El Gobierno argentino dejó sin efecto nueve resoluciones vinculadas a la gestión minera
La Secretaría de Minería de la Nación derogó nueve resoluciones vinculadas con programas, estructuras de gestión y mecanismos de transferencia de fondos relacionados con la actividad minera. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 64/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de reorganización administrativa impulsado por el Gobierno nacional.
Las normas alcanzadas fueron dictadas entre 2008 y 2022 y, según los fundamentos de la nueva resolución, varias de ellas habían perdido vigencia, operatividad o compatibilidad con los actuales lineamientos de política minera. Entre ellas, figuran Huellas Mineras y Plan de Minería Social, entre otros.
La decisión contempla programas vinculados con la transferencia de recursos a provincias, municipios y otros organismos, además de distintas herramientas de planificación y coordinación del sector. Cabe destacar que estos planes no mostraron un óptimo funcionamiento y no generaban transferencias a las provincias.
Qué programas y estructuras fueron eliminados
Entre las disposiciones derogadas se encuentra la normativa relacionada con el Plan Nacional de Minería Social, incluyendo una adaptación implementada durante la emergencia sanitaria.
También quedó sin efecto el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, creado en 2020, junto con la Mesa Técnica de Análisis, que había sido conformada para revisar cuestiones vinculadas con las importaciones.
La medida alcanza además a la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas. De acuerdo con los fundamentos de la Resolución 64/2026, algunas de estas estructuras dejaron de tener operatividad, mientras que determinadas funciones podrán ser absorbidas por nuevas instancias de coordinación.
Otro de los cambios involucra una resolución de 2022 relacionada con los plazos para la rendición de fondos correspondientes a proyectos del Plan Nacional de Minería Social, el Plan Nacional de Huellas Mineras y otros programas de carácter social.
Cambios en el monitoreo ambiental
La reorganización también alcanza al Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, creado en octubre de 2022.
El programa tenía como objetivo promover la cooperación técnica y financiera con las provincias para mejorar sus capacidades de monitoreo ambiental de la actividad minera.
Con la derogación de la norma que lo creó, la Secretaría de Minería establece que su implementación deberá ser reemplazada por mecanismos alternativos considerados más eficientes.
Qué ocurre con los convenios que ya están vigentes
Uno de los aspectos centrales de la medida es que la derogación de las resoluciones no implica la interrupción de los derechos y obligaciones derivados de convenios que ya fueron firmados.
Por lo tanto, los proyectos que hayan recibido fondos deberán continuar con su ejecución y con las correspondientes rendiciones de cuentas.
También se mantendrán, cuando corresponda, las acciones destinadas al recupero de fondos, de acuerdo con las normas vigentes de administración financiera y el reglamento general aplicable a los recursos presupuestarios transferidos a provincias, municipios y otros organismos.
Una nueva estructura normativa para la minería
La derogación de las nueve resoluciones se encuadra en un proceso más amplio de reordenamiento de la normativa minera nacional.
Según los fundamentos de la medida, el objetivo es avanzar hacia una estructura regulatoria más simple y coherente, eliminando disposiciones consideradas obsoletas o vinculadas con programas que dejaron de responder a las prioridades actuales de gestión.
La Resolución 64/2026 entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, por lo que las modificaciones ya forman parte del esquema normativo vigente de la Secretaría de Minería.