El dictamen técnico pide reestructurar el IIA de Hierro Indio, el proyecto que Mendoza convirtió en caso testigo de desarrollo minero

Por Edu Gajardo 

Durante años, Hierro Indio ocupó un lugar singular dentro del mapa minero mendocino. No por su tamaño geológico ni por la escala de la operación que hoy proyecta, sino por el peso político e institucional que acumuló desde su origen. Hierro Indio fue el proyecto que Mendoza utilizó para mostrar que la minería metalífera podía volver a ponerse en marcha dentro de la Ley 7.722, pero además fue un caso donde el Estado provincial no se limitó a acompañar administrativamente el proceso, sino que financió parte de la exploración e ingresó como actor dentro de la estructura societaria. Esa combinación explica por qué sigue siendo observado con un nivel de atención distinto al de otros proyectos de su generación, a pesar que hoy su escala no es significativa en medio del impulso minero provincial y nacional.

Siete años después de aquella aprobación legislativa para la etapa de exploración, que se consideró un hito, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo emitió un dictamen técnico que condiciona la aprobación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) para explotación a una reestructuración del documento y a la incorporación de adendas técnicas.

La conclusión de la FCAI es precisa: el proyecto no es inviable, pero el expediente ambiental presentado en su estado actual no alcanza el nivel técnico necesario para avanzar hacia su aprobación.

Del caso testigo a un proyecto que perdió centralidad

Hierro Indio fue aprobado para exploración en 2019, en un contexto en el que Mendoza buscaba reconstruir una agenda minera después de años de parálisis. En ese momento, su valor fue principalmente institucional: funcionó como prueba política y administrativa de que era posible habilitar minería metalífera sin modificar la Ley 7.722.

Pero el desarrollo posterior mostró demoras, cambios societarios y una redefinición de escala que alteraron ese impulso inicial.

Tras la aprobación, el proyecto atravesó un largo periodo de inactividad, dificultades de financiamiento y cambios societarios que terminaron modificando parte de su impulso inicial. La activación real llegó de la mano de PRC S.A.U. (que derivó luego en Impulsa Mendoza), que ingresó como actor estatal dentro de la estructura del proyecto.

A diferencia de otros proyectos que también lograron avanzar antes del esquema de distritos mineros, como Cerro Amarillo o los desarrollos de Geometales, Hierro Indio quedó atravesado por una variable adicional: el ingreso de recursos públicos y la participación accionaria estatal. Esa condición lo convirtió en un caso singular dentro de la minería mendocina y elevó el nivel de atención sobre cada una de sus etapas.

Qué observó la FCAI

El dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) no cuestiona la existencia del recurso ni la lógica extractiva del proyecto. La geología del yacimiento, su esquema de explotación y la ausencia de procesos químicos complejos dentro de la operación no aparecen objetados. La discusión está en la robustez técnica del Informe de Impacto Ambiental.

El núcleo de la crítica se concentra en la metodología de valoración de impactos. La FCAI sostiene que la empresa utilizó una versión básica de la matriz de Conesa, sin incorporar Unidades de Importancia Ponderada (UIP), sin identificar impactos críticos y sin calcular de manera integrada el peso acumulado de las afectaciones.

Ese aspecto ordena buena parte de las observaciones posteriores. Según el dictamen, esa metodología termina subvalorando componentes sensibles como el agua, el aire y las vegas andinas, lo que distorsiona el resultado general del análisis.

A partir de esa observación estructural, la Facultad detecta además inconsistencias internas. Una de las más relevantes es que el propio IIA reconoce impactos irreversibles sobre geomorfología, suelo, vegetación y hábitat, pero esos efectos no aparecen reflejados con la misma intensidad dentro de la matriz de significancia. Para la FCAI, esa contradicción obliga a reescribir la memoria de impactos irreversibles.

En el plano hídrico, uno de los puntos más sensibles, la Facultad cuestiona la insuficiente caracterización de la fuente de abastecimiento prevista. El arroyo Malbarco, contemplado originalmente como fuente de agua, presenta una fuerte variabilidad de caudal e incluso registros sin flujo durante invierno, lo que obligó a incorporar una alternativa sobre el arroyo Paulino en la respuesta técnica presentada por la empresa.

El propio documento reconoce consumos de 2.053 metros cúbicos mensuales durante operación y otros 20.000 metros cúbicos adicionales para perforaciones exploratorias previstas dentro de los primeros dos años de producción, lo que refuerza la centralidad del agua dentro del esquema operativo.

