Escándalo en Tribunal Ambiental de Chile al apartarse 3 jueces en la prospección de Barrick en Pascua Lama

El conflicto enfrenta a comunidades que cuestionan la aprobación ambiental de El Alto con la iniciativa de Barrick de realizar sondajes en terrenos del clausurado Pascua Lama. Los reclamantes sostienen que estas tareas son incompatibles con el cierre y pidieron suspender temporalmente los efectos del permiso ambiental mientras la Justicia revisa su legalidad.

Según una investigación de BioBioChile, la web del Primer Tribunal Ambiental anunció que se rechazaban esos pedidos de suspensión, conocidos como medidas cautelares, aunque no había una resolución formal en el expediente. La publicación fue retirada y los tres jueces titulares se inhabilitaron por haber anticipado opinión sobre un asunto que todavía debían resolver.

Inhabilitarse significa, en este caso, apartarse de esas causas para que otros jueces decidan con garantías de imparcialidad; no implica una destitución ni una prohibición de ejercer como magistrados.

Los expedientes fueron remitidos al Segundo Tribunal Ambiental, en Santiago, sin que este episodio resolviera la discusión sobre la legalidad de El Alto.

El proyecto pertenece a Compañía Minera Nevada, de Barrick, y contempla 43 plataformas de sondaje en Alto del Carmen para precisar el potencial del recurso mineral.

La expresión Pascua Lama 2.0 usada en la cobertura periodística alude a su ubicación, pero El Alto es una prospección y no una autorización para explotar una mina.

Imparcialidad bajo cuestionamiento

Los jueces que se apartaron fueron Alamiro Alfaro, Sandra Álvarez y Marcelo Hernández. Por separado, los reclamantes cuestionaron al relator Álvaro Funes, quien había trabajado en el área legal de Minera Zaldívar, vinculada a Barrick.

Ese antecedente laboral motivó sospechas de conflicto de interés, pero la información publicada no acredita una maniobra de la empresa ni una actuación deliberada del funcionario para favorecerla.

El tribunal respondió a BioBioChile que no ampliaría sus pronunciamientos fuera de los expedientes y que reforzó sus protocolos de comunicación.

El conflicto de fondo

El Primer Tribunal Ambiental informó el 31 de agosto que las reclamaciones discuten si pueden autorizarse nuevos sondajes en instalaciones alcanzadas por la clausura de Pascua Lama.

También cuestionan la evaluación del agua, los glaciares, los efectos acumulativos y la participación indígena.

El tribunal debe examinar esas objeciones y determinar si la aprobación ambiental de El Alto se ajusta a derecho. Los pedidos de suspensión buscaban evitar que las tareas avanzaran durante esa revisión, pero admitir una reclamación a trámite no equivale a dar la razón a quienes la presentan.

En paralelo, la agenda oficial de la Comisión de Evaluación de Atacama prevé tratar el 1 de octubre solicitudes de invalidación contra la aprobación ambiental de El Alto. Se trata de una instancia administrativa distinta de la revisión judicial y su inclusión en la agenda no anticipa el resultado.

Por qué es importante

Lo que está en juego es si los sondajes pueden desarrollarse legalmente en un área con restricciones derivadas del cierre de Pascua Lama. La controversia sobre los jueces agrega un problema de confianza al conflicto ambiental y obliga a que otros magistrados se hagan cargo de resolverlo.

Para la minería, el riesgo institucional es que una falla del propio sistema de justicia profundice la desconfianza y vuelva más inciertos los plazos.

Las comunidades necesitan una respuesta fundada a sus objeciones y la empresa necesita que cualquier decisión provenga de un tribunal cuya imparcialidad pueda sostenerse públicamente.

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