San Juan busca ampliar un 53% el área protegida La Ciénaga y establecer nuevas reglas para las actividades productivas en Jáchal

El gobernador Marcelo Orrego envió a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley 865-L, que regula la protección de La Ciénaga, en el departamento Jáchal. La propuesta incorpora unas 5.100 hectáreas adicionales, lo que representa una ampliación cercana al 53% respecto de su superficie actual.

La iniciativa, identificada como expediente 2506/2026 y fechada el 6 de octubre, plantea una redefinición territorial basada en estudios técnicos y científicos. El Gobierno sostiene que los límites vigentes resultan insuficientes para proteger adecuadamente los sistemas geológicos, hidrológicos, ecológicos y culturales que integran el área.

La Ciénaga fue declarada Área Natural Protegida por la legislación provincial y tiene una superficie aproximada de 9.600 hectáreas. La propuesta busca actualizar el esquema mediante coordenadas georreferenciadas y la incorporación de sectores vinculados con cuencas hídricas, divisorias de aguas y formaciones geológicas de valor patrimonial.

Nuevos límites territoriales

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la delimitación precisa de la superficie protegida, que se extendería entre el dique Los Cauquenes, la represa del río Huaco y sectores de las sierras La Batea y Yanso.

Se incorpora una tabla de 25 puntos geográficos y un mapa que integrarían la legislación provincial, con el objetivo de reducir interpretaciones contradictorias sobre el alcance territorial de la protección.

La modificación también responde al interés por preservar valores ambientales, geológicos y paleontológicos. En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo afirma que los estudios técnicos aconsejan incorporar sectores funcionalmente vinculados con el área existente.

El proyecto propone asignar expresamente la categoría de manejo de Paisaje Protegido, contemplada en la Ley 606-L. Esa figura busca compatibilizar los valores naturales y culturales del territorio con actividades humanas acordes a sus objetivos de conservación.

La discusión legislativa coincide con el inicio de una nueva investigación científica en La Ciénaga en donde un equipo multidisciplinario de aproximadamente 15 integrantes, encabezado por la paleontóloga Jimena Trotteyn, realizará una campaña de campo de tres jornadas para relevar sitios con huellas ya identificadas y estructuras geológicas con potencial paleontológico.

La actividad se desarrolla en el marco de un proyecto de la Universidad Nacional de San Juan y la Secretaría de Ambiente, con participación del municipio de Jáchal y actores del turismo local.

El trabajo pretende construir una base científica para orientar la conservación y evaluar la creación de un sendero interpretativo, dentro de una iniciativa prevista a dos años.

En ese contexto, la ampliación del área protegida y la delimitación precisa de sus límites podrían aportar un marco territorial y de gestión más claro para desarrollar estas investigaciones y futuras propuestas turísticas; no obstante, la campaña científica ya está prevista y su realización no depende de que el proyecto de ley sea aprobado.

El desafío será convertir el conocimiento geológico y paleontológico en oportunidades para Jáchal sin desatender los derechos y actividades productivas que puedan coexistir en el territorio.

Producción y conservación

Un aspecto particularmente importante aparece en los fundamentos remitidos por el Ejecutivo: allí se contempla la continuidad de actividades productivas preexistentes, sujetas a una adecuación progresiva conforme al Plan de Manejo y la normativa ambiental vigente.

La disposición reconoce que la protección de un territorio no necesariamente implica excluir todas las actividades económicas. Por el contrario, el Gobierno plantea compatibilizar la conservación ambiental con el desarrollo local, el turismo responsable y la investigación científica.

Sin embargo, el proyecto no resuelve expresamente qué ocurriría con eventuales derechos mineros previamente constituidos dentro de las nuevas hectáreas incorporadas al área protegida. Esa distinción es determinante: permitir la continuidad de actividades productivas no equivale, por sí solo, a garantizar que todos los derechos mineros puedan ejercerse sin nuevas restricciones.

El nuevo marco jurídico podría afectar proyectos de exploración o explotación minera que tengan derechos dentro de la nueva delimitación, al modificar las condiciones aplicables al territorio y exigir compatibilidad con los objetivos de conservación. El alcance efectivo dependerá del tipo y estado de cada derecho, de la legislación aplicable y de lo que disponga el Plan de Manejo.

No corresponde afirmar, con la documentación examinada, que exista una concesión minera concreta perjudicada o que el proyecto disponga la caducidad de derechos. Para establecerlo es indispensable superponer el polígono georreferenciado propuesto con el catastro minero provincial, identificar titulares y expedientes, y evaluar las situaciones jurídicas caso por caso.

Seguridad jurídica

Otro punto destacado es la incorporación, en los fundamentos, de herramientas de planificación como la Evaluación Ambiental Estratégica, destinada a considerar los efectos acumulativos y de largo plazo de decisiones públicas territoriales.

A diferencia de las evaluaciones ambientales de proyectos individuales, ese instrumento permite analizar políticas y decisiones de ordenamiento en una escala más amplia. Su eventual aplicación puede mejorar la coordinación entre la conservación y las actividades económicas.

El proyecto dispone también que la autoridad de aplicación podrá revisar o recategorizar el área mediante acto fundado y sustento técnico-científico, según los resultados del Plan de Manejo, la evolución ambiental y los criterios de conservación.

La iniciativa incorpora una discusión que trasciende la ampliación de una reserva: la necesidad de decisiones ambientales con fundamentos técnicos, límites precisos y procedimientos previsibles. Para una provincia minera, la seguridad jurídica también exige que las nuevas reglas territoriales identifiquen de manera transparente su relación con los derechos ya otorgados.

La revisión confirma una distinción fundamental. Los fundamentos oficiales admiten la continuidad de actividades productivas preexistentes bajo determinadas condiciones, pero el texto normativo propuesto no regula específicamente la situación de los derechos mineros que pudieran quedar comprendidos en la ampliación.

Por eso, la discusión legislativa y el futuro Plan de Manejo deberán aclarar cómo se compatibilizarán esos eventuales derechos con los objetivos de protección. La definición no puede presumirse resuelta por la sola mención al respeto de los derechos adquiridos en el mensaje del Ejecutivo: es un aspecto que merece precisión normativa y evaluación técnica.

Según la información publicada el 20 de octubre, la iniciativa continuaba su recorrido legislativo y debía ser examinada por la Cámara de Diputados. Hasta su eventual aprobación, la ampliación de La Ciénaga constituye una propuesta y no un nuevo límite legal vigente.

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