El Gobierno anuncia US$ 6.600 millones en obras eléctricas, pero la minería deberá financiar parte de la infraestructura que necesita

La expansión de la minería argentina, especialmente de los grandes proyectos de cobre y litio, dependerá tanto de las inversiones en las minas como de la disponibilidad de electricidad para ponerlas en funcionamiento. El anuncio del Gobierno nacional sobre la ampliación de la red de transporte eléctrico vuelve a colocar en primer plano una de las principales necesidades de infraestructura del sector.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el 22 de octubre una garantía de inversión de US$ 200 millones, con una vigencia de 25 años, para respaldar dos corredores del sistema eléctrico nacional. La decisión busca reducir los riesgos financieros de las empresas que participen en la construcción y operación de las nuevas instalaciones.

El plan anunciado por la Secretaría de Energía contempla inversiones superiores a US$ 6.600 millones y 5.610 kilómetros de nuevas líneas de transporte de alta tensión. Sin embargo, corresponde distinguir entre las obras previstas por el Gobierno, las que efectivamente se encuentran en proceso de licitación y aquellas que deberán financiar las propias compañías mineras.

Qué garantiza el BID

El respaldo aprobado por el organismo internacional corresponde a AMBA I, en Buenos Aires, y al corredor Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca, destinado a fortalecer la vinculación eléctrica entre la Patagonia y el resto del país. Según la información oficial, estas inversiones permitirían mejorar la calidad del abastecimiento para unos 16 millones de usuarios.

La garantía no representa un desembolso directo de US$ 200 millones para construir las obras ni supone que el BID financiará la totalidad del plan. Se trata de un instrumento que ofrece cobertura frente a determinados riesgos contractuales y facilita la participación de capital privado en inversiones que requieren largos períodos de recuperación.

El esquema nacional establece que las empresas privadas financiarán, construirán y operarán las ampliaciones mediante concesiones de obra pública. La recuperación de las inversiones se realizará a través de cargos tarifarios aplicados a los usuarios beneficiados, lo que abre una discusión sobre la distribución de los costos entre los distintos sectores económicos.

Las obras mineras

Para San Juan, una de las principales conexiones contempladas es la línea de 500 kV Rodeo–Chaparro–La Rioja Sur, que forma parte de la planificación nacional. Su importancia está directamente relacionada con las necesidades de abastecimiento de los proyectos cupríferos y con la posibilidad de ampliar la infraestructura energética disponible para otras actividades de la provincia.

La compañía Vicuña, responsable del desarrollo integrado de Josemaría y Filo del Sol, ya inició un proceso regulatorio para ampliar el sistema eléctrico. El proyecto comprende la adecuación del corredor Nueva San Juan–Rodeo, nuevas instalaciones transformadoras en Rodeo y Chaparro y una línea de aproximadamente 167 kilómetros de 500 kV entre ambas estaciones.

La documentación regulatoria identifica una demanda inicial de 260 MW para la primera fase de Josemaría, mientras que las obras promovidas por Vicuña incluyen una estación transformadora de 450 MVA en Chaparro. Estas instalaciones tendrán una importancia que excede el abastecimiento de una sola operación minera, porque podrían contribuir al desarrollo de nuevas conexiones en el norte sanjuanino.

En este proceso aparece una cuestión especialmente relevante para San Juan: quién financiará las ampliaciones y bajo qué condiciones podrán utilizarlas otras compañías.

El EPRE provincial planteó durante la tramitación del proyecto de Vicuña la necesidad de preservar el acceso de futuros desarrollos como Los Azules, Hualilán y Casposo, evitando que la capacidad disponible quede comprometida en perjuicio de otros usuarios.

La resolución 330/2026, publicada en julio, autorizó las obras y ratificó a favor de Vicuña prioridades de utilización de capacidad eléctrica por 25 años, después de rechazar las oposiciones presentadas por organismos provinciales, municipios y empresas mineras.

Entre ellas figura la prioridad de hasta el 90% de la capacidad de la nueva línea Rodeo–Chaparro, una decisión que plantea el desafío de compatibilizar la seguridad de abastecimiento del inversor con las necesidades de futuros usuarios.

Catamarca y Salta

El programa nacional también contempla la línea de 500 kV Lavalle–Chumbicha, en Catamarca, y otro corredor desde Chaparro hacia Antofagasta de la Sierra y la Puna salteña. Son conexiones que podrían contribuir a mejorar las condiciones energéticas para nuevas inversiones mineras, particularmente en regiones donde la distancia respecto de las redes existentes incrementa los costos de los proyectos.

La construcción de estas líneas no implica que las minas y plantas de procesamiento tendrán automáticamente electricidad disponible. Cada desarrollo deberá resolver sus necesidades de conexión, transformación de tensión, capacidad de suministro y, cuando corresponda, la construcción de instalaciones propias hasta los puntos de consumo.

La disponibilidad de electricidad también puede incidir en los costos de operación y en las decisiones sobre generación propia, contratación de energía y utilización de fuentes renovables. Para los grandes proyectos de cobre, que necesitan abastecimiento continuo durante décadas, disponer de infraestructura suficiente constituye una condición relevante para concretar las inversiones.

El desafío para el Gobierno nacional será transformar la planificación de US$ 6.600 millones en licitaciones adjudicadas, financiamiento comprometido y obras terminadas dentro de los plazos que necesita la industria. Para las provincias mineras, será igualmente importante establecer qué infraestructura pagarán las compañías, qué instalaciones quedarán incorporadas al servicio público y cómo se garantizará el acceso a futuros proyectos.

El antecedente de San Juan demuestra que las empresas mineras pueden financiar infraestructura que posteriormente beneficie a otros usuarios, aunque esa contribución requiere reglas precisas sobre recuperación de costos y utilización de capacidad.

De la coordinación entre el Estado, los organismos reguladores y los inversores dependerá que las nuevas líneas eléctricas acompañen efectivamente la construcción de las futuras minas argentinas.

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