Estrategia minera provincial

Salta, Jujuy y Catamarca buscan fortalecer sus empresas mineras estatales y llevar al Congreso una agenda propia

Los responsables de REMSa, JEMSE y CAMYEN -empresas mineras estatales- expusieron ante diputados nacionales sus modelos de participación en la minería y la necesidad de ampliar los beneficios económicos de la actividad. La transferencia tecnológica, la cooperación entre provincias y una mayor participación en los proyectos aparecen como objetivos centrales, aunque todavía no existe una iniciativa legislativa conjunta que garantice su implementación.

Las empresas mineras estatales de Salta, Jujuy y Catamarca buscan consolidar un papel más activo en el desarrollo de los recursos naturales de sus provincias y promover mecanismos que permitan transformar las inversiones privadas en capacidades industriales, tecnológicas y productivas.

Con ese propósito, sus principales autoridades llevaron sus experiencias y planteos a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la legisladora catamarqueña Fernanda Ávila.

La exposición permitió instalar una discusión que excede la producción y exportación de litio: qué participación pueden tener los Estados provinciales en los negocios mineros y cómo conseguir que las inversiones contribuyan a desarrollar empresas, tecnología y capacidades locales.

Según informó Parlamentario, participaron Javier Montero, presidente de Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa); Exequiel Lello Ivacevich, titular de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), y Félix José Barrera Albarracín, presidente de Catamarca Minera y Energética (CAMYEN).

Qué buscan conseguir

El planteo compartido por las tres compañías apunta a fortalecer la presencia de las empresas provinciales como instrumentos para participar en el desarrollo minero, acompañar inversiones y promover nuevas actividades económicas asociadas a los recursos naturales.

En el caso de Salta, Montero defendió el funcionamiento de REMSa bajo normas del derecho privado y su capacidad para complementar las actividades de las compañías que invierten en la provincia, especialmente en un escenario donde distintos proyectos buscan aprovechar los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Jujuy planteó una preocupación diferente, vinculada con la concentración internacional de la industria del litio y la necesidad de establecer mecanismos que permitan acceder a conocimientos, procesos productivos y tecnologías que actualmente controlan empresas extranjeras.

Lello Ivacevich considera necesario avanzar en transferencia tecnológica para evitar que las provincias queden limitadas a la extracción de minerales sin desarrollar capacidades propias para participar en otras etapas del negocio.

Catamarca, por su parte, puso el acento en transformar su potencial geológico en proyectos productivos concretos, fortalecer la cooperación entre empresas provinciales y aprovechar tanto sus recursos de litio como sus importantes perspectivas de desarrollo del cobre.

Detrás de estas posiciones existe una preocupación común: cómo conseguir que la explotación de recursos estratégicos genere oportunidades económicas que permanezcan en las provincias más allá de la vida útil de cada proyecto.

Los límites concretos

El principal obstáculo para que estos planteos se conviertan en políticas nacionales es que las exposiciones no estuvieron acompañadas, al menos por un proyecto legislativo conjunto que establezca obligaciones específicas para los inversores o nuevos instrumentos de participación estatal.

La transferencia tecnológica, por ejemplo, requiere determinar qué conocimientos deberían compartir las empresas, en qué condiciones, con qué financiamiento y mediante cuáles acuerdos comerciales o mecanismos legales.

También existe una diferencia importante entre fortalecer una empresa minera provincial y establecer nuevas obligaciones para los operadores privados, especialmente cuando algunos proyectos ya cuentan con contratos, permisos e inversiones comprometidas.

El artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios, por lo que cada jurisdicción dispone de facultades para organizar sus empresas y definir estrategias de aprovechamiento minero dentro del marco legal vigente.

En consecuencia, buena parte de la cooperación entre REMSa, JEMSE y CAMYEN puede avanzar mediante acuerdos provinciales sin necesidad de esperar una ley del Congreso.

Sin embargo, cualquier iniciativa destinada a crear incentivos nacionales, establecer condiciones generales de transferencia tecnológica o modificar obligaciones económicas de las empresas requeriría instrumentos legales específicos y, según su alcance, tratamiento parlamentario.

Qué puede prosperar

La agenda de cooperación provincial cuenta con antecedentes concretos que permiten distinguir los planteos que ya tienen instrumentos de implementación de aquellos que necesitan nuevas decisiones políticas o legislativas.

Durante octubre, las empresas mineras estatales de Jujuy, Salta, Catamarca y Mendoza avanzaron en una mesa de trabajo junto con la Fundación Fundar y representantes de proveedores regionales para fortalecer la coordinación institucional y las oportunidades productivas de las provincias.

Por otra parte, la Mesa del Litio desarrolla una hoja de ruta regional de proveedores con participación del Consejo Federal de Inversiones, aportes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial y propuestas de capacitación y financiamiento.

Estos antecedentes muestran que la coordinación entre empresas provinciales, el intercambio de información, la capacitación y los programas de desarrollo de proveedores ya cuentan con canales de trabajo que pueden continuar independientemente del Congreso.

La situación es diferente para una eventual legislación que imponga transferencias tecnológicas obligatorias o nuevas condiciones a las inversiones privadas, porque requeriría una propuesta formal, acuerdos parlamentarios y compatibilidad con el régimen jurídico y contractual de los proyectos.

Además, la agenda debería encontrar puntos de coincidencia con el Gobierno nacional, que mantiene como prioridad atraer inversiones mediante el RIGI y garantizar estabilidad regulatoria a los grandes emprendimientos.

El desafío para las empresas estatales será demostrar que una participación provincial más activa puede facilitar inversiones, desarrollar proveedores y ampliar capacidades tecnológicas sin introducir condiciones que comprometan proyectos existentes.

La discusión también puede alcanzar a otras provincias mineras, como San Juan, donde el crecimiento esperado de los proyectos de cobre vuelve relevante el debate sobre qué instrumentos públicos permiten acompañar las inversiones y ampliar la participación económica local.

Por ahora, la presentación ante Diputados permitió dar visibilidad nacional a las experiencias de las tres compañías, pero los avances más concretos deberán medirse por los acuerdos que consigan implementar, el financiamiento que obtengan y los nuevos proyectos productivos que efectivamente puedan desarrollar.

La verdadera prueba no será conseguir que el Congreso escuche sus planteos, sino convertir esa agenda en inversiones, tecnología, empresas y empleos que permanezcan en las provincias productoras.

 

 

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