Presupuesto 2027: qué dice de minería el proyecto enviado al Congreso

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno nacional remitió al Congreso el 15 de septiembre no reserva un capítulo específico para la minería.

Sin embargo, la actividad aparece en varios puntos del mensaje económico: en la expectativa de crecimiento exportador, en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en los gastos tributarios, en el presupuesto del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y dentro de la función conjunta “Energía, Combustibles y Minería”.

Leídas en conjunto, esas referencias permiten reconstruir qué lugar le asigna el Poder Ejecutivo al sector.

La primera conclusión del análisis es que la minería ocupa más espacio como motor esperado de inversión privada, exportaciones y generación de divisas que como destinataria de gasto público directo.

El esquema que surge del proyecto es de promoción indirecta: incentivos fiscales, reglas para grandes inversiones y capacidad técnica del Estado, mientras el grueso del capital para desarrollar nuevos proyectos se espera del sector privado.

El mensaje utiliza la expansión minera reciente como antecedente. Señala que la producción de litio creció 44,4% en 2025 y que sus exportaciones se acercaron a USD 1.000 millones.

Sumadas las ventas de oro y plata, las exportaciones mineras alcanzaron alrededor de USD 6.000 millones ese año, aproximadamente el doble del promedio anual de USD 2.900 millones registrado entre 2013 y 2023.

Para 2027, el Gobierno proyecta un crecimiento del PIB de 4%, una suba de 9,2% en la inversión y un aumento de 8,5% en las cantidades exportadas. El valor total de las exportaciones de bienes y servicios se estima en USD 133.984 millones, con un superávit comercial de USD 15.560 millones.

El presupuesto, sin embargo, no discrimina cuánto de ese crecimiento exportador deberá provenir específicamente de la minería.

RIGI sin estimación fiscal

El RIGI aparece como el instrumento de mayor peso para vincular minería e inversión. Al momento de redactarse el proyecto, el Poder Ejecutivo contabilizaba 22 iniciativas aprobadas y otras 23 en evaluación.

Los proyectos aprobados de todos los sectores comprometían en conjunto casi USD 50.000 millones; dentro de la minería, el texto menciona iniciativas de extracción y procesamiento de oro, plata, cobre, litio, carbonato e hidróxido de litio.

El dato fiscal más relevante es, justamente, el que todavía no está. El proyecto reconoce que no puede estimar el gasto tributario asociado al RIGI porque los proyectos adheridos se encuentran mayoritariamente en etapas iniciales de implementación e inversión.

Eso no significa que el régimen tenga costo fiscal cero: significa que el Presupuesto 2027 posterga su cuantificación para etapas posteriores. Por esa razón, el proyecto no permite medir todavía el efecto total de los beneficios del RIGI sobre la recaudación del próximo año.

Beneficio fiscal minero

Distinta es la situación de la Ley de Inversiones Mineras 24.196. Allí sí hay una cifra concreta: el gasto tributario estimado para 2027 es de $89.820 millones, frente a $71.971,2 millones calculados para 2026.

El aumento nominal es de 24,8%, aunque el peso del régimen se mantiene en 0,01% del PIB. Es importante separar ambos instrumentos: el beneficio de la Ley 24.196 está cuantificado; el del RIGI todavía no.

Cinco cifras clave

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2027. Cifras en pesos corrientes, salvo indicación en USD.

Más recursos al SEGEMAR

El organismo técnico directamente vinculado con la minería recibe $19.054 millones para 2027. El presupuesto aprobado para 2026 había sido de $15.330 millones, por lo que el incremento nominal es de 24,3%. Del total previsto para el próximo año, $17.958 millones corresponden a gastos corrientes y $1.096 millones a inversión real directa. Esta última partida aumenta cerca de 42% nominal respecto de los $772 millones de 2026.

La composición también muestra el perfil del organismo: $15.358 millones se destinan a remuneraciones, alrededor de 81% del total. Es consistente con una estructura cuyo principal aporte al sector es científico y técnico —información geológica, asistencia tecnológica, estudios y monitoreo— más que la ejecución de infraestructura minera.

El aumento del SEGEMAR es una de las señales presupuestarias específicamente mineras más fáciles de aislar dentro del proyecto.

