Mendoza ordena la convivencia entre petróleo y minería desde su ley de hidrocarburos

La Ley de Hidrocarburos que Mendoza sancionó este martes ordena la relación entre petróleo y minería con un principio que no reconoce jerarquías entre actividades. La superposición de un área petrolera con un derecho minero no hace caer ninguno de los dos. Cuando la coexistencia no sea posible, la decisión quedará en manos del Poder Ejecutivo, que deberá ponderar, entre otros elementos, la prioridad temporal de cada derecho y las inversiones comprometidas y ejecutadas. Para las compañías que exploran cobre y uranio en Mendoza, la norma define por primera vez quién resuelve un conflicto de ese tipo, con qué procedimiento y qué pueden reclamar si su proyecto queda relegado.

El Senado provincial aprobó el texto con 31 votos a favor y dos en contra, sin cambios respecto de la media sanción que la Cámara de Diputados había votado el 21 de octubre por 39 votos contra cuatro. La ley reemplaza a la Ley 7.526, vigente desde 2006, y entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. Sus ejes principales son petroleros: una regalía de referencia del 15% sobre la que las empresas podrán ofertar porcentajes mayores o menores, incentivos para recuperar producción en yacimientos maduros y la incorporación de la concesión de explotación no convencional, pensada para la porción mendocina de Vaca Muerta.

El capítulo sobre superposición de derechos tiene, sin embargo, una lectura minera directa. Malargüe, el departamento del extremo sur de Mendoza, concentra a la vez la lengua mendocina de Vaca Muerta y Malargüe Distrito Minero Occidental, el esquema con el que la provincia aprobó en bloque la exploración metalífera de decenas de proyectos en el oeste de ese departamento. En el norte, el distrito Mendoza Norte, con 20 proyectos y 65 propiedades mineras sobre un área de estudio de 5.523 km² en los departamentos de Las Heras y Luján de Cuyo, transita su evaluación ambiental. La regla de convivencia llega antes de que los dos mapas se crucen con intensidad, y por eso define las condiciones en las que se va a explorar en los próximos años.

Una regla para la minería escrita en la ley del petróleo

La convivencia entre ambas actividades quedó regulada desde la legislación hidrocarburífera y no desde una norma minera. El artículo 23 alcanza tanto a los derechos mineros ya concedidos como a las solicitudes en trámite que se superpongan, total o parcialmente, con permisos de exploración o concesiones de explotación de hidrocarburos. La resolución de los conflictos se remite a la Ley Nacional de Hidrocarburos, al Código de Minería y a la legislación provincial, de modo que la ley provincial no altera el régimen de fondo de los derechos mineros, sino que fija el procedimiento para cuando dos títulos válidos compiten por el mismo terreno.

La diferencia con el tratamiento que la misma ley reserva a los propietarios superficiales es significativa. Frente a un superficiario que se niega a la ocupación, el titular petrolero puede pedir a la autoridad de aplicación una servidumbre administrativa, previo ofrecimiento de las indemnizaciones tarifadas por el Ejecutivo y con una garantía por los daños. Para los derechos mineros, en cambio, la ley prevé otro procedimiento.

El esquema institucional tiene además una particularidad mendocina. La autoridad de aplicación de la nueva ley es el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Hidrocarburos, y en el mismo ministerio funciona la Dirección de Minería. Las dos autoridades que deberán intervenir en un conflicto responden a una misma conducción política, lo que acorta la coordinación entre áreas pero concentra en un solo ministerio la carga de fundar cada decisión.

Ese procedimiento recién se activa cuando la convivencia fracasa. Antes, la ley les impone a los dos titulares una obligación que cambia la forma en que se planifica una campaña de exploración.