Otro punto crítico aparece en la estabilidad geotécnica. La FCAI detectó que la Cantera Oeste presenta un Factor de Seguridad pseudo-estático de 0,95, por debajo del umbral mínimo de 1,0 requerido para condiciones sísmicas. Esto implica que la estabilidad física del diseño todavía no está técnicamente demostrada y exige nuevos estudios de mecánica de rocas.

En materia atmosférica, el dictamen observa que el modelado se realizó únicamente sobre PM10 y sin incorporar PM2.5, considerado un contaminante de mayor riesgo sanitario. Además, cuestiona el uso de software simplificado para modelar dispersión en un entorno de montaña, donde la topografía condiciona de manera decisiva la circulación del material particulado.

En biodiversidad, la Facultad también cuestiona que la línea de base se haya construido a partir de una única campaña en otoño. Según el dictamen, eso puede generar falsos negativos sobre flora y fauna, especialmente en ecosistemas de montaña donde muchas especies presentan comportamiento estacional. Por eso exige nuevas campañas en primavera y verano y eleva la sensibilidad ambiental de las vegas andinas a categoría alta.

Finalmente, el plan de cierre también queda bajo observación. La FCAI considera que el esquema planteado es insuficiente para el nivel de impacto proyectado y cuestiona especialmente el plazo de tres años de post-cierre, al considerarlo arbitrario. La recomendación es que el monitoreo quede condicionado a demostrar estabilidad física y geoquímica real, y no simplemente al cumplimiento de un plazo administrativo.

En conjunto, el dictamen no invalida el proyecto, pero sí concluye que el expediente ambiental presentado debe ser reestructurado de forma integral antes de avanzar hacia una eventual aprobación.

La reconfiguración interna que cambió el rumbo del proyecto

La reactivación del proyecto comenzó a tomar forma en 2022, cuando Potasio Río Colorado S.A.U. (PRC), firmó un acuerdo con Hierro Indio S.A. para financiar una campaña exploratoria. El esquema contemplaba una inversión cercana a US$1 millón y otorgaba a la empresa estatal un 20% de participación accionaria inicial, además de una opción preferente para avanzar sobre el 80% restante del capital sujeto a resultados técnicos y condiciones de desarrollo.

Ese ingreso modificó de manera estructural el equilibrio interno del proyecto. Hasta ese momento, Hierro Indio había estado fuertemente ligado a la figura de Guillermo Re Kühl, geólogo y fundador de la compañía, quien durante años impulsó la iniciativa y defendió una estrategia orientada a ampliar recursos y consolidar una operación de mayor escala. Pero las diferencias sobre el rumbo futuro se profundizaron con el avance del esquema estatal.

A fines de 2024, esas tensiones derivaron en la salida de Re Kühl del directorio y en una disputa judicial con el resto de los socios. Mientras Re Kühl sostenía la necesidad de seguir perforando y robustecer reservas antes de pasar a producción, la conducción restante optó por acelerar una etapa de explotación más acotada, con menores requerimientos de capital y una lógica operativa más cercana a una cantera industrial.

Con la reconfiguración societaria, el proyecto quedó bajo una nueva conducción encabezada por Rafael Dahl en la presidencia y con participación directa del Estado mendocino a través de Impulsa Mendoza en la vicepresidencia. Hierro Indio no sólo mantiene presencia estatal dentro de su estructura accionaria, sino que además esa participación llega después de haber financiado una parte relevante de la exploración. Ese recorrido ayuda a explicar por qué Hierro Indio sigue ocupando un lugar singular dentro de la minería mendocina: no es un proyecto privado más, sino uno que terminó convirtiéndose en una apuesta compartida entre capital privado y Estado provincial.

La escala que muestra el nuevo Hierro Indio

El propio IIA también permite observar cómo cambió la escala del proyecto respecto de las expectativas que lo acompañaron en sus primeros años.

La operación proyectada contempla la explotación de dos canteras a cielo abierto, con perforación, voladura, trituración y despacho directo del mineral, sin procesos metalúrgicos, sin concentración y sin utilización de reactivos químicos.

La producción máxima prevista es de 80.000 toneladas anuales, con una vida útil estimada de diez años.

Dentro de la lógica minera, se trata de una operación de pequeña escala, más cercana a una cantera industrial que a un desarrollo metalífero convencional.

Ese cambio de escala también ayuda a explicar el nuevo lugar que ocupa Hierro Indio dentro del mapa minero mendocino.

El proyecto que Mendoza utilizó para mostrar que la minería podía volver a ponerse en marcha en la provincia llega ahora a su etapa de explotación con un expediente que deberá mejorarse en sus aspectos centrales antes de avanzar.