Perea confirmó que los cambios en el RIGI no afectan las metas de la Ley de Proveedores Mineros de San Juan
Luego de que el Gobierno nacional modificara la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, salió a explicar el alcance de la disposición y aclaró que el cambio no altera las condiciones establecidas por la legislación provincial para promover la contratación de empresas y trabajadores sanjuaninos.
La modificación, dispuesta mediante el Decreto 1366/2026, publicado el lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial, amplió la definición de proveedor argentino. A partir de la nueva normativa, una empresa podrá ser considerada proveedora local dentro del RIGI si está constituida y domiciliada en Argentina, independientemente del origen de sus accionistas o de la composición de su capital.
Hasta ahora, la reglamentación exigía que, además de estar constituida y domiciliada en el país, al menos el 51% del capital o de los votos perteneciera a titulares con domicilio fiscal en Argentina. Con el decreto, ese requisito dejó de ser una condición para acceder a la categoría. Según explicó Perea, el objetivo de la modificación es incorporar a más empresas radicadas en el territorio nacional a las cadenas de suministro de los proyectos.
El cupo nacional del 20% no se modificó
El ministro remarcó que la modificación no altera el compromiso de contratación que deben cumplir los proyectos adheridos al RIGI. Las empresas deben destinar al menos el 20% de los montos correspondientes a bienes y obras a proveedores argentinos, tanto durante la etapa de construcción como en la operación, siempre que exista oferta nacional en condiciones de precio y calidad de mercado.
En ese sentido, Perea explicó que el cambio modifica quiénes pueden integrar la categoría de proveedor argentino, pero no el porcentaje de contratación exigido por el régimen. La nueva definición permite que sociedades constituidas en el país, aunque tengan capital extranjero, puedan participar de ese cupo si cumplen las restantes condiciones.
En la práctica, esto significa que proyectos como Vicuña, en San Juan, podrán computar contrataciones realizadas a través de filiales argentinas de compañías extranjeras dentro del porcentaje nacional, siempre que se ajusten a los requisitos correspondientes. Para las empresas de capital nacional, esto implica competir dentro de un universo más amplio de proveedores, sin una reserva exclusiva por el origen de sus accionistas.
La diferencia con la legislación provincial
Uno de los puntos centrales de la explicación de Perea fue la distinción entre el régimen nacional y las herramientas que San Juan estableció para promover la participación de sus propias empresas y trabajadores.
El funcionario señaló que el cupo del 20% del RIGI tiene alcance nacional y no establece una distribución por provincias. Por lo tanto, una empresa radicada en cualquier jurisdicción argentina puede ser considerada proveedora nacional si reúne las condiciones del régimen, sin que eso signifique que automáticamente sea reconocida como proveedora sanjuanina bajo la normativa provincial.
En ese marco, sostuvo que el Decreto 1366/2026 no modifica la Ley 2827-M de Desarrollo Local Minero ni el Registro de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN.). La legislación provincial establece objetivos propios: un mínimo del 80% de empleo sanjuanino y del 60% de compras a proveedores locales, para cuya consideración deben cumplirse las condiciones previstas por la normativa provincial y estar inscripto en el registro correspondiente.
Perea también indicó que la reglamentación de la Ley 2827-M se encuentra en su etapa final y que se espera su publicación en breve. Con esa instancia, el régimen provincial quedaría en condiciones de comenzar a aplicarse.
«La herramienta para el proveedor sanjuanino sigue siendo la ley provincial, ya que la definición del RIGI solo distingue entre proveedores argentinos y extranjeros, no entre provincias», explicó el ministro.
«No modifica ni un punto de la meta que San Juan se puso»
En su explicación, Perea insistió en que las modificaciones nacionales no implican una reducción de los objetivos provinciales de empleo y contratación local. Según planteó, se trata de dos instrumentos distintos que pueden funcionar de manera simultánea: por un lado, el porcentaje de compras nacionales exigido por el RIGI y, por otro, las metas de desarrollo local establecidas por San Juan.
«El Decreto 1366/2026 es una norma nacional: ajusta quién puede contarse como proveedor argentino dentro del cupo del 20% que exige el RIGI en todo el país, pero no toca ni reemplaza la herramienta que San Juan construyó para sus propios proveedores», afirmó.
El ministro agregó que la ley provincial, con sus objetivos de empleo y compras locales, «sigue intacta y es la que realmente protege al proveedor local». También sostuvo que la normativa permite mantener un esquema en el que conviven un piso nacional de contratación y una política provincial con exigencias propias.
Por último, Perea volvió sobre la diferencia entre ambos porcentajes y buscó despejar las interpretaciones que vincularon el cambio nacional con una modificación de las condiciones para las empresas sanjuaninas.
«El cupo del 20% nacional de compre argentino no cambió y nunca fue la herramienta de San Juan. La herramienta de los proveedores sanjuaninos es la ley provincial y el RE.PRO.MIN., que siguen sin tocarse y cuya reglamentación está en su etapa final», expresó.
De esta manera, el planteo del Gobierno provincial apunta a separar el alcance de la nueva disposición nacional de los mecanismos locales de contratación. Mientras el decreto amplía el universo de empresas que pueden ser consideradas proveedoras argentinas dentro del RIGI, San Juan mantiene sus metas de empleo y compras locales bajo la Ley 2827-M, cuya aplicación dependerá de la publicación de su reglamentación.
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