En Chile, la Justicia suspende el depósito de relaves de ENAMI y compromete la producción de pequeños mineros
La Corte de Apelaciones de La Serena ordenó el 15 de octubre suspender el ingreso de nuevos relaves al depósito del Complejo Productivo Sur de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), antes llamado Planta Delta, en la Región de Coquimbo. Se trata de una medida cautelar dictada en el recurso de protección Rol 1669-2026, mientras el tribunal analiza el fondo del caso.
En términos concretos, la resolución no clausura automáticamente toda la planta: impide seguir colocando residuos del procesamiento de mineral en ese depósito. Como la línea de sulfuros produce relaves que necesitan un destino autorizado, ENAMI advirtió que la restricción compromete su funcionamiento y también la recepción y el tratamiento del mineral que le entregan otros productores.
Por qué es necesario
El depósito es necesario especialmente para los pequeños productores chilenos porque, al procesar minerales de cobre mediante flotación, se separa el material que contiene el metal de interés del resto de la roca molida. Ese residuo fino, mezclado con agua, se denomina relave.
Su disposición requiere una instalación diseñada y autorizada para contenerlo, gestionar el agua y controlar los riesgos para las personas y el ambiente.
No es un almacenamiento de mineral para vender, sino una parte del manejo de los residuos del proceso: sin capacidad autorizada para recibirlos, esa línea de producción no puede continuar normalmente. Esta necesidad depende del método de procesamiento, no del tamaño de la empresa.
La consecuencia es especialmente sensible para la pequeña minería. Si la instalación no puede procesar sus minerales, los proveedores podrían tener que postergar entregas, buscar otras plantas disponibles o afrontar mayores costos de traslado; también podrían demorarse sus ingresos.
No se conocen públicamente, por ahora, una cifra oficial de productores alcanzados, toneladas suspendidas o pérdidas económicas, por lo que sería incorrecto presentar esos efectos como cuantificados.
Una emergencia previa
El conflicto tiene un antecedente concreto: el 23 de julio ENAMI informó que lluvias superiores a 200 milímetros en Ovalle llevaron a una emergencia en su depósito de relaves espesados. Según la empresa, el agua sobrepasó el muro en dos sectores y la piscina de emergencia llegó a su capacidad nominal.
ENAMI comunicó que instaló bombas, reforzó pretiles y notificó a las autoridades. SENAPRED estableció un perímetro de seguridad y ordenó la evacuación preventiva del área próxima; la compañía también informó que se reunió con vecinos y reconoció la preocupación de las familias cercanas.
La controversia tuvo seguimiento político. En septiembre, la Cámara de Diputados solicitó antecedentes a ENAMI y a servicios públicos sobre el episodio de julio, las inspecciones y las condiciones de seguridad del depósito. Es importante distinguir esa emergencia de la resolución judicial: los antecedentes ayudan a comprender el contexto, pero no sustituyen la evaluación de los jueces.
La cadena productiva
La función de ENAMI no es solamente operar una planta: también permite que productores de menor escala accedan a infraestructura industrial que difícilmente podrían construir por su cuenta. Por eso una restricción sobre el depósito de relaves puede transmitirse a toda la cadena: extracción, transporte, compra de minerales, procesamiento y comercialización.
La diferencia no es que los pequeños productores necesiten depósitos de relaves y las grandes empresas no. Las grandes operaciones que utilizan flotación también los requieren, pero suelen contar con plantas y sistemas propios de manejo de relaves.
Para muchos pequeños mineros, financiar, operar y mantener esa infraestructura por separado resulta difícil por su escala de producción.
ENAMI concentra el procesamiento del mineral de distintos proveedores y gestiona los relaves que se generan en sus instalaciones. Por eso, la suspensión de este depósito afecta especialmente a quienes dependen de esa planta para colocar su producción, y no de la misma manera a las grandes compañías que procesan en instalaciones independientes. Esa dependencia no elimina las exigencias de seguridad y protección ambiental.
La propia estatal calificó el depósito como una instalación esencial y anunció recursos judiciales para levantar la cautelar.
El alcance real dependerá del tiempo que dure la orden, de las alternativas técnicas y ambientales que se autoricen y de la capacidad de otras instalaciones para recibir mineral.
Informar también es controlar
Aquí aparece una cuestión central para la autoridad minera y ambiental chilena: no basta con inspeccionar y disponer medidas preventivas. La ciudadanía necesita saber qué ocurrió, cuáles fueron los riesgos evaluados, qué limitaciones se impusieron y con qué condiciones podría reanudarse el procesamiento, sin confundir una cautelar judicial con una sanción ambiental definitiva.
Chile cuenta con registros públicos de evaluación y seguimiento ambiental de las instalaciones mineras, mientras ENAMI informó tanto la emergencia de julio como la restricción operativa de octubre.
La publicidad de esos antecedentes permite controlar el desempeño de una empresa estatal y de los organismos que la supervisan; también exige que la información técnica llegue de manera comprensible a las comunidades.
La decisión de la Corte demuestra que el manejo de relaves no es un aspecto secundario de la operación. También exhibe una tensión que no puede resolverse ocultando información: proteger a las personas y al entorno, sostener la actividad de los pequeños productores y explicar con precisión por qué se limita una infraestructura decisiva para la minería regional.
Minería & Desarrollo