Coordinar antes que competir

La primera exigencia es procurar la coordinación y compatibilización técnica, operativa, ambiental y temporal de ambas actividades. Los titulares deberán aportar la información necesaria y colaborar en la elaboración de alternativas que permitan la coexistencia. La ley enumera algunas: delimitación de zonas de seguridad, coordinación de instalaciones y accesos, secuenciación temporal de los trabajos y medidas de prevención, mitigación y monitoreo.

Cada una de esas herramientas tiene un costo distinto según la etapa del proyecto minero. La secuenciación temporal, por ejemplo, pesa de manera diferente en la cordillera mendocina, donde la temporada de campo está limitada por la nieve. Argentina Metals planea definir blancos y perforar entre 1.500 y 2.000 metros en Las Estrellas, a unos 3.500 metros de altura en Malargüe, en una ventana que se abre a fines de noviembre y se cierra en abril. En un calendario así, postergar trabajos unas semanas puede equivaler a perder una temporada completa. Algo similar ocurre con la coordinación de accesos: el programa de Kobrea Exploration y BHP en El Destino exige acondicionar y abrir 17 kilómetros de caminos desde la ruta provincial 226 para llegar a diez plataformas de perforación.

La regla se aplicaría a esos proyectos si sus áreas llegaran a coincidir con un derecho petrolero. En ese caso, la negociación con el titular hidrocarburífero pasaría a formar parte del plan de trabajo, y la información que cada compañía aporte en esa instancia sería la base de cualquier decisión posterior.

Cuando la coordinación no alcanza, el texto define con precisión qué se mide para decidir.

Cuando la convivencia no es posible, lo invertido entra en la balanza

La ley prevé la intervención del Poder Ejecutivo cuando la coexistencia resulte técnica u operativamente imposible, o cuando genere riesgos incompatibles con la seguridad de las personas, la protección del ambiente, la integridad de los yacimientos o el aprovechamiento racional de los recursos. La resolución se dicta con intervención de las autoridades hidrocarburífera y minera, con audiencia de los interesados y, cuando corresponda, con participación de las autoridades ambiental, hídrica y territorial.

La decisión deberá ser fundada y considerar la naturaleza y el estado de los derechos involucrados, su prioridad temporal, la posibilidad de compatibilizar o secuenciar las actividades, la seguridad, la utilización racional de los recursos, los impactos ambientales, sociales y territoriales, las inversiones comprometidas y ejecutadas y el interés público. Entre los principios de interpretación que fija la propia ley figuran la eficiencia operativa y la maximización de la renta.

Dos de esos criterios, la prioridad temporal y las inversiones, se leen de manera distinta según la etapa de cada proyecto. Un concesionario petrolero en producción llega a una audiencia con inversiones acumuladas durante años en pozos, instalaciones y ductos. Una junior en exploración temprana llega con estudios de superficie, geofísica y, en el mejor de los casos, una primera campaña de perforación. Kobrea y BHP aprobaron US$4 millones para la temporada 2026/2027 en El Destino. Jaguar Uranium proyecta una inversión de US$13,7 millones hasta un estudio de prefactibilidad en Huemul en 2030. La prioridad temporal puede equilibrar esa diferencia, pero solo a favor de quien tenga el derecho más antiguo.

El criterio es coherente con la forma en que Mendoza administra sus propios distritos mineros. En octubre, la Dirección de Minería revocó Mercedes North y Mercedes Mariano, dos permisos de Malargüe Distrito Minero Occidental que sumaban 5.920 hectáreas, porque su titular no instaló los trabajos de exploración dentro del plazo legal, aunque ambos contaban con Declaración de Impacto Ambiental ratificada por la Legislatura, como exige la Ley 7.722 para cada proyecto de minería metalífera en Mendoza. Esa decisión mostró que, en la minería mendocina, un permiso se sostiene con trabajos en el terreno. La nueva ley petrolera traslada una lógica similar al conflicto entre actividades, al incluir lo invertido entre los elementos que deben pesar en la decisión.

Esa ponderación define quién avanza. La ley también fija qué conserva el titular cuyo proyecto queda atrás.

