Calingasta demora su ordenamiento territorial mientras crecen las inversiones mineras y los reclamos de los proveedores

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, tiene pendiente una definición que adquiere cada vez mayor relevancia frente a las expectativas de desarrollo de los proyectos de cobre Los Azules y El Pachón, cuya eventual construcción demandará infraestructura, servicios, transporte y nuevas instalaciones empresariales.

Según informó Tiempo de San Juan, el Plan de Ordenamiento Territorial elaborado por el Gobierno provincial fue presentado oficialmente en julio, pero todavía no ingresó al Concejo Deliberante porque el Ejecutivo municipal debía evaluar las observaciones realizadas por los vecinos y elaborar una propuesta definitiva.

La situación llevó al concejal Sebastián Ramos a presentar un proyecto de resolución para reclamar la intervención inmediata del municipio, aunque hasta el momento no se informó de una respuesta que permita avanzar con el tratamiento legislativo.

El problema no es solamente administrativo, ya que la ausencia de reglas sobre el uso del suelo puede condicionar decisiones de inversión, encarecer la instalación de servicios y generar conflictos entre actividades económicas que necesitan compartir el mismo territorio.

Un reclamo anterior

La necesidad de un ordenamiento territorial no es nueva y fue planteada por distintas organizaciones empresarias antes de que los proyectos de cobre alcanzaran su actual nivel de desarrollo.

En octubre de 2024, Minería & Desarrollo informó que la Cámara Empresaria de Calingasta había solicitado al Concejo Deliberante avanzar con una normativa que permitiera organizar la instalación de proveedores, establecer corredores para el transporte pesado y definir espacios destinados a parques industriales y logísticos.

Dos años después, buena parte de aquellas preocupaciones continúa vigente, mientras la actividad minera incrementa las expectativas de contratación de empresas locales y plantea nuevas necesidades de infraestructura.

La Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (CASEMICA) volvió a reclamar una definición durante octubre, cuando su secretario Alfredo Amín advirtió que las autoridades municipales debían anticiparse a posibles conflictos entre el turismo, el comercio, la industria y el transporte.

Según publicó El Zonda, Amín sostuvo que la normativa podría aprobarse mediante una ordenanza sujeta a revisiones periódicas, una alternativa destinada a establecer criterios iniciales sin impedir que la planificación se adapte al crecimiento del departamento.

Qué propone el plan

El documento preparado por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía divide Calingasta en cuatro microrregiones y establece criterios diferenciados para ordenar el crecimiento urbano, la localización de actividades productivas y la protección ambiental.

Entre las cuestiones identificadas figuran la expansión de viviendas en áreas expuestas a aluviones, la regularización de terrenos, las necesidades de infraestructura y servicios, y la protección de vegas de altura que forman parte del sistema hídrico departamental.

La propuesta contempla también dimensiones mínimas para nuevos lotes y criterios para aprovechar terrenos que ya cuentan con servicios, con el objetivo de evitar expansiones urbanas que aumenten los costos de infraestructura y dificulten la prestación de servicios públicos.

El desafío minero

La planificación territorial adquiere una dimensión económica particular en Calingasta porque las inversiones mineras no se limitan a las instalaciones ubicadas en alta montaña, sino que también generan necesidades de alojamiento, transporte, almacenamiento, talleres, equipamiento y servicios en las localidades cercanas.

La falta de una zonificación consensuada puede producir decisiones individuales que después resulten difíciles de corregir, especialmente cuando empresas de transporte, proveedores industriales y emprendimientos turísticos buscan instalarse en áreas próximas o comparten accesos urbanos.

El transporte de mineral desde Hualilán hacia Casposo ya expuso algunas de estas dificultades, al generar cuestionamientos por la circulación de camiones pesados en sectores urbanos y mostrar la necesidad de estudiar alternativas logísticas.

Para los proveedores locales, contar con reglas estables también permitiría evaluar dónde adquirir terrenos, construir instalaciones o ampliar sus operaciones, sin enfrentar posteriormente restricciones de uso incompatibles con sus inversiones.

El ordenamiento territorial no reemplaza las evaluaciones ambientales ni los permisos específicos que deben obtener los proyectos mineros, pero constituye una herramienta para coordinar la infraestructura y el crecimiento de las comunidades con las actividades productivas.

La responsabilidad inmediata está en completar la discusión pública y definir una propuesta que pueda ser tratada por el Concejo Deliberante, sin dejar de considerar las observaciones de los vecinos y las necesidades de los distintos sectores económicos.

Calingasta tiene por delante la posibilidad de convertirse en uno de los principales centros de servicios vinculados al desarrollo del cobre en San Juan, pero aprovechar esa oportunidad también requiere decisiones municipales sobre cómo y dónde crecerá el departamento.

La discusión ya no pasa solamente por disponer de grandes proyectos mineros, sino por preparar el territorio y sus comunidades para que las inversiones puedan traducirse en infraestructura, empleo y oportunidades duraderas para las empresas locales.

Minería & Desarrollo