Ley de Glaciares: Dos días de audiencia pública antes del tratamiento en Diputados

Los próximos 25 y 26 de marzo se realizará la audiencia pública para debatir la modificación de la Ley de Glaciares. Así quedó confirmado y avalado en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación.

El proyecto para modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, impulsado por el Poder Ejecutivo, obtuvo media sanción en el Senado y pasó a la Cámara Baja para su tratamiento. Sin embargo, algunos legisladores solicitaron la realización de una audiencia pública antes de la firma en Diputados.

Así, definieron que se realizarán durante esos dos días de 10 a 19 de forma presencial y remota para “garantizar el federalismo y evitar el traslado, a fin de dar plazo suficiente para la difusión a la ciudadanía y de la convocatoria”.

La norma apunta a redefinir el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en determinadas áreas periglaciares previamente restringidas.

Al inicio del plenario realizado este miércoles, el titular de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc (LLA), amparándose en el artículo 114 bis del reglamento de la Cámara de Diputados, propuso la convocatoria a audiencias públicas para tratar el proyecto, respetando también en el artículo 7 del Acuerdo de Escazú. 

Al explicar el plan de trabajo, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA), como presidente de Asuntos Constitucionales, detalló que la propuesta es convocar “a una audiencia pública a realizarse los días 25 y 26 de marzo del corriente año, de 10 a 19 horas, a fin de dar un plazo suficiente para la difusión correspondiente a la ciudadanía, pudiendo participar y exponer de manera presencial (en la sala A del Anexo “C” de la Cámara baja) el primer día, y de forma remota el segundo, para cumplir con el requisito federal”. “El federalismo se garantiza escuchando todas las voces de cualquier punto del país”, remarcó.

En representación de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, exigió “las audiencias públicas las cuales deben realizarse en una cierta cantidad de días en Buenos Aires con un claro criterio federal de participación de las provincias, sobre todo donde están comprometidas las cuencas hídricas”.

Desde el bloque Unión por la Patria, Sabrina Selva, afirmó que “estamos todos de acuerdo en la realización de las audiencias públicas”, pero planteó diferencias “en cómo deberían llevarse adelante” las mismas. “La audiencia pública deberá ser pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta ley”, expresó. En ese sentido, propuso que “se habilite la participación en serio de los ciudadanos de todas las provincias, para garantizar a todos puedan tener voz en el debate”.

A su turno, Silvana Giudici (LLA) ratificó que “el proceso que se propone es amplio y está debidamente informado tal cual pide el artículo 7 del Acuerdo de Escazú”. El texto del artículo mencionado apunta a garantizar el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales, obligando a los Estados a implementar mecanismos abiertos e inclusivos desde etapas tempranas, especialmente para proyectos con impacto significativo y busca asegurar que las opiniones ciudadanas se consideren en los resultados finales.

En contrapartida, Romina Del Plá (Fte. de Izquierda y de Trabajadores Unidad) manifestó que “lo mejor que puede hacer la Cámara de Diputados es no avanzar en este tratamiento, porque lo que hizo el Senado es verdaderamente una catástrofe”.

Por último, Juan Grabois (UxP) instó a que “todas las comunidades indígenas registradas en el INAI que estén en zona de glaciares y periglaciares tienen que tener garantizada su participación”.