La chilena Codelco muestra una vía para financiar energía renovable en la minería argentina

Las empresas mineras argentinas podrían aprovechar la experiencia de Codelco para explorar una fuente específica de financiamiento de sus compras de electricidad renovable. El interés radica en organizar esos pagos con préstamos de mayor plazo y respaldos multilaterales, mientras destinan sus recursos propios a otras necesidades de la operación o del desarrollo del proyecto.

El esquema tendría especial relevancia para compañías con consumo eléctrico elevado y contratos de suministro de largo plazo. Su utilidad dependería de que el costo total del crédito, incluidas las comisiones de garantía, resulte conveniente y de que la empresa pueda devolverlo con los ingresos de su actividad.

Codelco ofrece un antecedente concreto: obtuvo US$532 millones de Crédit Agricole CIB en 2024 y otros US$600 millones de HSBC y Santander a fines de 2025. Ambos préstamos cuentan con garantías de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, MIGA, integrante del Grupo Banco Mundial.

Los recursos respaldan pagos bajo cinco contratos de compraventa de electricidad renovable, conocidos como PPA. Los bancos aportan el capital, la minera asume la deuda y el organismo multilateral cubre riesgos definidos en los contratos de garantía.

Por qué es importante

Para la minería argentina, financiar por separado una parte de la demanda energética puede disminuir la competencia inmediata por fondos entre electricidad, equipos y obras.

Ese alivio de caja tiene como contrapartida una deuda futura, por lo que exige calcular si los ingresos previstos alcanzan para pagar el suministro corriente y las cuotas del préstamo.

La contratación renovable también puede dar mayor previsibilidad al costo eléctrico y reducir las emisiones asociadas a la producción. El beneficio económico dependerá del precio contratado, sus ajustes y las condiciones de entrega, sin que una garantía financiera asegure por sí sola energía más barata.

Cómo podrían aprovecharlo

La vía más cercana al caso chileno sería que una minera solicite un préstamo cuyo uso quede limitado al pago de contratos de electricidad renovable. Para avanzar tendría que presentar a los financiadores un programa de compras identificable, con volúmenes, precios, proveedores y fechas de pago definidos.

Sobre esa base, la empresa y los bancos podrían consultar a la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial qué cobertura sería aplicable. Esta reúne instrumentos del Banco Mundial, IFC y MIGA, incluidas garantías de crédito para el sector privado y seguros frente a determinados riesgos políticos.

La distinción es decisiva: Codelco utiliza cobertura por incumplimiento de obligaciones financieras de una empresa estatal. Una minera privada en Argentina necesitaría otra estructura, cuya elegibilidad, alcance y condiciones deberían acordarse antes de considerar disponible el financiamiento.

Otra puerta de entrada es la Corporación Financiera Internacional, IFC, institución del mismo grupo dedicada al sector privado. La compañía podría plantear un financiamiento con destino energético y evaluar si corresponde un préstamo directo, la participación de otros bancos o una garantía, sin presumir que cualquier pago de electricidad resulta elegible.

El mismo destino energético

Para conservar el destino de los fondos del antecedente chileno, el crédito debería aplicarse a obligaciones de compra de electricidad renovable aceptadas por los financiadores. El acuerdo tendría que precisar qué contratos y períodos cubre, cómo se documentan los pagos y qué controles permiten seguir el uso del dinero.

Una aplicación posible, a modo de ejemplo, sería una mina en producción que ya tiene un contrato de suministro solar o eólico y busca financiar una parte de sus pagos durante un período determinado. La deuda se devolvería con el flujo de fondos minero, bajo un calendario compatible con su capacidad de pago.

Construir un parque solar propio, instalar baterías o levantar una línea eléctrica requeriría otra operación, con un presupuesto y una evaluación específicos. Son inversiones vinculadas a la transición energética, pero no equivalen al destino de los préstamos de Codelco, que financian compras de electricidad.

Qué deberían demostrar

La preparación exige información financiera, proyecciones de producción y ventas, contratos eléctricos y evidencia de capacidad de pago. También requiere acreditar la viabilidad del proyecto y cumplir las exigencias ambientales y sociales del organismo que participe, además de los permisos correspondientes.

El análisis debería contemplar qué ocurre si la mina demora su puesta en marcha, consume menos energía o enfrenta una caída del precio del mineral. En particular, habría que revisar si el contrato obliga a pagar determinados volúmenes aunque no se utilicen y cómo se atendería esa obligación junto con el préstamo.

También importa comprobar la conexión y la capacidad de transporte de la red, así como el respaldo necesario cuando varía la generación renovable. Conseguir financiamiento para comprar electricidad no resuelve una limitación física que impida entregarla a la mina.

Un antecedente en Salta

El acceso de la minería privada argentina al Grupo Banco Mundial ya tiene un ejemplo en Rincón, el proyecto de litio de Rio Tinto en Salta. IFC anunció en marzo de 2026 un préstamo directo de US$400 millones, dentro de un paquete de US$1.175 millones para su desarrollo.

El antecedente confirma el acceso del sector privado a estos organismos, aunque Rincón no reproduce el programa eléctrico de Codelco. Una propuesta para compras de energía requeriría su propia evaluación.

Una oportunidad con condiciones

Desde el análisis financiero, las minas operativas pueden presentar ingresos comprobables para respaldar el crédito, mientras los proyectos en construcción dependen de su futura producción y del apoyo de sus accionistas. Esa diferencia obliga a ajustar los plazos, las garantías y las condiciones de desembolso a la etapa de cada emprendimiento.

Para avanzar, las compañías argentinas deberían reunir a sus áreas de energía, finanzas y sostenibilidad y presentar contratos, necesidades de fondos y capacidad de repago. El antecedente chileno ayuda a abrir esa negociación, cuyo resultado dependerá de la evaluación de cada operación.

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