La nueva presidente de Perú enfrenta fuerte conflictividad social por temas mineros

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, podría enfrentarse a una nueva oleada de protestas en las zonas mineras mientras su Gobierno intenta liderar grandes proyectos de cobre y otros minerales que llevan años paralizados, según un estudio publicado este miércoles por el Observatorio de Conflictos Mineros en Perú (OCMP).

Perú es el tercer productor mundial de cobre. El país cuenta con unos 64.000 millones USD en inversiones mineras previstas, muchas de ellas en regiones rurales pobres donde las comunidades locales denuncian haber recibido escasos beneficios y temen posibles daños medioambientales.

Los puntos principales de gestión de la nueva presidente pasa por:

• Destrabar proyectos: Busca acelerar permisos para inversiones multimillonarias en cobre y oro, como Tía María en el sur y Río Blanco en el norte.
• Reforma de formalización: Plantea limpiar el registro de mineros informales (conocido como REINFO) para eliminar a quienes operan fuera de la ley.
• Control social y ambiental: Las comunidades locales temen que estos proyectos contaminen sus tierras y agoten el agua, por lo que han surgido fuertes conflictos en las regiones mineras.

Perú mantiene 67 proyectos mineros por USD 64.071 millones y se consolida como uno de los destinos principales en la carrera por minerales estratégicos junto a Argentina y Chile, en esta parte del mundo.

El estudio de OCMP señala que la mayoría de las principales regiones mineras de Perú votaron contra Fujimori en las elecciones, lo que aumenta el riesgo de tensiones si su Ejecutivo decide acelerar los proyectos.

La minería representa más del 60% de las exportaciones de Perú.

La nueva presidente -que tomará posesión de su cargo el 28 de julio-, se ha comprometido a agilizar la inversión minera mediante un sistema de aprobación rápida e incentivos fiscales.

Asimismo, ha manifestado que el 40% de los ingresos mineros debería destinarse directamente a la población local.

La Defensoría del Pueblo de Perú ha informado de que existen casi 200 conflictos sociales activos, de los cuales 64 están vinculados a la minería y a otras disputas medioambientales.

Regiones en contra

Las regiones de Perú que concentran la mayor cantidad de conflictos sociales vinculados a la minería son Loreto, Cusco, Apurímac y Puno. Según reportes de la Defensoria del Pueblo del Perú y el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), estas zonas concentran más de un tercio de las disputas socioambientales a nivel nacional.

A nivel geográfico, la conflictividad se distribuye principalmente en las siguientes zonas del país:

Macrorregión Sur

Es la zona con mayor tensión debido al corredor minero y la gran densidad de proyectos activos.

• Apurímac: Principalmente afectada por las operaciones de la mina Las Bambas, la cual afronta constantes bloqueos de carreteras y protestas por parte de comunidades campesinas que exigen el cumplimiento de compromisos sociales.
• Cusco: Registra altos niveles de tensión en provincias como Espinar (debido a proyectos mineros como Antapaccay) y por las comunidades influenciadas por el paso de camiones encapsulados en el corredor vial sur.
• Puno: El foco del conflicto radica tanto en la minería formal por el temor a la afectación de cuencas hídricas como en el desborde de la minería ilegal.
• Arequipa: Históricamente afectada por la fuerte resistencia agrícola y comunitaria frente al proyecto cuprífero Tía María.

Macrorregión Norte y Centro

• Áncash: Es una de las regiones con mayor producción minera del país, donde la Compañía Minera Antamina ha sumado recurrentemente controversias en distintos distritos debido a demandas de remediación ambiental e inversión social.
• Cajamarca: Conocida a nivel internacional por la paralización de mega-proyectos como Conga, manteniendo tensiones latentes por la preservación de cabeceras de cuenca.

Macrorregión Amazónica

• Loreto y Amazonas: Aunque tradicionalmente ligadas a la industria de hidrocarburos, estas regiones sufren un crecimiento acelerado de conflictos debido a la expansión de la minería ilegal y el avance de concesiones en zonas de bosque nativo, impactando directamente las fuentes de agua de las comunidades indígenas.

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