El RIGI empieza donde termina la exploración: Mendoza está del otro lado de esa línea

Muchas veces las provincias terminan adoptando la herramienta que está disponible antes que la que necesitan, y el entusiasmo por subirse al instrumento del momento corre del centro una pregunta más incómoda, que es si ese instrumento sirve para el punto de la cadena en el que cada una está parada.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones está cambiando la realidad del desarrollo minero argentino, y en Mendoza hay expectativa puesta en lo que pueda traer. La cuestión de fondo es que el régimen entra a jugar en un punto de la cadena bastante más adelante de donde está la apuesta de desarrollo que hoy tiene la minería provincial.

Mendoza no exploró durante veinte años y hoy no tiene proyectos explorados. Tiene PSJ Cobre Mendocino en puertas de construcción y, de ahí a mucha distancia, un conjunto de iniciativas que recién empieza a explorar. El RIGI es una herramienta útil para PSJ, pero no es vital. Se trata de un proyecto que llegó al régimen ya con la decisión de desarrollarlo. Para el resto, la exploración, que es donde se define si Mendoza tiene o no futuro minero, no hay esquema en aplicación.

A todo esto, se sumó un fuerte contraste que vino desde Chile. El 9 de septiembre, el Ejecutivo trasandino ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma al mercado de capitales local que incorpora una batería de incentivos dirigidos específicamente a la exploración greenfield. La distancia entre ese proyecto y lo que hoy ofrece Argentina no está en el tamaño del beneficio, está en a quién se le entrega.

Un régimen que premia la decisión ya tomada

El RIGI funciona, y conviene decirlo sin condicionar antes de señalar su alcance. Ofrece una batería de beneficios. Ese paquete mejora de manera concreta la ecuación de un proyecto que va a construirse y explica buena parte del movimiento que hoy muestra la minería argentina.

El punto no es su calidad sino su umbral. Para adherir hay que comprometer US$200 millones, cifra que ninguna campaña de exploración se acerca a alcanzar: un programa de perforación inicial se mide en unidades de millón, no en centenas.

El régimen mejora las condiciones de una inversión ya decidida. No interviene en el momento en que esa decisión se toma, ni mucho menos en el anterior, cuando todavía no hay nada que decidir porque no hay yacimiento identificado.

En Mendoza eso se traduce en un único caso minero. PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata, departamento mendocino de Las Heras, adhirió al régimen en mayo de este año con ingeniería avanzada y con la DIA aprobada para la construcción. El resto de la cartera provincial está a una distancia de muchas etapas, de años, de poder siquiera presentar una solicitud.

Ahí aparece la consecuencia menos discutida del diseño. El Estado argentino está acompañando el último paso de la cadena y el primero hoy compite por financiamiento sin muchas herramientas y menos aún si lo comparamos con lo que está impulsando Chile ahora. Sin embargo, es este primer eslabón el que inicia la fabricación. Sin exploración sostenida hoy no habrá proyectos greenfield futuros, que es justamente lo que se sufre al otro lado de la cordillera. Y los instrumentos argentinos que sí miran a la exploración existen desde hace tres décadas, con otro problema encima.

Un beneficio que existe desde 1993, pero que no es efectivo

La Ley 24.196 de inversiones mineras le permite a una compañía descontar del impuesto a las ganancias de lo que gasta buscando un yacimiento: prospección, exploración, estudios, ensayos. Sobre el papel es exactamente el incentivo que la etapa necesita.

El problema es que descontar sirve únicamente si hay de dónde. Una exploradora no factura, porque su trabajo consiste en buscar algo que todavía no produce ingresos, así que no tiene ganancias a las cuales aplicar ese descuento. Lo que le queda es una pérdida acumulada, y la ley impositiva le da cinco años para usarla.

El otro gran beneficio del régimen tiene un desajuste parecido. La estabilidad fiscal por treinta años empieza a correr cuando la empresa presenta el estudio de factibilidad, que es justamente el documento que una compañía en exploración no tiene.

