Nación exige nueva generación electrica para abastecer a los grandes proyectos mineros
Los grandes proyectos mineros que queden alcanzados por el nuevo régimen eléctrico deberán asegurar el abastecimiento que necesitan para producir. La Resolución 264/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este 25 de septiembre y vigente desde hoy, establece que su incorporación no debe consumir las reservas destinadas al resto de los usuarios.
El Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM) comprende nuevas demandas y ampliaciones cuyo incremento alcance al menos el 0,5% de la demanda media del Mercado Eléctrico Mayorista.
La comunicación oficial traduce esa referencia en unos 80 MW actuales: es una equivalencia orientativa, no un umbral fijo independiente de la evolución del sistema.
Los emprendimientos productivos deberán cubrir al menos el 80% de su consumo mensual con contratos de generación nueva y respaldar el 100% de su demanda máxima con nueva potencia firme.
Para los centros de datos, ese respaldo sube al 115%. La energía es lo consumido durante un período; la potencia firme es la capacidad disponible para atender la demanda cuando se necesita.
La obligación no significa que cada minera deba construir una central. Puede elegir tecnología y proveedor, incluida generación propia en su punto de conexión. Pero contratar oferta existente no equivale a cumplir: la resolución considera nueva la oferta habilitada comercialmente después de presentar la solicitud de incorporación de la demanda ante Energía.
La energía condiciona inversiones
Para la minería, la consecuencia es concreta: asegurar electricidad pasa a formar parte del desarrollo del proyecto desde sus primeras decisiones. La contratación, el financiamiento y la puesta en servicio de la generación deberán coordinarse con la construcción de la mina.
Si esos tiempos se separan, el inicio productivo podría demorarse aunque otras obras estén terminadas.
El abastecimiento tampoco resuelve por sí solo el transporte. Una central puede producir energía y, aun así, faltar capacidad para llevarla hasta la operación. La norma mantiene los procedimientos y las competencias sobre acceso, conexión y ampliaciones de redes.
En provincias cordilleranas, esto obliga a evaluar conjuntamente generación, líneas y estaciones transformadoras.
Hay una exigencia inmediata: las solicitudes de incorporación o acceso alcanzadas que estén en trámite deberán adecuarse dentro de los 60 días de vigencia, cualquiera sea su fecha de presentación. El anuncio no identifica minas específicas.
Atribuir la obligación a una empresa exige verificar su demanda, la ampliación prevista y el estado de su expediente.
Costos y oportunidades provinciales
El Gobierno sostiene que el esquema protege a hogares, comercios e industrias existentes y evita trasladarles el costo de las nuevas demandas. También anticipa que, ante falta de oferta, se priorizará a los usuarios frente a grandes consumos sin respaldo suficiente. Para el inversor, reglas explícitas permiten planificar, aunque asumir generación y potencia puede elevar compromisos financieros y complejidad.
Para las provincias, la oportunidad está en coordinar obras que permitan atender proyectos mineros y futuras necesidades productivas. Ese beneficio no es automático: dependerá de capacidad disponible, condiciones de acceso y acuerdos de financiamiento. Los contratos podrían abrir trabajo a proveedores de ingeniería, construcción y mantenimiento; el desarrollo y las compras a sus propios proveedores requerirán planificación y participación local.
Por qué es importante
Una inversión minera necesita electricidad suficiente y confiable para convertirse en producción. El régimen busca que ese crecimiento agregue oferta y no reduzca la seguridad del suministro existente. Su resultado dependerá de que la generación, las redes y las minas avancen a tiempo: la obligación de abastecerse ordena responsabilidades, pero no construye por sí sola la infraestructura.
Minería & Desarrollo
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