Se va Daniel González: unos preguntan por qué y otros a qué empresa irá después de administrar el RIGI

La renuncia de Daniel González al Ministerio de Economía, anunciada ayer, deja una pregunta que supera las razones personales utilizadas para explicar su salida. Mientras algunos quieren saber por qué abandona el Gobierno, otros se preguntan dónde continuará su carrera y qué consecuencias podría tener esa decisión para la credibilidad del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

González no fue un funcionario secundario de Luis Caputo. Como secretario de Coordinación de Energía y Minería participó en la articulación de una política que otorga beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios excepcionales a quienes ejecuten grandes inversiones.

Su salida fue presentada como el cierre de una etapa que venía conversando con Caputo desde hacía meses.

El destino también importa

Que un funcionario regrese al sector privado es normal y legítimo. La discusión comienza si su nueva actividad guarda relación directa con decisiones que tomó, expedientes que conoció o empresas con las que interactuó desde el Estado.

Si una compañía alcanzada por el RIGI lo contratara como ejecutivo o asesor, correspondería examinar su intervención en los trámites, los posibles conflictos de intereses y las restricciones legales aplicables. Esa evaluación no implica afirmar que existieron irregularidades.

La credibilidad de un régimen de estabilidad de treinta años exige procedimientos independientes de los funcionarios que los administran. Las inversiones necesitan reglas previsibles y controles que puedan resistir los cambios de autoridades.

Para la minería, el RIGI representó una señal de previsibilidad que la Argentina necesitaba recuperar.

Sus incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, sumados a la estabilidad normativa, contribuyeron a mejorar la credibilidad del país ante inversores que comparan proyectos y jurisdicciones antes de comprometer capital por décadas.

En la minería del cobre, donde una mina exige inversiones iniciales multimillonarias y largos períodos sin ingresos, esa diferencia puede resultar decisiva.

Argentina compite con países que ofrecen marcos jurídicos más consolidados o una carga tributaria más competitiva; sin una herramienta de esta naturaleza, algunos proyectos habrían enfrentado mayores dificultades para alcanzar una decisión de inversión.

No es posible afirmar que todas las iniciativas aprobadas jamás se hubieran realizado sin el RIGI.

Sí puede sostenerse que el régimen mejoró las condiciones económicas y la previsibilidad de proyectos que llevaban años buscando dar el salto de la exploración a la construcción, y contribuyó a colocar nuevamente a la minería argentina en el radar de los grandes capitales internacionales.

El próximo desafío consiste en que ese impulso inversor amplíe de manera sostenida las oportunidades de las empresas argentinas.

La UIA planteó la importancia de mejorar la competitividad y fortalecer proveedores, mientras que CAEM acompaña los incentivos y trabaja en iniciativas de articulación productiva.

Las cámaras de proveedores y las organizaciones sindicales pueden encontrar en la nueva etapa una oportunidad para impulsar capacitación, empleo calificado y mayores capacidades industriales. Las compras locales deben evaluarse según la naturaleza de cada proyecto y la capacidad real de oferta nacional.

El RIGI contempla planes de desarrollo de proveedores con un umbral legal del 20%, sujeto a las condiciones de la normativa. La meta hacia adelante es superar el mero cumplimiento formal mediante procesos de formación, transferencia de capacidades y contratos que se sostengan a lo largo de la vida útil de las minas.

La ronda de negocios en Rosario anunciada por Economía puede contribuir a ese objetivo al acercar empresas argentinas a los compradores de grandes proyectos. Es una oportunidad para acompañar la inversión con políticas de competitividad y una integración productiva cada vez más profunda.

Por qué es importante

La salida de González coincide con una etapa en que el RIGI debe convertir la credibilidad recuperada y las inversiones anunciadas en proyectos ejecutados, empleo y demanda para la industria nacional. Ese es el desafío natural de una política de inversión de largo plazo, y no una objeción a las herramientas que permitieron impulsar las iniciativas.

El Ministerio de Economía debe resguardar de manera completa, íntegra y verificable cada intervención de González en la tramitación del RIGI: dictámenes, informes, reuniones, comunicaciones, recomendaciones y decisiones en los expedientes de las empresas solicitantes y beneficiarias.

Esa documentación es indispensable para evaluar eventuales conflictos de intereses y garantizar que se cumplan los deberes previstos en la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Conservar esos antecedentes no implica atribuirle irregularidades a González ni cuestionar automáticamente las aprobaciones concedidas.

Significa asegurar la trazabilidad de las decisiones estatales y permitir que los organismos competentes puedan revisar, si correspondiera, cualquier vínculo posterior con compañías favorecidas por el régimen.

Daniel González se va y deja una política de grandes dimensiones económicas cuya evaluación recién comienza.

Su eventual regreso al sector privado será una decisión personal, pero el destino que elija podría tener una relevancia institucional que exceda ampliamente su trayectoria profesional.

Algunos seguirán preguntándose por qué renunció. Otros estarán atentos a qué empresa podría incorporarse.

Sin embargo, la cuestión verdaderamente importante es si el RIGI podrá demostrar que fue diseñado y administrado para beneficiar a la Argentina en su conjunto.

Porque el problema no sería que González volviera al sector privado. El problema sería que una decisión de esa naturaleza terminara poniendo en duda la credibilidad de un sistema de inversiones que necesita generar confianza durante las próximas tres décadas.

Estos son todos los proyectos aprobados por Daniel Gonzalez

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