La credibilidad de una empresa minera se construye durante años, con inversiones, cumplimiento de compromisos, transparencia y respeto por las comunidades, pero puede perderse en cuestión de horas cuando sus explicaciones dejan de generar confianza entre quienes conviven con sus operaciones.

El derrame de relaves ocurrido el 5 de noviembre en la División Andina de Codelco, en Chile, ofrece un ejemplo de lo que significa perder ese capital, especialmente cuando existe incertidumbre sobre la calidad del agua que reciben las poblaciones y las actividades económicas ubicadas aguas abajo.

Como informó Minería & Desarrollo en su cobertura del 6 de noviembre, el derrame alcanzó el río Blanco y puso en alerta a la cuenca del Aconcagua, con medidas preventivas para proteger las captaciones de agua y los sistemas de riego.

La compañía estimó que entre uno y cinco metros cúbicos de relaves llegaron al río Blanco y sostuvo que los primeros controles no mostraron alteraciones significativas en determinados parámetros de calidad del agua.

Sin embargo, para las comunidades que viven aguas abajo, la pregunta no se limita a cuántos metros cúbicos se derramaron, sino a qué contenían, hasta dónde pudieron llegar sus componentes y qué consecuencias pueden tener sobre el agua utilizada para consumo humano, producción agrícola y actividades industriales.

Mucho más que agua

El valle del Aconcagua no es un territorio sin actividad económica, sino una región agrícola e industrial que sostiene inversiones, empleo, producción de alimentos y exportaciones hacia mercados internacionales.

La Corporación de Fomento de la Producción de Chile (Corfo) identificó aproximadamente 8.000 hectáreas de uva de mesa concentradas principalmente en las provincias de San Felipe y Los Andes, una superficie que demuestra la importancia de la producción frutícola del propio Valle del Aconcagua y su vinculación con los mercados internacionales.

La actividad exportadora no se limita a los productores individuales, porque empresas como Pronto Export y DISA desarrollan actividades de producción, selección, empaque y comercialización internacional de frutas provenientes del valle, con una cadena económica que involucra trabajadores agrícolas, transportistas, establecimientos de procesamiento y servicios asociados.

Hacia otros sectores de la cuenca, como Quillota, La Cruz, La Calera e Hijuelas, adquieren importancia los paltos, los cítricos, los nogales, las hortalizas y otras producciones que necesitan agua para sostener sus ciclos agrícolas.

La cuenca del Aconcagua también reúne actividades agroindustriales, industriales y mineras que comparten el recurso hídrico con los sistemas de riego y abastecimiento humano, de modo que cualquier duda sobre la calidad del agua puede generar preocupación mucho más allá de los establecimientos agrícolas.

ProChile informó que durante el primer trimestre de 2026 las exportaciones agropecuarias de toda la Región de Valparaíso alcanzaron los USD 541 millones, con USD 169 millones correspondientes a uvas frescas y USD 90 millones a paltas.

Estas cifras corresponden al conjunto de la región y no exclusivamente a la cuenca del Aconcagua, pero permiten comprender la dimensión de una economía que vende su producción a mercados exigentes como Estados Unidos, China y países europeos.

Para una empresa agrícola que exporta alimentos, la calidad del agua no es solamente una cuestión ambiental, sino también una condición para cumplir normas sanitarias, conservar clientes y mantener su reputación comercial.

No existe evidencia de que el derrame de Andina haya contaminado esas producciones o afectado sus exportaciones, pero la incertidumbre sobre la calidad del agua constituye un problema que las autoridades deben resolver con resultados completos, públicos y verificables.

Y aquí aparece una cuestión que la minería muchas veces subestima: cuando se produce una emergencia, las consecuencias de la falta de información pueden extenderse mucho más allá de las instalaciones de la compañía.

El costo de no creer

Codelco atraviesa una situación particularmente delicada porque el derrame ocurrió el mismo día en que su conducción reconoció irregularidades en los registros de producción de 2024 y 2025, con 42.100 toneladas de cobre contabilizadas artificialmente según los resultados preliminares de una investigación.

A estos antecedentes se suman accidentes fatales, entre ellos la tragedia de El Teniente de julio de 2025, que dejó seis trabajadores muertos y abrió graves cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de prevención y seguridad.

No significa que la compañía esté falseando la información sobre el derrame, pero sí que sus antecedentes recientes obligan a exigir controles independientes capaces de respaldar cada afirmación sobre el volumen liberado y la calidad del agua.

Una empresa que reconoció irregularidades en sus propios registros tiene una dificultad adicional para convencer a las comunidades de que sus mediciones ambientales son suficientes, por más que hayan sido realizadas por profesionales técnicamente competentes.

La confianza no se recupera mediante comunicados ni declaraciones tranquilizadoras, sino reconociendo errores, entregando información completa, sometiéndose a controles externos y demostrando con hechos que las deficiencias fueron corregidas.

En este caso, el cierre preventivo de compuertas de riego y la suspensión temporal de una captación superficial de agua potable muestran que las decisiones necesarias para proteger a la población pueden afectar actividades ajenas a la minería.

El antecedente de Veladero, en San Juan, también dejó una enseñanza sobre las consecuencias que un incidente con llegada de sustancias a cursos de agua puede tener sobre la confianza de las comunidades, incluso muchos años después de ocurrido.

Una responsabilidad mayor

La minería necesita aceptación social para desarrollarse, pero esa aceptación no se consigue solamente con inversiones, empleos, infraestructura o programas de relacionamiento comunitario.

Se construye cuando una empresa demuestra que sus compromisos son confiables y que, especialmente ante una emergencia, coloca la seguridad de las personas y el ambiente por encima de la necesidad de proteger su imagen.

Para un productor agrícola del Aconcagua, para una industria que utiliza agua en sus procesos o para una familia que depende del abastecimiento público, poco importa cuánto cobre produce Codelco si no existen certezas suficientes sobre la seguridad del recurso que utilizan.

Tampoco alcanza con afirmar que un derrame fue pequeño, porque su importancia ambiental depende de la composición del material, de su comportamiento en el agua y de las consecuencias que pueda generar, no solamente del volumen informado.

Las empresas mineras deberían comprender que su responsabilidad no termina en los límites de una concesión ni en el cumplimiento formal de una obligación administrativa, porque también alcanza a las comunidades y actividades económicas que pueden recibir las consecuencias de sus decisiones.

Por eso, el principal desafío de Codelco no consiste únicamente en explicar qué ocurrió con su canaleta de relaves, sino en demostrar que sus controles funcionan, que sus datos son confiables y que las personas ubicadas aguas abajo pueden tomar decisiones con información suficiente.

La credibilidad tiene un valor económico, ambiental y social que no siempre aparece en los balances, pero cuya pérdida puede comprometer relaciones construidas durante décadas y afectar incluso a otras compañías que desarrollan su actividad responsablemente.

La lección es sencilla: una empresa minera puede recuperar producción después de un accidente, reparar instalaciones y hasta compensar daños económicos, pero recuperar la confianza de una comunidad que dejó de creerle es mucho más difícil.

Mineria & Desarrollo