La reforma de Glaciares enfrenta una amenaza judicial y pone en alerta a las inversiones mineras

La reforma de la Ley de Glaciares, aprobada en abril, enfrenta un nuevo foco de incertidumbre por las demandas judiciales que buscan suspender su aplicación. El debate llega en un momento sensible para la minería argentina, que necesita reglas estables para decidir inversiones y tramitar autorizaciones ambientales.

La advertencia aparece en una columna del periodista Claudio Savoia, publicada por Clarín el 10 de octubre bajo el título “El zigzag de la Corte descoloca a los políticos y abre un abismo de dudas para los inversores”. Allí identifica expresamente la inquietud por la Ley de Glaciares, una norma considerada clave para el desarrollo minero.

No existe, hasta la documentación pública consultada, una sentencia de la Corte que haya anulado la reforma. La preocupación se relaciona con la posibilidad de que una medida cautelar suspenda sus efectos mientras avanza el análisis sobre su constitucionalidad.

Los fallos que encendieron la alerta

La controversia inmediata no comenzó con los glaciares sino con la Ley de Tierras. En causas relacionadas con el DNU 70/2023, que derogó aquella norma, la Corte adoptó decisiones cautelares diferentes y volvió a colocar bajo discusión el alcance provisional de una reforma impulsada por Javier Milei.

La diferencia de criterios refleja que una norma nacional puede enfrentar decisiones judiciales capaces de modificar transitoriamente su aplicación. Sin embargo, ambos litigios tienen objetos jurídicos distintos y los pronunciamientos sobre tierras no anticipan automáticamente el resultado de los juicios ambientales.

La reforma de abril modificó la Ley 26.639 para dar mayor intervención a las autoridades provinciales en la identificación de glaciares y geoformas periglaciares que cumplen funciones hídricas. También estableció procedimientos científicos para revisar su inclusión en el Inventario Nacional, aunque mantiene restricciones a la minería en los cuerpos protegidos.

Los promotores del cambio sostienen que permite identificar con más precisión dónde existen restricciones y evitar prohibiciones generales que dificultan emprendimientos. Las organizaciones que lo cuestionan consideran que la nueva regulación podría reducir la protección ambiental mínima y otorgar excesivo margen a decisiones locales.

Las causas ya están abiertas

El 5 de mayo, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron una demanda colectiva en la Justicia Federal de Santa Rosa. Reclamaron la inconstitucionalidad de la Ley 27.804 y pidieron suspender cautelarmente su aplicación en todo el país.

Según una actualización pública de las organizaciones del 8 de octubre, el juzgado se había declarado competente, pero todavía no había resuelto la medida de suspensión solicitada. Existen además otras presentaciones, lo que mantiene abierto un escenario procesal que puede evolucionar en distintas jurisdicciones.

Los cuestionamientos remiten al artículo 41 de la Constitución Nacional, que faculta a la Nación a fijar presupuestos mínimos de protección ambiental. Las provincias conservan el dominio originario de sus recursos naturales, pero sus decisiones deben respetar ese piso de protección.

El antecedente de 2019 también importa: la Corte rechazó reclamos vinculados con la ley original que habían promovido empresas mineras y la provincia de San Juan. Ese pronunciamiento no determina la validez de la reforma actual, pero confirma que el conflicto entre minería, glaciares y competencias estatales ya fue materia del máximo tribunal.

La participación de la Cámara Minera

La Cámara Minera de San Juan respaldó públicamente la modificación y sostuvo durante la discusión que la normativa anterior dejaba incertidumbres sobre las geoformas periglaciares y las restricciones a las actividades productivas. La entidad defendió una delimitación fundada en evaluaciones científicas y el protagonismo de las autoridades provinciales.

Su interés está directamente relacionado con la concentración de grandes proyectos de cobre en la cordillera sanjuanina. Para esas inversiones, conocer anticipadamente qué áreas pueden utilizarse y bajo qué condiciones ambientales resulta imprescindible antes de comprometer financiamiento, ingeniería y obras.

La Cámara celebró la sanción y destacó la articulación entre la provincia y la Nación. Ese respaldo documenta su impulso sectorial a la reforma, aunque no equivale a atribuirle de manera exclusiva la autoría de la ley, aprobada finalmente por el Congreso.

Por qué es importante

La incertidumbre judicial impacta especialmente sobre las inversiones que tienen estudios de factibilidad económica realizados bajo determinados supuestos regulatorios. Si las exigencias cambian durante la planificación, puede ser necesario revisar diseños, costos, cronogramas y decisiones de financiamiento.

La discusión ambiental exige precisión: la cercanía de un glaciar, su presencia dentro de una concesión y la eventual intervención física sobre un cuerpo protegido no constituyen situaciones equivalentes. Los informes técnicos y las evaluaciones oficiales son los que deben establecer cada circunstancia, sin reemplazarlos por generalizaciones.

También importa distinguir los ambientes cordilleranos vinculados con proyectos mineros de los paisajes de glaciares patagónicos que suelen aparecer en campañas públicas. Por ejemplo, en el Parque Nacional Los Glaciares, donde está el Perito Moreno, la exploración y explotación minera están prohibidas por la Ley 22.351.

La advertencia planteada por Savoia vuelve así sobre un problema central para San Juan: el avance del cobre requiere, al mismo tiempo, protección efectiva del agua y certeza sobre las reglas para invertir. Hasta que la Justicia resuelva, la reforma seguirá expuesta a planteos capaces de alterar el horizonte de decisiones empresariales.

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