El agregado energético

La función “Energía, Combustibles y Minería” suma $6,966 billones para 2027 y representa 3,4% del gasto de la Administración Nacional. Pero ese número no debe presentarse como “presupuesto para la minería”.

La misma planilla muestra que el agregado apenas aumenta 0,7% nominal frente a 2026 y, en la explicación oficial, los programas destacados son asistencia a CAMMESA, subsidios energéticos, política de hidrocarburos, obras eléctricas, las represas sobre el río Santa Cruz y transferencias a empresas y entes del sector energético.

La minería está incluida en la denominación y el texto habla de un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros, pero no existe allí una apertura que permita separar cuánto de los $6,966 billones corresponde específicamente a la actividad minera.

Esa distinción es central para evitar una lectura sobredimensionada de la participación del sector en el gasto nacional.

Infraestructura sin partidas

Hay otro dato relevante por lo que el proyecto no dice. Aunque el Presupuesto 2027 desarrolla una política general de infraestructura y transporte, no identifica un paquete de obras estratégicas específicamente asociado a la expansión minera ni asigna partidas individualizadas para accesos a yacimientos, rutas de alta montaña, líneas de transmisión eléctrica, obras hídricas, pasos fronterizos o infraestructura logística requerida por los nuevos proyectos de cobre, litio, oro y plata.

La orientación general del propio mensaje presupuestario ayuda a interpretar ese vacío. El Gobierno plantea que la inversión pública debe mantenerse dentro de las restricciones fiscales y señala que, según cada caso, determinadas obras pueden ser transferidas a las jurisdicciones locales o ejecutadas mediante mecanismos de financiamiento y gestión privada.

En la red vial nacional, por ejemplo, el esquema de concesiones prevé que la operación, conservación y mejora de corredores se financie con capital privado y peajes, sin subsidios operativos del Tesoro.

En ese marco, y mientras no aparezcan partidas nacionales específicas durante el tratamiento parlamentario, la lectura más probable es que buena parte de la infraestructura directamente necesaria para habilitar nuevos desarrollos mineros deba ser financiada por las propias compañías y coordinada con los gobiernos provinciales, que son titulares de los recursos naturales y tienen un papel decisivo en el ordenamiento territorial.

Eso puede incluir esquemas compartidos entre proyectos, acuerdos público-privados o financiamiento provincial y multilateral. El Presupuesto no impone ese mecanismo ni lo define proyecto por proyecto, pero sí deja a la Nación lejos del rol de gran financiador directo de la infraestructura minera.

Lo que queda abierto

El proyecto tampoco fija una meta propia de exportaciones mineras para 2027 ni cuantifica todavía el costo fiscal del RIGI. Sí incorpora a la minería en la estrategia exportadora general y la vincula con los proyectos que avanzan bajo ese régimen.

En otras palabras, la política presupuestaria aparece más apoyada en marcos de inversión, promoción y coordinación con las provincias que en una expansión del gasto directo del Estado nacional sobre la actividad.

Por qué es importante

Para las provincias mineras, las empresas y la cadena de proveedores, la lectura más útil del Presupuesto 2027 no pasa por el 3,4% de “Energía, Combustibles y Minería”, sino por cuatro canales: el escenario macroeconómico y exportador que condiciona las inversiones; la continuidad de los incentivos de la Ley 24.196 y del RIGI; la capacidad técnica del SEGEMAR para producir información y servicios que reduzcan incertidumbre geológica; y la ausencia de un programa nacional específico para financiar la infraestructura que requerirá el salto de escala minero.

Este último punto traslada a empresas y provincias una discusión central sobre caminos, energía, agua y logística.

El proyecto, que ahora debe ser tratado por el Congreso y puede sufrir modificaciones, deja así una señal clara sobre la orientación elegida: espera que la minería gane peso en exportaciones e inversión, pero la principal herramienta nacional para acelerar ese proceso no es una gran partida de gasto minero, sino el régimen de incentivos y la atracción de capital privado. Las cifras más concretas son los $89.820 millones de gasto tributario de la Ley 24.196 y los $19.054 millones asignados al SEGEMAR; la principal incógnita fiscal sigue siendo el costo del RIGI.

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