COMPETITIVIDAD REGIONAL
Perú demora hasta tres años en permisos de exploración y Argentina busca sacar ventaja en la carrera por atraer capital
La velocidad con la que una empresa puede pasar de identificar un objetivo geológico a comenzar efectivamente una campaña de exploración se convirtió en uno de los factores que pesan cada vez más en la competencia minera de América Latina. En un mercado en el que el capital para exploración es limitado y los fondos seleccionan con mayor cuidado dónde colocar recursos, los tiempos regulatorios pueden transformar una ventaja geológica en una oportunidad de inversión o, por el contrario, hacer que el capital busque otra jurisdicción.
El caso de Perú vuelve a poner esa discusión sobre la mesa. Fiorella Rivera, socia-directora para Latinoamérica de Embellie Advisory, advirtió durante el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) que los permisos necesarios para explorar pueden demorar hasta tres años, un período que contrasta con los dos o tres meses como máximo que, según explicó, puede requerir un permiso en Brasil.
La diferencia no es menor para las empresas junior, que suelen depender de ventanas de financiamiento relativamente cortas para avanzar desde la identificación de un blanco hasta las primeras perforaciones. Cada mes adicional sin autorización significa capital inmovilizado, mayores costos corporativos y, sobre todo, más incertidumbre respecto de cuándo una compañía podrá generar resultados que permitan atraer una nueva ronda de inversión.
Rivera sintetizó esa lógica desde la perspectiva de un inversor: si una jurisdicción exige años para obtener autorización para explorar, mientras otra permite comenzar el proceso operativo en pocos meses, el capital puede desplazarse hacia la segunda aun cuando ambas tengan potencial geológico comparable. El problema, por lo tanto, deja de ser exclusivamente minero y pasa a formar parte de la competencia entre sistemas regulatorios.
Perú pierde terreno frente a otras jurisdicciones
El diagnóstico coincide con otro indicador utilizado por la propia especialista. En el Investment Attractiveness Index 2025 del Fraser Institute, Perú quedó en el puesto 41 entre 68 jurisdicciones, con 64,98 puntos. En la comparación latinoamericana citada por el IIMP, San Juan ocupó el puesto 18, Brasil el 19 y Santa Cruz el 21, todos por delante del país andino.
El dato permite ampliar la discusión. Perú no parte de una posición geológica débil: es uno de los grandes productores mundiales de cobre, además de contar con importantes recursos de oro, plata y zinc. Sin embargo, el atractivo para la inversión minera no se define únicamente por la cantidad de recursos disponibles. La previsibilidad regulatoria, los tiempos administrativos, la seguridad jurídica y la capacidad de ejecutar los proyectos forman parte del costo real de explorar.
La situación resulta especialmente relevante en un momento en que la exploración temprana enfrenta una competencia creciente por el capital. Según el artículo de Reporte Minero, el presupuesto mundial de exploración alcanzó US$12.400 millones en 2025, aunque cayó por tercer año consecutivo. Más significativo aún, apenas 21% de ese presupuesto fue destinado a exploración temprana, el porcentaje más bajo registrado en la serie mencionada por la publicación.
Esto significa que las jurisdicciones no compiten solamente por grandes compañías capaces de financiar campañas durante varios años. También compiten por el segmento más riesgoso de la industria: las empresas junior, que necesitan transformar rápidamente capital de riesgo en información geológica. En ese segmento, un permiso que tarda meses y otro que tarda años no representan simplemente dos procedimientos administrativos distintos: representan dos perfiles de riesgo financiero diferentes.
Argentina: un marco nacional con procedimientos más acotados
La comparación con Argentina requiere, sin embargo, evitar una simplificación. El país no posee un único procedimiento operativo para todos los proyectos mineros, porque las provincias tienen el dominio originario de los recursos minerales y las autoridades mineras provinciales intervienen en la tramitación de los derechos sobre los yacimientos.
