El proyecto de la Ley de Desarrollo Local Minero de San Juan ya está terminado y es inminente su envío a la Legislatura
El Gobierno de San Juan ha finalizado la redacción de un proyecto clave para el sector, denominado formalmente como la Ley de Desarrollo Local Minero. A diferencia de lo que comúnmente se conoce como una ley de proveedores, esta iniciativa busca una mirada integral que abarque tanto el empleo como la integración estratégica de las empresas con las comunidades donde operan.
El Ministro de la Producción, Gustavo Fernández, subrayó que el nombre es fundamental para entender el espíritu de la norma, calificándola como una "mal llamada ley de proveedores" en ciertos sectores.
Según explicó en diálogo con Estación Claridad, la intención es ir más allá: "A nosotros también nos importa promover el empleo en general y no solamente proveedores locales, que las propias compañías mineras y las propias contratistas empleen personas que residan en la provincia de San Juan".
El proyecto se sustenta sobre tres ejes fundamentales: el desarrollo del empleo, el fortalecimiento de los proveedores locales y la vinculación de las acciones voluntarias de las empresas con los planes estratégicos municipales. Este último eje busca que las inversiones en educación, infraestructura, salud y producción no estén aisladas de la planificación de cada departamento minero.
Uno de los puntos centrales es la unificación de criterios para definir qué se considera "local". La ley establecerá una clasificación que distinga entre el "proveedor de la comunidad donde se desarrolla el proyecto minero, el proveedor del municipio y el proveedor del resto de la provincia". Esta distinción permitirá medir con precisión el impacto real en las zonas de influencia directa e indirecta.
Asimismo, la normativa pondrá el foco en el valor agregado de la cadena de suministros. El Ministro destacó que se analizará si el empleo y los servicios pertenecen al sector industrial, comercial o de servicios, señalando que "los proveedores industriales tienen un proceso de mayor agregado de valor" en comparación con los servicios simples o el comercio.
Para garantizar la efectividad de la norma, las compañías mineras tendrán la obligación de presentar planes de desarrollo. Estos planes deben incluir un "análisis de brechas de mercado", lo que permitirá saber "qué necesita la compañía y qué hay disponible en la provincia", otorgando previsibilidad tanto para la formación de recursos humanos como para las inversiones de los proveedores.
La transparencia y previsibilidad son palabras clave en el nuevo esquema. Se exigirá que las empresas mineras establezcan "procedimientos transparentes tanto para la convocatoria a la oferta de bienes y servicios, como también la comunicación asociada a las adjudicaciones". Esto busca democratizar el acceso de las pymes locales a los contratos mineros.
Desde el punto de vista legal, el Estado justifica estas exigencias al ser la minería una actividad basada en la concesión de un recurso público. Fernández fue enfático al decir que "la actividad minera metalífera no es cualquier actividad privada, es una actividad que realiza un privado, pero la realiza explotando bajo un sistema de concesión un recurso que es del Estado provincial".
En cuanto a las metas cuantitativas, la ley fija objetivos de máxima ambiciosos pero graduales. En materia de empleo, se busca alcanzar un 80% de contratación local, mientras que para la adquisición de bienes y servicios disponibles en San Juan, la meta es que el "60% del volumen o del monto contratado" sea destinado a proveedores provinciales.
Como contrapartida al cumplimiento de estos objetivos, el Gobierno ofrecerá un incentivo mediante un bono de crédito fiscal. Este beneficio podrá ser utilizado para pagar impuestos provinciales, y en caso de que la minera no los necesite (por estar exenta de Ingresos Brutos al exportar), el crédito "va a poder ser transferido a proveedores mineros de la propia compañía solamente" para que ellos cancelen sus obligaciones tributarias.
Más allá de los beneficios económicos, el Ejecutivo sostiene que el principal motor para las empresas será la obtención de la licencia social. El sistema permitirá que la sociedad verifique el impacto real de los proyectos, fomentando una competencia sana por ver qué empresa tiene el mejor desempeño local, operando lo que el Ministro denomina "con la luz encendida".
Finalmente, respecto al futuro legislativo del proyecto, se informó que existe una base de consenso en la Cámara de Diputados. Tras reuniones con distintos bloques, el oficialismo confía en que la iniciativa contará con el apoyo necesario para su aprobación.
