarrollo de proveedores cuando esos compromisos integran la evaluación del proyecto.

El equilibrio será delicado: una prioridad provincial absoluta puede fragmentar el mercado argentino, encarecer contratos y favorecer empresas sin capacidad; una política exclusivamente nacional puede concentrar el negocio en los grandes centros industriales y dejar a la provincia minera con el impacto, pero sin una porción proporcional del valor.

El riesgo regulatorio

La superposición de reglas puede transformarse en un problema para las propias operadoras. Una minera podría cumplir el 20% nacional del RIGI y, al mismo tiempo, quedar cuestionada por no alcanzar una meta provincial fijada en una ley o en su DIA.

También puede enfrentar definiciones incompatibles: Nación mide empresa argentina; la provincia exige domicilio, personal, activos o antigüedad local; y el departamento reclama contratación en la comunidad de influencia directa.

Si cada jurisdicción reserva porcentajes sin coordinación, el resultado será una cadena de cupos antes que una política de desarrollo. Eso eleva costos de transacción, estimula sociedades instrumentales y convierte la localía en un privilegio administrativo.

El proveedor genuino puede terminar desplazado por una firma que alquila domicilio o se asocia formalmente sin transferir conocimiento, empleo ni inversión.

El desafío consiste en reemplazar la preferencia automática por una medición de valor agregado. No debería importar solamente dónde está inscripta la empresa, sino dónde fabrica, cuántas personas contrata, cuánto invierte, qué impuestos paga, qué tecnología incorpora y qué capacidad deja después de terminada la construcción.

Con ese criterio, una asociación entre una compañía nacional con escala y una pyme provincial puede generar más desarrollo que una adjudicación puramente local sin músculo técnico ni financiero.

Una salida posible

La respuesta más consistente sería crear una matriz común de tres niveles: contenido argentino, contenido provincial y contenido del área de influencia directa. Cada proyecto debería publicar, por paquete de contratación, los montos adjudicados, el origen real de los bienes, el empleo generado y la participación de pymes.

Así podría saberse si el 86% mencionado por Caputo refleja valor agregado nacional o incluye compras a filiales que luego importan el producto terminado.

Las rondas anunciadas deberían recorrer las provincias antes de que se cierren las especificaciones técnicas, no cuando la licitación ya está diseñada. Además, tendrían que incorporar planes de desarrollo para rubros donde hoy no existe oferta competitiva, mecanismos de asociación, financiamiento, certificación y plazos suficientes.

El Estado no debe prometer contratos; debe corregir asimetrías para que competir sea posible.

Para evitar otro caso como el campamento de Vicuña, las operadoras podrían aplicar una evaluación de costo total que incluya logística, mantenimiento, reposición, empleo, huella industrial y riesgo de abastecimiento, además del precio inicial.

Cuando gane una oferta extranjera, deberían explicar qué brecha impidió adjudicar localmente y presentar un programa de sustitución o transferencia de capacidades. Esa transparencia protegería tanto a la inversión como a la industria.

El mensaje de Caputo abre una etapa nueva: el RIGI ya no será evaluado solo por los dólares anunciados, sino por la cantidad y calidad de empresas argentinas que logre integrar. Pero la Nación deberá acordar con las provincias qué significa comprar local.

Si no lo hace, el Gobierno nacional puede cumplir su objetivo estadístico mientras los territorios mineros sienten que el negocio se les escapa. Y las provincias, en respuesta, pueden levantar barreras que terminen debilitando la competitividad de los mismos proyectos que buscan defender.

Por qué es importante

El debate define si el RIGI será solamente un régimen para acelerar grandes inversiones o también una herramienta de industrialización. La compra del campamento de Vicuña demostró que una inversión multimillonaria no garantiza por sí sola fabricación ni empleo argentino.

Las rondas de negocios son una corrección necesaria, pero no resolverán el conflicto mientras Nación y provincias midan de manera distinta quién es proveedor local y cuánto valor queda realmente en cada territorio.

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