El Código de Minería de la Nación establece el marco general para los permisos de exploración o cateo. El artículo 25 permite a personas físicas o jurídicas solicitar permisos exclusivos para explorar un área determinada y exige, entre otros elementos, las coordenadas del área, el objetivo de la exploración, la identificación del propietario del terreno y un programa mínimo de trabajos con una estimación de las inversiones y los equipos previstos.
El procedimiento también contempla una instancia de publicidad y oposición. Presentada la solicitud, se notifica al propietario y se publica el pedido durante dos veces en un plazo de diez días. Luego existe un período de 20 días para que quienes consideren tener derechos sobre el área presenten una oposición. Si no existe oposición, o si esta es resuelta, el Código establece que el permiso debe otorgarse inmediatamente y procederse a determinar su situación.
La legislación establece además que el permiso comienza a computar 30 días después de su otorgamiento, período durante el cual deben instalarse los trabajos de exploración previstos en el programa presentado. La duración del cateo depende de la superficie solicitada: parte de 150 días para una unidad de medida de 500 hectáreas y agrega 50 días por cada unidad adicional, con mecanismos de liberación progresiva del área a los 300 y 700 días.
Es decir, Argentina cuenta con un marco legal que, al menos formalmente, está diseñado para que la exploración pueda comenzar sin atravesar una autorización de varios años. Pero eso no significa que cualquier empresa que presente hoy un pedido de cateo pueda perforar dentro de 30 días. La diferencia entre el plazo previsto por la legislación y el tiempo efectivo de un expediente es precisamente uno de los puntos que debe observarse cuando se compara competitividad minera.
San Juan: una ventaja regulatoria que no elimina la burocracia
En San Juan, esa diferencia entre la norma y la práctica resulta particularmente relevante porque la provincia concentra una parte importante de la nueva ola de exploración y desarrollo de cobre de Argentina.
Una presentación corporativa de McEwen, vinculada a sus activos sanjuaninos, señala que los cateos son otorgados mediante procesos administrativos provinciales que pueden demorar hasta dos años. El dato muestra por qué no resulta correcto comparar mecánicamente los tres años mencionados para Perú con los 30 días o los plazos de publicación previstos por el Código de Minería argentino: el tiempo real de una autorización depende también de la administración provincial y de las características del expediente.
Aun así, el contraste es significativo. El marco argentino tiene una estructura legal de tramitación mucho más definida y con etapas expresamente delimitadas, mientras que San Juan viene introduciendo modificaciones para reducir los tiempos en otro de los componentes centrales de la actividad: la evaluación ambiental minera.
En diciembre de 2024 la provincia puso en vigencia el Decreto 007/2024, que unificó bajo un mismo marco los procedimientos de presentación y evaluación de los Informes de Impacto Ambiental correspondientes a las etapas de prospección, exploración y explotación. La normativa también reorganizó la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) y asignó los proyectos de menor envergadura a la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM).
La importancia de esta modificación está en que el permiso minero y la autorización ambiental no son exactamente el mismo trámite. Una empresa puede obtener el derecho minero sobre un área y, para avanzar con determinadas actividades, necesitar además cumplir con las exigencias ambientales correspondientes. En San Juan, por ejemplo, las actividades de prospección, exploración y explotación están alcanzadas por el régimen de evaluación ambiental provincial.
En otras palabras, la competitividad regulatoria no se define solamente por cuánto demora el Estado en otorgar un cateo. También depende de cuántas autorizaciones posteriores existen, cómo se coordinan las distintas áreas de gobierno, cuánto tiempo demanda cada una y, fundamentalmente, si los plazos establecidos se cumplen efectivamente.
El dato que pone a Argentina en el centro de la comparación
Aquí aparece uno de los elementos más interesantes para Argentina. El mismo indicador que utiliza Perú para advertir sobre su pérdida de competitividad coloca a la provincia argentina de San Juan por delante de Brasil y muy por encima de Perú.
El Fraser Institute ubicó a San Juan en el puesto 18 entre 68 jurisdicciones en su índice de atractivo para la inversión minera correspondiente a 2025. Brasil quedó en el puesto 19, Santa Cruz en el 21 y Perú en el 41.