El descubrimiento entra en la cuenta

La preferencia otorgada a una actividad no produce por sí misma la caducidad o extinción del derecho de la actividad limitada o postergada. Cualquier restricción o privación de derechos adquiridos deberá ajustarse a las causas, procedimientos y garantías de la legislación aplicable. Un proyecto minero relegado conserva su título; lo que pierde, total o parcialmente, es la posibilidad de ejecutarlo en los plazos y condiciones que había planificado.

Para ese caso, la ley habilita al titular postergado, limitado o impedido a reclamar al titular del proyecto priorizado las indemnizaciones por los gastos e inversiones efectivamente realizados y debidamente acreditados que resulten afectados, incluidos, cuando corresponda, los gastos vinculados al descubrimiento. La mención apunta al centro del negocio exploratorio, donde el valor de una compañía se construye sobre lo que encuentra.

Para una junior, la exigencia de acreditar cada gasto convierte la documentación de cada etapa en una herramienta de protección: cada campaña de geofísica, cada metro perforado y cada informe técnico presentado ante la autoridad forman parte de lo que eventualmente podrá reclamar.

El mapa de actores que pueden quedar de un lado u otro de un conflicto incluye también al propio Estado provincial.

Un Estado con empresas en las dos actividades

La nueva ley autoriza al Poder Ejecutivo a contratar en forma directa a la Empresa Mendocina de Energía (EMESA), la empresa energética de mayoría estatal, o a operadoras con concesiones en la provincia, para operar de manera transitoria áreas hidrocarburíferas sin titular hasta su licitación, en un plazo máximo de 18 meses. Durante ese período, la operadora transitoria tiene las obligaciones de un concesionario de explotación.

Del lado minero, Impulsa Mendoza Sostenible, la empresa de mayoría estatal que encabeza la estrategia minera provincial, tiene preferencia sobre las áreas que se liberan dentro de los distritos, desarrolla proyectos propios y financió los estudios ambientales que permitieron aprobar en bloque la exploración en Malargüe. Hace lo mismo en Mendoza Norte, donde además presentó el informe de impacto ambiental del proyecto Paramillos. Su proyecto cuprífero El Seguro fue adjudicado a Cerro Quebrado S.A., sociedad del grupo BHP.

En un eventual conflicto, el Poder Ejecutivo que resuelve es también el accionista de las empresas que pueden tener intereses en uno u otro título. La exigencia de una resolución fundada, con audiencia y con criterios enumerados en la ley, es la garantía que el texto ofrece frente a esa doble posición.

Lo que define la reglamentación

La ley deja al Poder Ejecutivo la reglamentación, y ahí se jugará buena parte de su eficacia para la minería. El artículo 23 fija principios y criterios; la reglamentación tendrá que traducirlos en plazos para la etapa de coordinación entre titulares, en reglas sobre quién convoca la audiencia y en qué momento, y en un método para acreditar las inversiones y ponderar entre sí los criterios enumerados. Un cruce sistemático de los catastros minero e hidrocarburífero al otorgar nuevos derechos permitiría, además, detectar las superposiciones antes de que se conviertan en conflicto.

Esas definiciones llegan en un momento concreto. Malargüe combina la cartera de exploración de cobre más amplia de la provincia con el desarrollo no convencional que la nueva ley busca impulsar, y Mendoza Norte avanza hacia su Declaración de Impacto Ambiental en el entorno de PSJ Cobre Mendocino.

Para las compañías que exploran en esos distritos, la reglamentación determinará si la regla de convivencia funciona como un procedimiento previsible o como una instancia abierta a cada caso. El principio que va a ordenar esas decisiones ya está escrito: ninguna actividad tiene prioridad por sí misma, y entre los criterios para decidir entre dos derechos válidos sobre el mismo terreno la ley incluye cuál llegó antes y cuál se ejerció con inversión.

Minería & Desarrollo