Licencia social y minería: Mendoza impulsa el debate por la institucionalidad ambiental

Mendoza será epicentro de un debate fundamental sobre el futuro de su matriz productiva y el marco legal que la sustenta. Durante los días 1 y 2 de julio, se llevarán a cabo dos jornadas dedicadas a la institucionalidad ambiental, un concepto que busca dar operatividad real a los derechos consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Estas actividades contarán con la participación de destacados especialistas, entre ellos el abogado especialista en Derecho Ambiental, Gastón Noguera Ramos, quien expondrá sobre la necesidad de modernizar el sistema judicial en materia ambiental.

El eje central del debate radica en una paradoja del sistema actual: Argentina posee un extenso marco normativo que incluye desde la Constitución Nacional hasta el Código Civil, pero carece de la infraestructura institucional para aplicarlo de manera eficiente. Según los expertos, la creación de juzgados y fiscalías ambientales específicas es el paso necesario para que los derechos ambientales dejen de ser meras declaraciones y se conviertan en herramientas efectivas para la ciudadanía.

"Todos sabemos que tenemos un sinnúmero de normativas ambientales pero también todos sabemos que no existen o son muy pocos los juzgados específicos ambientales y fiscalías ambientales para hacer efectivo estos derechos", señaló el doctor Noguera Ramos en diálogo con Minería & Desarrollo. 

Esta iniciativa busca dotar a la provincia de una mayor seguridad jurídica, un factor determinante tanto para el resguardo de los derechos ciudadanos como para la atracción de inversiones a largo plazo. En un contexto donde Mendoza busca reactivar su actividad minera y potenciar su desarrollo económico, establecer reglas claras se vuelve imperativo para evitar que las normativas sean percibidas como una traba burocrática. Por el contrario, una institucionalidad robusta permite que las empresas operen bajo estándares previsibles y fiscalizados, según manifestó el especialista en derecho ambiental. 

Hasta el momento, el panorama nacional en esta materia es limitado, siendo Jujuy la provincia pionera con la creación de tribunales ambientales en 2015. Aunque Misiones ha avanzado en una ley similar, la demás provincias, especialmente aquella donde predomina la actividad minera, como en San Juan y Mendoza, buscan sumarse a esta tendencia de especialización para resolver conflictos complejos de manera técnica y expeditiva. La propuesta se mira en el espejo de modelos internacionales exitosos, como el de Chile, donde los tribunales ambientales cuentan con una integración mixta de abogados y especialistas técnicos.

Uno de los pilares que sostiene esta discusión es el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional al que Argentina se ha suscrito y que exige garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. La efectiva implementación de este acuerdo requiere que la sociedad no solo esté informada, sino que participe activamente en la toma de decisiones que afectan su entorno.

"Hay una falsa creencia de que la institucionalidad fuese una traba. Todo lo contrario. Es poner paño frío en algo que hace falta y en donde se busca tener reglas claras, sobre todo para empresas que se desarrollan en el largo plazo", agregó el abogado especialista. 

En este sentido, el concepto de licencia social cobra un protagonismo ineludible en el debate. Los especialistas advierten que la principal barrera para grandes proyectos suele ser la falta de comunicación y entendimiento con la comunidad. Por ello, las jornadas buscarán "decodificar" las necesidades de la sociedad para asegurar que el desarrollo económico no colisione con el derecho a un ambiente sano.

"La traba que hoy por hoy tenemos es la licencia social. Tenemos que ver cómo decodificamos las necesidades de la sociedad para también hacer efectivo este derecho ambiental que es un derecho de incidencia colectiva", explicó Noguera Ramos.

El marco legal argentino ya ofrece herramientas para esta armonización, especialmente a través del Artículo 14 del Código Civil, que establece la compatibilidad entre los derechos individuales (como la propiedad) y los derechos de incidencia colectiva (como el ambiente). La justicia especializada sería la encargada de ponderar estos intereses en conflicto, buscando siempre un equilibrio que favorezca el bienestar comunitario.

La primera de las jornadas tendrá lugar el miércoles 1 de julio en la sede del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza de 16:30 a 19:00 horas. Este encuentro estará dirigido principalmente a magistrados, fiscales y profesionales del derecho, enfocándose en la parte técnica y procedimental de la justicia ambiental.

La segunda jornada se desarrollará el jueves 2 de julio en el Aula Magna Descotte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Con un perfil más académico y abierto al público en general, este encuentro se extenderá de 9:30 a 12:00 horas y contará con el auspicio de diversos institutos de investigación. Se espera que la participación sea amplia.

Más allá de los tribunales, la institucionalidad ambiental abarca otros aspectos modernos de la gestión pública y privada. Temas como la contratación pública sustentable, la aplicación de normas internacionales como la ISO 14001 y la responsabilidad social empresaria también forman parte de la agenda que se discutirá en Mendoza. Estos estándares internacionales facilitan el cumplimiento normativo y elevan la competitividad de la provincia.

El debate sobre la reciente reactivación de minera en Mendoza no es ajeno a este contexto. La apuesta de estas jornadas es demostrar que, con los controles adecuados y una justicia especializada, es posible alcanzar un desarrollo sostenible que genere riqueza sin comprometer el capital ambiental. La ponderación de intereses —ambiente, gobernanza y economía— es el triángulo sobre el cual se deben tomar las decisiones estratégicas de la provincia.

Al promover estos espacios de diálogo entre el sector académico, el judicial y la sociedad civil, Mendoza busca incorporarse a un proceso de modernización institucional que responda a los desafíos del siglo XXI.

Finalmente, Noguera Ramos explica que para lograr un acercamiento a la institucionalidad, son necesarios dos aspectos fundamentales:el acceso a la información y la participación. 

"Esto implica una simbiosis muy importante con los derechos humanos. El derecho ambiental es un derecho humano", concluyó.