La lectura no significa que San Juan tenga un sistema de permisos perfecto ni que todos sus expedientes se resuelvan en semanas. De hecho, el antecedente de los hasta dos años señalado para determinados procesos administrativos muestra que todavía existen márgenes para mejorar. Pero sí indica que, desde la percepción de las compañías consultadas por el Fraser Institute, la provincia logra competir favorablemente en el conjunto de factores que determinan el atractivo minero.
Ese punto es especialmente relevante para la nueva generación de proyectos de cobre. San Juan concentra activos como Los Azules, Altar, El Pachón, Josemaría y el distrito Vicuña, además de una cartera amplia de proyectos de exploración. Para esos emprendimientos, la discusión sobre permisos no es secundaria: puede determinar la velocidad con la que una campaña de perforación transforma recursos especulativos en recursos medidos, indicados o inferidos y, posteriormente, en estudios económicos.
La exploración es además la etapa en la que la competencia entre jurisdicciones puede ser más agresiva. Un proyecto que todavía no tiene recursos definidos no puede ofrecer al inversor la misma certeza que una mina en producción. Por eso, la velocidad administrativa adquiere un valor económico mayor cuanto más temprano se encuentra el proyecto.
La carrera ya no es solamente geológica
El caso peruano expone una transformación más amplia de la competencia minera latinoamericana. Durante décadas, la principal pregunta para un inversor fue dónde estaban los grandes depósitos. Hoy esa pregunta sigue siendo fundamental, pero se complementa con otras: ¿cuánto tarda el Estado en autorizar la exploración?, ¿cuántas etapas administrativas existen?, ¿se cumplen los plazos?, ¿qué tan previsible es el proceso?, ¿qué sucede si aparece una oposición?, ¿cuánto cuesta mantener un proyecto durante el período de espera?
En ese escenario, Brasil aparece como una jurisdicción que puede capitalizar la velocidad administrativa, mientras que Argentina intenta aprovechar una combinación diferente: potencial geológico, provincias con tradición minera, reformas regulatorias, incentivos a la inversión y una creciente cartera de proyectos de cobre y litio.
La comparación con Perú también permite identificar una segunda dimensión: agilidad no significa necesariamente menor exigencia ambiental. El desafío consiste en reducir pasos innecesarios, evitar duplicaciones, digitalizar expedientes y coordinar organismos sin transformar la velocidad en una reducción de los estándares de evaluación.
Para las empresas junior, la ecuación es directa. Si el capital de exploración mundial se mantiene selectivo y solo una fracción relativamente pequeña se dirige a las etapas tempranas, una compañía necesita demostrar resultados en períodos cada vez más acotados. Una jurisdicción que permite comenzar antes una campaña puede mejorar las posibilidades de que el proyecto consiga la siguiente ronda de financiamiento; una que demora años puede perder ese capital antes de que la geología tenga oportunidad de demostrar su potencial.
En ese sentido, el debate abierto en Perú funciona también como una señal para Argentina. El país no debería medir su competitividad únicamente por la cantidad de proyectos que ingresan al RIGI o por el volumen potencial de inversiones anunciadas, sino también por la capacidad de transformar derechos mineros en exploración efectiva en plazos previsibles.
El dato más contundente de la comparación es que Argentina ya tiene una referencia concreta dentro de sus propias fronteras. San Juan, el destino más atractivo para la inversión en el país, ocupa el puesto 18 del ranking internacional, por delante de Brasil (puesto 19) y Perú (puesto 41), pero al mismo tiempo todavía enfrenta procesos provinciales que pueden extenderse durante períodos prolongados.
La advertencia que llega desde Perú, entonces, no es únicamente sobre Perú. También plantea una pregunta para Argentina: si la exploración minera se está convirtiendo en una competencia por velocidad, previsibilidad y capital, ¿qué jurisdicciones estarán en condiciones de transformar más rápidamente su potencial geológico en perforaciones, descubrimientos y proyectos económicamente viables?
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