San Juan aprobó el fideicomiso para administrar los US$250 millones aportados por Vicuña
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó el contrato de constitución del Fideicomiso Aporte DIA Vicuña, el instrumento que permitirá administrar los US$250 millones comprometidos por la empresa minera para financiar obras de infraestructura en la provincia. La decisión legislativa otorga respaldo legal al mecanismo acordado entre el Gobierno provincial y el Banco San Juan, que tendrá a su cargo la gestión de los recursos.
El contrato había sido firmado el pasado 7 de octubre por el gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea Fontivero, y representantes de la entidad bancaria. Su aprobación se concretó durante la cuarta sesión especial del período legislativo 2026, convocada para tratar exclusivamente este expediente.
La sanción constituye un nuevo paso en la instrumentación del aporte económico de Vicuña. A diferencia de la votación realizada en agosto, cuando la Legislatura ratificó el Acta Compromiso entre la Provincia y la compañía, esta vez los diputados aprobaron el mecanismo que establece cómo se administrarán y aplicarán los fondos.
El acuerdo original fue aprobado el 19 de agosto mediante la Ley 2836-M, con 27 votos afirmativos y 9 negativos. Allí quedó establecido el compromiso de la minera de realizar un aporte extraordinario de hasta US$250 millones para obras de infraestructura, además de otras condiciones económicas vinculadas con el desarrollo del proyecto.
En esta ocasión, el acuerdo fue aprobado con 22 votos a favor, dos en contra y 7 abstenciones, contando con 5 legisladores que no se encontraban en el recito al momento de la votación. Las abstenciones fueron de parte del justicialismo y afines.
Cómo se administrarán los US$250 millones
Con la aprobación del fideicomiso, el Banco San Juan será responsable de administrar los recursos y gestionar los procedimientos necesarios para concretar los pagos. El contrato establece que el dinero tendrá un destino específico y no podrá utilizarse para gastos ajenos a las finalidades previstas.
Uno de los puntos centrales del mecanismo es que los fondos no serán transferidos en su totalidad a las cuentas provinciales para su distribución posterior. Los desembolsos se realizarán de manera progresiva, a medida que avancen las obras y se presenten los certificados que acrediten los trabajos ejecutados.
Estos certificados son documentos técnicos que permiten verificar qué parte de una obra fue realizada y determinar el monto correspondiente a cada etapa. Una vez aprobada esa documentación, se habilitará el pago correspondiente.
La selección de los proyectos estará a cargo de los ministerios de Infraestructura y de Minería. Las intervenciones deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Acta Compromiso y guardar relación con el desarrollo de Vicuña y su zona de influencia, particularmente en los departamentos de Iglesia y Jáchal.
Por su parte, las empresas responsables de ejecutar los trabajos deberán ser seleccionadas mediante licitaciones públicas, bajo los procedimientos previstos en la legislación provincial de obras públicas.
Las obras previstas y los controles
Entre las intervenciones que ya fueron vinculadas con el financiamiento se encuentran trabajos sobre la Ruta Nacional 150, en Iglesia, y la recuperación de sectores de la Ruta Nacional 40 Norte, en el corredor hacia Jáchal.
La primera etapa de intervención sobre la Ruta 150 comprende 22 kilómetros entre Las Flores y Colola, mientras que el Gobierno también anunció una ampliación de los trabajos hacia Jáchal. En el caso de la Ruta 40 Norte, el plan contempla la recuperación de más de 90 kilómetros entre Talacasto y San Roque.
Sin embargo, la aprobación del fideicomiso no significa que todas las obras estén adjudicadas ni que los recursos se encuentren desembolsados. Cada intervención deberá atravesar las instancias de selección, contratación y certificación previstas en el mecanismo.
Durante la reunión conjunta de las comisiones legislativas, realizada antes de la sesión, los asesores legales del Gobierno, Ricardo Alejandro Ferrari y Facundo Rojas Clariá, respondieron consultas de los diputados sobre el funcionamiento del instrumento, los costos administrativos, los controles y las condiciones para liberar los fondos.
El esquema contempla mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, además de la intervención de los organismos provinciales correspondientes. La administración bancaria busca separar los recursos comprometidos para las obras de otras partidas del presupuesto provincial.
Según las estimaciones que habían presentado los asesores legales, los fondos podrían comenzar a estar disponibles entre fines de diciembre y los primeros días de enero. No obstante, esa disponibilidad no supone que los US$250 millones se transfieran en un único desembolso.
El antecedente del acuerdo económico con Vicuña
El fideicomiso se desprende del Acta Compromiso firmada el 5 de agosto entre el Gobierno de San Juan y Vicuña Argentina S.A., la sociedad que reúne los intereses de BHP y Lundin Mining en el distrito cuprífero integrado por Josemaría y Filo del Sol.
El entendimiento estableció un aporte extraordinario de hasta US$250 millones para financiar infraestructura provincial antes de que el proyecto alcance su etapa de producción comercial. También fijó condiciones para las regalías y una contribución adicional vinculada con las ventas futuras de la operación.
Entre esos compromisos figura una contribución equivalente al 1,5% de las ventas brutas a partir del sexto año de producción comercial, bajo las condiciones establecidas en el convenio. El aporte inicial contempla anticipadamente las contribuciones correspondientes a los primeros cinco años por ese concepto.
El acuerdo también establece un régimen de regalías provinciales del 3% sobre los ingresos brutos de comercialización, conforme a las condiciones previstas en el instrumento.
Con la aprobación del fideicomiso, San Juan cuenta ahora con el respaldo legislativo necesario para poner en funcionamiento el mecanismo de administración de los recursos. El desafío inmediato será avanzar con la definición de las obras, los procesos de contratación y la ejecución de los trabajos que recibirán financiamiento del aporte minero.
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