¿Fiscalización o persecución?

Santa Cruz ahora pone bajo revisión las inversiones de tres proyectos del Macizo del Deseado

El gobierno de Claudio Vidal inspeccionó los proyectos Joaquín, Nico y La Rosita para comprobar si Unico Silver, Mirasol Resources y Tamar Mining cumplen las inversiones comprometidas y sus programas de exploración. La decisión refuerza el control provincial sobre las concesiones mineras y vuelve a poner en discusión las obligaciones de las empresas que mantienen propiedades con potencial de oro y plata.
Por Martín Walker

La Secretaría de Estado de Minería de Santa Cruz decidió profundizar las inspecciones sobre las concesiones del Macizo del Deseado, uno de los distritos metalíferos más importantes del país, donde la necesidad de incorporar nuevas reservas es determinante para sostener el futuro de la actividad.

Los equipos técnicos provinciales recorrieron tres emprendimientos para verificar las tareas realizadas, el avance de las campañas exploratorias y las condiciones de seguridad operativa, además de contrastar la información presentada por las compañías con lo efectivamente ejecutado en el terreno.

La medida tiene especial importancia porque las provincias son titulares del dominio originario de sus recursos naturales y tienen la responsabilidad de administrar las concesiones, controlar las obligaciones legales y evitar que propiedades con potencial permanezcan sin actividad cuando existen compromisos exigibles.

En este caso, los antecedentes de las empresas inspeccionadas muestran situaciones diferentes, desde un proyecto que busca avanzar hacia una nueva operación minera hasta propiedades que registraron dificultades exploratorias o cambios en sus condiciones de desarrollo.

Joaquín y sus inversiones

El proyecto Joaquín, operado por la australiana Unico Silver, es el más avanzado de los tres y forma parte de una estrategia para desarrollar nuevos recursos de plata junto con Cerro León.

La compañía adquirió Joaquín y Cerro Puntudo en 2024 y posteriormente consolidó otros activos del distrito, con un programa de inversiones orientado a perforaciones, estudios metalúrgicos y trabajos de ingeniería para evaluar su desarrollo.

Joaquín cuenta con una estimación de aproximadamente 167 millones de onzas de plata equivalente y la empresa tiene previsto presentar en enero de 2027 un estudio de prefactibilidad que integre también Cerro León.

El antecedente inmediato del control provincial se encuentra en mayo, cuando funcionarios de Minería, Recursos Hídricos y Fiscalización Ambiental mantuvieron una reunión con directivos de Unico Silver para coordinar el seguimiento técnico y administrativo del emprendimiento.

La inspección actual permitirá a las autoridades contrastar los avances declarados con los trabajos realizados, en un proyecto que busca convertirse en una nueva alternativa productiva para la minería santacruceña.

Los antecedentes de Nico

La situación de Nico, vinculado a la canadiense Mirasol Resources, presenta una historia diferente y constituye uno de los aspectos más interesantes de la revisión provincial.

En marzo de 2019, Mirasol informó los resultados de una campaña de 27 perforaciones que totalizaron 1.610 metros y cuyos análisis mostraron resultados mayormente de baja ley, por lo que la compañía comunicó que no contemplaba continuar perforando en ese momento.

La propiedad pasó posteriormente a integrar un acuerdo con Patagonia Gold, que en abril de 2025 anunció la devolución de tres de las catorce propiedades que conformaban Nico y la renuncia a las once restantes.

La empresa explicó que no había podido ejecutar los trabajos exploratorios previstos, principalmente por dificultades para acceder a terrenos cuyos propietarios superficiales no otorgaban autorización o exigían condiciones que consideraba inaceptables.

Estos antecedentes adquieren relevancia porque permiten comprender las dificultades que enfrentó el proyecto, aunque no constituyen por sí mismos pruebas de incumplimientos legales de sus concesionarios.

La revisión provincial abre ahora la posibilidad de conocer qué propiedades permanecen vigentes, cuáles son sus obligaciones exigibles y qué inversiones o actividades se encuentran efectivamente comprometidas.

El control provincial

La tercera propiedad inspeccionada es La Rosita, a cargo de Tamar Mining, una empresa que incluye este proyecto de oro y plata de Santa Cruz dentro de su cartera de exploración.

A diferencia de Joaquín, la información pública disponible sobre La Rosita es más limitada, especialmente en relación con los montos comprometidos, los cronogramas de inversión y los resultados de sus trabajos recientes.

El Gobierno provincial encuadró las inspecciones en las facultades de fiscalización previstas por el artículo 217 del Código de Minería, que establece obligaciones vinculadas con las inversiones de capital fijo y contempla verificaciones técnicas y contables para comprobar su ejecución.

Sin embargo, las autoridades no informaron incumplimientos comprobados, sanciones ni procedimientos de caducidad contra las tres empresas, por lo que las inspecciones no deben confundirse con una determinación de irregularidades.

La decisión también tiene antecedentes recientes porque Santa Cruz inspeccionó durante este año otros emprendimientos del Macizo del Deseado, entre ellos Cap Oeste y Don Nicolás, como parte de su política de seguimiento operativo y fiscalización.

En mayo, el propio Gobierno había identificado doce proyectos con exploración activa en este distrito, lo que demuestra la importancia de incorporar nuevas reservas para extender la vida útil de las operaciones y sostener las oportunidades de empleo y contratación de proveedores.

El desafío para la administración de Claudio Vidal será mantener el equilibrio entre la promoción de inversiones y el cumplimiento efectivo de las obligaciones, sin confundir los riesgos propios de la exploración con la falta de ejecución de compromisos legalmente exigibles.

La autoridad minera tiene la responsabilidad de garantizar seguridad jurídica a quienes invierten, pero también de verificar que las concesiones se administren conforme a la legislación y no permanezcan inmovilizadas cuando corresponde desarrollar trabajos. aunque de todas formas por las declaraciones de algunos funcionarios públicos todo aparece como una verdadera persecución.

Por eso, el resultado más importante de estas inspecciones será conocer qué inversiones se comprobaron, cuáles son las obligaciones vigentes en cada proyecto y si las empresas están cumpliendo los cronogramas comprometidos.

Santa Cruz puede transformar estos controles en una señal de previsibilidad para la industria, siempre que las verificaciones se realicen con criterios técnicos, decisiones fundadas y resultados transparentes para las compañías y la sociedad.

 

 

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