Hay una excepción, y es el IVA. El impuesto que la compañía paga en sus compras e importaciones para explorar se le devuelve, y eso no depende de tener ganancias: es plata propia que vuelve. El trámite se modernizó en julio de este año. Ahora puede pedirse cuatro veces al año en lugar de dos, y el crédito también sirve para cancelar deudas impositivas y cargas sociales, aunque conservó intacta la espera de doce meses que la ley exige antes de poder reclamarlo.

Es el único instrumento argentino que efectivamente llega a una exploradora. Y aun así hace algo distinto de lo que hace falta: le devuelve caja a la empresa que ya consiguió el financiamiento, sin darle a un tercero ninguna razón para aportar.

Chile reforma su bolsa para que las exploradoras se financien adentro

El artículo tercero del proyecto chileno parte de una constatación sencilla: una compañía que sólo explora no puede entrar a la bolsa. Las reglas de inscripción están escritas para emisores maduros. La reforma crea entonces un segmento especial donde el requisito de entrada deja de ser el balance y pasa a ser el informe geológico: un Informe Técnico Minero de antigüedad no mayor a doce meses firmado por una persona competente independiente, la titularidad de la propiedad y un programa de exploración con presupuesto detallado. A la empresa no se le piden ingresos, utilidades ni historial de operación, se le pide que muestre dónde va a perforar, con qué plan y con cuánta plata.

Resuelto el acceso queda la otra mitad del problema, que es conseguir a alguien dispuesto a poner ese dinero en una actividad que la mayoría de las veces termina sin llegar a mina. Ahí está la pieza más interesante de la reforma, y consiste en rescatar un beneficio que hoy queda ocioso. Una exploradora acumula gastos deducibles y no tiene ganancias contra las cuales deducirlos, de modo que ese beneficio no le rinde nada justo en el momento en que está gastando. El Estatuto le permite renunciar a esos gastos de exploración greenfield y atribuírselos a los inversores que suscribieron la colocación, en proporción a lo que cada uno puso. El que perfora es la compañía; el que descuenta en su declaración es quien financió la perforación, que sí tiene renta contra la cual hacerlo. Es el mismo esquema que Canadá aplica con las flow-through shares y que explica buena parte de por qué Toronto concentra la exploración mundial.

A eso se suman dos beneficios directos para el que entra: un crédito equivalente al 35% de lo invertido contra su impuesto personal, con tope anual por contribuyente, y el tratamiento como ingreso no constitutivo de renta del mayor valor que obtenga al vender las acciones. Sumado el traspaso de gastos, el inversor chileno que decide financiar una campaña de perforación arranca con una porción relevante del ticket cubierta por el fisco y con la deducción del pozo en su propia declaración. El riesgo geológico queda intacto; lo que cambia es cuánto de ese riesgo sale de su bolsillo.

Lo que vuelve verosímil el esquema es que Chile tiene mercado donde apoyarlo. El mensaje presidencial usa las cifras para quejarse del deterioro de la plaza local, y aun en esa versión pesimista describen un sistema con espalda: capitalización bursátil en torno al 70% del PIB en 2025, 180 empresas listadas, fondos de pensiones con activos por encima del 65% del PIB y el puesto 25 entre los 38 países de la OCDE en el Índice de Desarrollo Financiero del Fondo Monetario Internacional, por delante de México, Colombia y Costa Rica. Una campaña de perforación inicial se financia con unos pocos millones de dólares, y para una plaza de ese tamaño reunir esa cifra varias veces al año está dentro de lo que el mercado absorbe sin esfuerzo. De ahí que el instrumento tenga sentido como empujón inicial a la exploración greenfield: el dinero está, lo que faltaba era una puerta de entrada y una razón para cruzarla.

Quedan dos límites por registrar. El Estatuto todavía no rige, porque entra en vigencia recién cuando la Comisión para el Mercado Financiero apruebe los reglamentos que le presenten las bolsas, sin fecha establecida. Y está cerrado a emisores extranjeros, ya que exige una sociedad constituida y domiciliada en Chile.

