Quintela confirmó que La Rioja irá a la Corte Suprema por su reclamo de territorios que pertenecen a San Juan

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promulgó la Ley N° 10.876, una norma que reafirma la posición provincial respecto del reclamo territorial sobre áreas actualmente bajo jurisdicción de San Juan. La medida vuelve a instalar la discusión por los límites interprovinciales y habilita acciones políticas y judiciales para avanzar con el planteo riojano.

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La legislación se enmarca en una disputa histórica entre ambas provincias, que se remonta a la delimitación establecida en 1968 mediante normativa nacional, la cual fijó los actuales límites interprovinciales. Desde el Gobierno riojano sostienen que esa definición habría perjudicado a La Rioja y plantean la necesidad de revisar el trazado vigente.

El gobernador Quintela confirmó la promulgación a través de su cuenta de "X". 

Hoy promulgué la Ley N° 10.876, sancionada por nuestra Cámara de Diputados, para ratificar nuestro rechazo a los límites impuestos por la dictadura militar. La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta y con esta norma iniciaremos acciones para traer equidad… pic.twitter.com/INaz7obk8G

— Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) July 3, 2026

Con la promulgación, el Ejecutivo provincial ratifica la decisión de sostener el reclamo sobre los territorios en cuestión y de impulsar instancias ante el Congreso de la Nación y la Justicia, incluyendo la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema, bajo el argumento de revisar la validez del marco legal que definió los límites actuales.

La norma también prevé la creación de herramientas administrativas y técnicas para profundizar el reclamo, entre ellas la recopilación de antecedentes históricos, jurídicos y cartográficos sobre la zona en disputa. 

El conflicto limítrofe involucra áreas estratégicas con presencia de recursos naturales y actividad minera como el proyecto Josemaría, del Distrito Vicuña, lo que suma un componente económico a la disputa entre ambas jurisdicciones. En ese contexto, la discusión por la soberanía territorial también se vincula al potencial productivo de la región.

El rechazo de San Juan

Esta decisión de La Rioja ha sido interpretado por distintos sectores sanjuninos como la intención de apropiarse de territorio que le dé una oportunidad de quedarse con regalías y bienes turísticos y culturales como lo es el Valle de la Luna, en Ischigualasto, pero por sobre todo, impulsar una cortina de humo de la gravisima situación economica provincial que le impide, por ejemplo, pagar el aguinaldo a los empleados públicos.

Se trata de una doctrina que emula a la que impulsó la ex Junta Militar en épocas de dictadura, cuando de la noche a la mañana, decidió recuperar por la fuerza las Islas Malvinas ya que el gobierno de facto pasaba por una catastrofica situación económica y social. 

Hace algunas semanas, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó una declaración en la que expresa su rechazo al reclamo territorial impulsado por la provincia de La Rioja y ratifica la vigencia de los límites interprovinciales establecidos por la legislación nacional. La iniciativa fue respaldada por una amplia mayoría de legisladores y fijó una posición institucional frente a la ley hoy promulgada por el gobierno riojano. 

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Durante el debate legislativo, los diputados sanjuaninos defendieron la jurisdicción provincial sobre áreas que forman parte del territorio actualmente administrado por San Juan, entre ellas sectores vinculados a Ischigualasto y las zonas de interés para el desarrollo minero antes mencionadas. Los legisladores sanjuaninos sostuvieron que la delimitación quedó definida mediante la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 y posteriormente ratificada por el Congreso Nacional.

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