YCRT: un descarrilamiento expone riesgos en una empresa sostenida por todos los argentinos

El descarrilamiento de una formación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ocurrido el miércoles 7 de octubre, puso en riesgo a trabajadores y afectó el transporte de carbón hacia Punta Loyola, en Santa Cruz. Según informó el gobierno provincial, los ocupantes de la locomotora están fuera de peligro y el tren trasladaba alrededor de 600 toneladas del mineral.

El gobernador Claudio Vidal reclamó una investigación y sostuvo que deben examinarse posibles fallas de infraestructura, factores climáticos o una intervención deliberada. De acuerdo con el relato del conductor citado por el mandatario, la vía se abrió en un sector revisado pocos días antes, aunque la comunicación oficial no presentó un peritaje que establezca las causas.

La gravedad del episodio exige esclarecer tanto las condiciones del recorrido como los controles realizados antes de autorizar la circulación. La posibilidad de un sabotaje mencionada por el gobernador sigue siendo una hipótesis y no puede presentarse como un hecho probado.

El incidente ocurre en una empresa cuyo sostenimiento excede ampliamente a la provincia: el presupuesto nacional financia su funcionamiento y el Estado dispuso asumir sus pasivos anteriores a la transformación societaria de 2025.

Por eso, el debate involucra también a los contribuyentes de todo el país y al uso de recursos que podrían destinarse a otras necesidades públicas, aunque como mínimo, que se den explicaciones en qué y cómo invierten el presupuesto y asumir todas las responsabilidades que les puedan caber.

La cuenta nacional

La Resolución 1233/2026 del Ministerio de Economía aprobó ingresos operativos por apenas $342,6 millones frente a gastos de operación de $128.104,2 millones.

La diferencia implica una pérdida operativa presupuestada de $127.761,6 millones: los recursos generados por la actividad alcanzarían para cubrir aproximadamente el 0,27% de esos gastos.

El esquema contempla $135.000 millones en transferencias de la Administración Nacional, equivalentes a $11.250 millones mensuales. Estos aportes representan alrededor del 99,75% de los ingresos corrientes previstos, una dependencia que deja al Tesoro como sostén decisivo de la compañía.

La resolución también proyecta un superávit financiero de $7.638,4 millones, pero ese resultado aparece después de incorporar la asistencia estatal. Tener saldo positivo con subsidios no significa que el negocio del carbón sea rentable ni que pueda sostenerse con sus ventas.

Las cifras corresponden al presupuesto aprobado para 2026, no a una certificación de transferencias ya pagadas en su totalidad. Esa distinción permite dimensionar el compromiso fiscal sin confundir previsiones con ejecución efectiva.

Deudas que se trasladan

La carga para las cuentas públicas no termina en los gastos cotidianos: el artículo 10 del Decreto 115/2025 estableció que los pasivos registrados a la entrada en vigencia de la norma serían asumidos por el Estado nacional, a través del Ministerio de Economía.

La transformación en Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima dispuso, por lo tanto, transferir activos a la nueva estructura y dejar esas obligaciones a cargo de la Nación.

Una auditoría de la SIGEN, difundida por Infobae en enero de 2025 y con corte en septiembre de 2024, consignó deudas por tributos nacionales y seguridad social de $14.774 millones, más $10.677 millones de intereses. También registró $71 millones adeudados a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos y al municipio de Río Turbio, sin intereses.

Los dos primeros conceptos sumaban $25.451 millones a la fecha relevada, pero no constituyen un cálculo actualizado de todo el endeudamiento. Tampoco corresponde sumarlos automáticamente a los subsidios de 2026, porque son categorías y períodos diferentes, ni afirmar que ya fueron cancelados.

La propia Unidad de Auditoría Interna recomendó en 2025 un relevamiento exhaustivo de las obligaciones que asumiría la Nación, con identificación de su composición, origen y situación.

El pedido es especialmente relevante: el Estado debe conocer con precisión qué deudas recibe antes de resolver cómo las paga.

Administración sin controles suficientes

Los problemas documentados abarcan planificación, contrataciones y protección del patrimonio. El informe de entrega y recepción elaborado por la SIGEN y la auditoría interna identificó expedientes incompletos, fundamentos insuficientes para contrataciones por especialidad y servicios de limpieza tramitados mediante cajas chicas, por fuera del procedimiento de compras correspondiente.

También observó términos ambiguos en un convenio de asistencia técnica y deficiencias de contratación que seguían pendientes de corrección desde informes anteriores, algunas desde 2005. La persistencia de esos hallazgos muestra que las advertencias de los organismos de control no se tradujeron oportunamente en cambios suficientes.

A esas fallas se agregó un incidente informático ocurrido el 26 de septiembre de 2024 que afectó servidores y copias de respaldo. Según el informe UAI 09/2025, el responsable contable comunicó la pérdida de información histórica del sistema GACI y los auditores no pudieron asegurar la exactitud y procedencia de los datos suministrados.

La revisión de la Cuenta de Inversión 2024 encontró, además, diferencias entre registros, notas contables insuficientes, información faltante sobre juicios y presentaciones incompletas o fuera de plazo. Los asientos disponibles para esa auditoría cubrían únicamente octubre-diciembre de 2024, una limitación sustancial para evaluar las cuentas de todo el ejercicio.

Estas observaciones acreditan debilidades administrativas y obstáculos para controlar el dinero público. Por sí mismas no prueban un delito ni permiten atribuir el descarrilamiento a una gestión determinada.

Una inversión inmovilizada

El problema productivo tiene otro componente: el plan de acción de 2026 describe a la central termoeléctrica de 240 megavatios como inactiva desde diciembre de 2023 y sometida únicamente a mantenimiento preventivo.

Al mismo tiempo, el presupuesto aprobado no contempla gastos de capital, lo que plantea interrogantes sobre cómo se financiarán las mejoras necesarias para recuperar capacidad y reducir la dependencia estatal.

La conducción de YCRT informó acuerdos comerciales para ampliar las exportaciones, entre ellos uno por 210.000 toneladas de carbón. Su aporte real deberá evaluarse con entregas concretadas, cobros efectivos y costos completos de extracción, procesamiento y transporte, porque anunciar contratos no demuestra por sí solo que desaparezca el déficit.

Por qué es importante

La continuidad laboral y la actividad económica de la cuenca carbonífera son razones relevantes para discutir el futuro de YCRT. Precisamente por esa importancia, la asistencia pública necesita objetivos verificables, condiciones de seguridad y una administración capaz de explicar cuánto cuesta producir y qué resultados obtiene.

El descarrilamiento exige una respuesta técnica sobre lo sucedido; los antecedentes contables demandan otra sobre la gestión. Investigar el accidente y transparentar las cuentas son responsabilidades complementarias frente a los trabajadores y a todos los argentinos que sostienen el presupuesto nacional.

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