El fondo de Impulsa

A nivel local, la sociedad anónima del Estado mendocino, Impulsa Mendoza, estructura un fondo común de inversión cerrado con un rango de US$ 2 a 100 millones, con Max Capital Asset Management como sociedad gerente y Banco Comafi como depositaria, sujeto a aprobación de la Comisión Nacional de Valores. Apunta a la exploración de propiedades de Malargüe Distrito Minero Occidental y de Mendoza Norte Distrito Minero, con prioridad en cobre y con declaración de impacto ambiental aprobada como condición de entrada.

La elección del vehículo tiene su lógica. El esquema chileno descansa en un ahorrista que decide por su cuenta si un programa de perforación vale la pena; el mendocino le entrega esa decisión a un administrador profesional asistido por un filtro técnico. Para un mercado sin tradición de inversores formados en riesgo geológico, es la forma más razonable de empezar.

El puente y la ambición de ser un hub

El fondo no es la única apuesta financiera de la provincia. En marzo, durante PDAC 2026, se lanzó The Andean Bridge, una plataforma impulsada por la consultora IN-VR junto a TMX, BYMA, la Bolsa de Comercio de Mendoza y el Gobierno provincial. Ofrece cumbres de inversión, formación técnica y financiera y una aceleración de nueve a doce meses para preparar proyectos andinos hasta volverlos financiables, con la TSXV como destino posible de listado. Mendoza se posiciona ahí como hub financiero de la minería andina.

La plataforma se apoya en una premisa: que los proyectos andinos no encuentran mercado de capitales cerca y necesitan un canal que los lleve afuera. El pipeline que declara abarca Argentina, Chile y Perú. Si el segmento junior chileno entra en vigencia, una parte de ese corredor tendrá una opción local más cercana para sus primeras perforaciones. El proyecto chileno contempla además que estos papeles puedan negociarse a través de la infraestructura regional integrada en la que participa la bolsa de Santiago junto a las de Lima y Bogotá.

Nada de eso deja sin función al Andean Bridge, que vende la preparación y no el destino, y un proyecto preparado sirve igual para Toronto que para cualquier otra plaza. Lo que sí puede ser que achique, si Chile retiene lo suyo, es el alcance del adjetivo andino.

La alerta que deja Chile

El RIGI es un impulso real para el desarrollo minero argentino y hay proyectos de clase mundial esperando que se traduzca en obra. Pero lo que está pasando del otro lado de la cordillera debería funcionar como una voz de alerta, porque Chile llegó al lugar al que todo país minero termina llegando cuando descuida la etapa inicial.

La exploración no es la antesala de la industria: es una industria. Mueve equipos, laboratorios, geólogos y perforistas, genera recursos y trabajo aunque el yacimiento no aparezca, y ese movimiento se mide. En Chile la inversión en exploración alcanzó US$874,7 millones en 2025 -según el catastro de Cochilco, el mayor nivel desde 2013-, con el cobre llevándose el 76% de ese total.

Y aun con esa cifra, el país se quedó sin descubrimientos nuevos. Gastar no alcanza cuando lo que se explora está mayormente alrededor de las minas que ya operan. Por eso Chile necesita fomentar exploración nueva, y por eso le está sumando a la posibilidad de conseguir financiamiento internacional la de conseguirlo en su propio mercado de valores.

Para Mendoza, que es territorio inexplorado como buena parte de la Argentina, esa discusión no llega como noticia internacional. Llega como la definición de sí dentro de diez años tiene algo más que PSJ. Es una situación que excede a la provincia, porque sin una política que empuje la exploración temprana, el desarrollo minero nacional avanza sobre una cartera que hoy nadie está pensando en ampliar a futuro.

Argentina tiene escrito el beneficio a la exploración desde 1993, y le falta la decisión de que ese beneficio llegue a quien pone el dinero para perforar. Es la decisión que Chile está tomando ahora y la que acá todavía nadie puso sobre la mesa.

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