Duro revés judicial para Atómico3, la empresa cripto acusada de estafar con "litio sanjuanino"
Un duro revés judicial complicó aún más la situación de la firma Atómico3, una empresa vinculada a la minería de litio que está en el centro de una causa por supuesta estafa relacionada con la tokenización de ese recurso estratégico, con un supuesto emprendimiento de litio en el departamento Angaco, Provincia de San Juan, denominado "Proyecto Mogna". El proceso legal más importante en su contra entró ahora en una etapa definitoria tras una reciente decisión clave.
La Cámara Civil y Comercial Federal rechazó una presentación de amicus curiae en el expediente 12298/2025, una figura legal mediante la cual un tercero intenta aportar argumentos al tribunal. Con esa desestimación, el tribunal puede concentrarse plenamente en el fondo del conflicto: determinar si la Comisión Nacional de Valores (CNV) actuó de forma legal al suspender el registro de Atómico3 como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
Este fallo se suma a otro revés que la empresa ya había sufrido cuando un recurso de amparo que presentó para frenar la medida de la CNV fue rechazado por la Justicia. Esos resultados procesales han reducido las alternativas que tenía la compañía para evitar que el caso llegue pronto a una decisión sustantiva.
La propuesta de Atómico3 se basaba en la emisión de un token digital llamado AT3, el cual, según la empresa, estaría respaldado por reservas de litio validadas con la certificación técnica internacional NI 43-101. Ese estándar, reconocido globalmente en la minería, se usa para declarar recursos y reservas con normas claras de transparencia y rigor.
El atractivo de esa idea fue considerable, en un contexto donde el litio es un recurso estratégico para la transición energética y la industria de baterías. Sin embargo, al tratar de comprobar la existencia de concesiones, estudios técnicos acreditados y documentación que respaldara la titularidad de esos activos, Atómico3 no pudo presentar pruebas suficientes ante organismos de control y registros públicos.
Esto llevó a la CNV —el organismo regulador liderado por Roberto Silva— a actuar en varias direcciones: suspender la operación de Atómico3 como PSAV, iniciar procedimientos administrativos y presentar una denuncia penal en el fuero federal por posible estafa, con el objetivo de establecer si se captaron fondos públicos bajo una promesa de respaldo inexistente.
La desestimación del amicus presentado por un tercero que se había mostrado vinculado a la empresa simplifica el esquema de la causa: ahora únicamente enfrentan un litigio directo la firma y la CNV. Ese tercero había sido aceptado inicialmente por su supuesto papel como socio estratégico, pero la Cámara rechazó su intervención por cuestiones formales procesales.
Con los planteos procesales ya resueltos, el tribunal está ahora en condiciones de dictar un fallo que puede sentar precedentes relevantes. La decisión no solo definirá la validez de la suspensión dispuesta por la CNV, sino también el alcance del control estatal sobre proyectos de criptoactivos respaldados en recursos reales, un ámbito que crece con rapidez en los mercados financieros.
El resultado de esta causa puede ser determinante para el futuro de Atómico3, pero también para otros emprendimientos que pretendan vincular criptotokens con activos mineros u otros recursos naturales. El tribunal tendrá la última palabra sobre la legitimidad de las medidas regulatorias y la forma en que se interpretan las normas aplicables a un sector en expansión.