Rio Tinto avanza en Rincón y prevé alcanzar 3.000 trabajadores durante la construcción

Según lo informado por Jérôme Pécresse, Chief Executive Aluminium & Lithium, and Canada, Rio Tinto, tras su visita al proyecto en Salta, la mayor parte de las obras civiles de Rincón está terminada y comenzó el montaje de los primeros tanques.

El directivo ubicó a Rincón entre las mayores inversiones en ejecución del grupo y describió dos líneas con capacidad para producir 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería cada una, ampliable mediante mejoras operativas.

El pico de personal previsto corresponde a la construcción y no debe interpretarse como una dotación permanente de operación. Esa distinción importa para dimensionar las expectativas de empleo y preparar la transición cuando finalicen las obras.

En marzo de 2026, la empresa obtuvo US$1.175 millones de financiamiento de IFC, BID Invest, Export Finance Australia y el banco japonés JBIC para respaldar el desarrollo de Rincón, cuyo presupuesto aprobado es de US$2.500 millones.

Rio Tinto construye en Rincón dos líneas industriales para producir carbonato de litio grado batería, con capacidad de 25.000 toneladas anuales cada una. En conjunto aportarán 50.000 toneladas por año, a las que se suma la planta inicial de 3.000 toneladas anuales que obtuvo su primera producción en noviembre de 2024.

Sobre esa base de aproximadamente 53.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, la compañía prevé mejoras para alcanzar una capacidad total de 60.000 toneladas por año. Ese volumen adicional dependerá de ajustes en los equipos y el funcionamiento de la planta.

Para la expansión, Rio Tinto prevé la primera producción en 2028 y un período posterior de tres años para alcanzar la capacidad plena. Por lo tanto, la fecha de arranque no equivale a disponer desde ese momento de todo el volumen anunciado.

Compras locales bajo cuestionamiento

Pécresse destacó las iniciativas de compras en Salta y Argentina y los beneficios para Catua, Olacapato y Pocitos, aunque no publicó montos ni porcentajes. También visitó la planta de cloruro de litio de Güemes y anticipó conversaciones en París con autoridades argentinas durante Argentina Week.

Rio Tinto recibió fuertes cuestionamientos de industriales de la Unión Industrial Argentina (UIA), que reclamaron ante las autoridades nacionales mayor participación de fabricantes argentinos. Según informó Infobae, las quejas incluyeron la importación desde China de galpones metálicos y estructuras de acero para Rincón, a precios inferiores a los nacionales.

El reclamo apunta a la fabricación y el empleo industrial que quedan fuera del país cuando esos bienes se importan. El Cronista también informó sobre las gestiones de la UIA ante el Gobierno para integrar proveedores nacionales a los proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Empresarios consultados por Gente de Salta señalaron diferencias de costos y dificultades para abastecer la escala de Rincón. Destacaron que el montaje genera trabajo local, aunque esa actividad no reemplaza la fabricación nacional que reclaman los industriales.

El alcance local de la inversión deberá medirse por contratos adjudicados, empleo de residentes y continuidad de los servicios durante la operación. Sin esos indicadores no es posible cuantificar los resultados del compromiso empresarial.

Rincón permite observar cómo una inversión minera se transforma en instalaciones industriales y demanda concreta de trabajo. Para Salta, el desafío es aprovechar la construcción para desarrollar proveedores capaces de sostener su actividad cuando disminuya la contratación de obra.

El proyecto utiliza extracción directa de litio, una tecnología que separa el mineral de la salmuera para su posterior procesamiento. Rio Tinto le atribuye ventajas en conservación del agua y reducción de residuos, cuyo desempeño deberá comprobarse a escala industrial y mediante el seguimiento ambiental.

El avance refuerza el lugar de Argentina en la estrategia de Rio Tinto. La prueba será producir en los plazos y costos previstos, con resultados verificables para las comunidades y los proveedores.

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