Cerro Negro interpela a muchos: el silencio también erosiona la confianza

Lo que ocurre en Cerro Negro ya no puede ser leído solamente como un enfrentamiento entre el Gobierno de Santa Cruz y Newmont.

La dimensión alcanzada por las inspecciones, los cuestionamientos vinculados con seguridad, la intervención sindical y la importancia económica de una de las principales operaciones auríferas del país transformaron el episodio en un problema que excede ampliamente los límites provinciales.

Santa Cruz habló. Los sindicatos hablaron. Los organismos provinciales realizaron operativos e inspecciones. Newmont hizo circular entre sus trabajadores una comunicación interna cuestionando aspectos de los procedimientos, aunque durante las primeras horas de la crisis no ofreció hacia afuera una explicación pública de similar dimensión.

Pero existen otros silencios que comienzan a resultar igualmente significativos: el de la Cámara Argentina de Empresas Mineras y el de la Secretaría de Minería de la Nación.

Y ninguno debería ser interpretado desde una lógica equivocada. Ni CAEM ni el Gobierno nacional tienen la obligación de defender a Newmont, mucho menos cuando existen cuestionamientos que deben ser investigados.

Su responsabilidad es diferente: frente a una situación de esta magnitud deberían explicar qué principios consideran indispensables, qué conductas resultan aceptables, qué aspectos deben esclarecerse y qué límites institucionales no deberían atravesarse.

Representar a una actividad no significa defender automáticamente a sus empresas. También significa saber marcar diferencias cuando corresponde.

Existe además una particularidad que vuelve todavía más relevante el caso. Newmont ya no integra actualmente la nómina de asociados publicada por CAEM, pese a que durante años tuvo una participación importante en la estructura de la Cámara y llegó a ocupar espacios de conducción.

Ese dato puede ayudar a comprender cierta distancia institucional, pero no necesariamente justifica el silencio.

Newmont fuera de CAEM

Si CAEM pretende presentarse como una de las principales voces de la minería argentina, su responsabilidad pública necesariamente excede la defensa particular de quienes integran su padrón de asociados.

Cerro Negro no es solamente Newmont: es una mina argentina, son trabajadores, proveedores, producción y exportaciones. Y es una operación cuya conducta, buena o mala, termina impactando inevitablemente sobre la percepción pública de toda la actividad.

Por eso la discusión no debería ser si CAEM tiene que salir a defender a una empresa que ya no pertenece a la organización. No tiene por qué hacerlo.

La discusión es otra: ¿puede una institución que habla regularmente sobre el desarrollo minero argentino permanecer completamente al margen cuando una de las operaciones más importantes del país queda en el centro de cuestionamientos vinculados con seguridad y condiciones de trabajo?

La representación sectorial se pone a prueba precisamente en estos momentos. CAEM suele pronunciarse frente a cambios tributarios, regulaciones, restricciones económicas, problemas cambiarios o políticas que afectan la competitividad.

También aparece cuando se anuncian inversiones o se promueve el potencial geológico del país. Todo eso forma parte de su función. Pero la representatividad también se fortalece cuando una institución es capaz de intervenir en las discusiones incómodas.

Representar también incomoda

No para anticipar culpabilidades. No para reemplazar a las autoridades. No para defender automáticamente a una empresa.

Sí para afirmar, creemos desde Minería & Desarrollo, que cualquier denuncia sobre seguridad debe investigarse hasta el final; que ninguna inversión puede colocarse por encima de la integridad de los trabajadores; que las inspecciones estatales deben realizarse dentro de la ley; que las compañías deben brindar explicaciones públicas cuando la magnitud de un episodio afecta la confianza de trabajadores, comunidades, autoridades e inversores; y que los conflictos deben resolverse con transparencia y debido proceso.

Allí aparece un problema central de credibilidad. Las instituciones construyen confianza por acumulación, pero también pueden perderla de la misma manera.

Cuando una organización habla con enorme intensidad frente a los temas que benefician al sector y desaparece cuando aparecen asuntos incómodos, inevitablemente empieza a instalarse una duda sobre el valor de su palabra.

No porque deba cuestionar a una compañía antes de conocer todos los hechos, sino porque existen principios sobre los cuales no hace falta esperar una investigación judicial o administrativa para fijar posición.

La seguridad es una. La transparencia es otro. El derecho de una provincia a fiscalizar también. El debido proceso de una empresa, igualmente.

Y la obligación de las compañías de brindar explicaciones cuando enfrentan cuestionamientos graves debería formar parte de cualquier política moderna de relacionamiento con la sociedad.

Callar sobre todo eso no preserva neutralidad: puede terminar transmitiendo indiferencia.

El costo del silencio

Después, cuando las mismas instituciones hablan de minería responsable, sustentabilidad, transparencia o licencia social, el público compara ese discurso con la actitud adoptada durante las crisis. Allí aparece el verdadero problema: el silencio de hoy puede quitar credibilidad a las palabras de mañana.

La Secretaría de Minería de la Nación enfrenta un desafío semejante. Nadie debería esperar que el Gobierno nacional intervenga para defender a Newmont frente al Gobierno de Santa Cruz.

Sería institucionalmente incorrecto. Las provincias son propietarias de los recursos naturales y poseen competencias esenciales sobre el control de las operaciones que se desarrollan dentro de sus territorios. Pero reconocer ese esquema federal no significa que la Secretaría de Minería deba comportarse como si Cerro Negro fuera un problema ajeno.

Existe una política minera nacional, una estrategia para atraer inversiones, una política para aumentar exportaciones y una Secretaría que promociona a la Argentina como destino minero.

Entonces también debería existir una mirada nacional cuando una de las operaciones relevantes del país entra en una crisis pública.

No para definir quién tiene razón ni para interferir en las competencias de Santa Cruz, sino para establecer criterios: qué espera el Gobierno de una compañía frente a cuestionamientos graves, qué estándares considera indispensables, qué lugar ocupa la seguridad y qué conducta espera también de las autoridades que fiscalizan.

Responder esas preguntas no significa intervenir en una investigación. Significa ejercer conducción política sobre un sector considerado estratégico.

Una industria que pretende atraer inversiones por decenas de miles de millones de dólares necesita instituciones capaces de acompañar esa dinámica.

No para improvisar respuestas, sino para mostrar que están observando, que siguen los acontecimientos y que existen principios que no dependen del horario administrativo.

La minería argentina es, además, profundamente federal. Las minas están en Santa Cruz, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y otras provincias alejadas de la Ciudad de Buenos Aires. Allí viven sus trabajadores, operan los proveedores, se producen los conflictos y trabajan los periodistas que suelen conocer primero esos problemas.

Si para conseguir una declaración nacional pareciera necesario esperar un día hábil y además resulta más sencillo cuando quien consulta pertenece a un medio con domicilio en CABA, el problema deja de ser sólo comunicacional: pasa a ser una cuestión de concepción federal.

La confianza no se construye solamente diciendo cosas correctas. También depende de cuándo se dicen.

Si CAEM habla únicamente cuando existe una medida que afecta a sus asociados, pero permanece distante frente a una crisis que repercute sobre toda la minería argentina, su capacidad futura de hablar en nombre del sector puede debilitarse.

Si la Secretaría de Minería aparece para celebrar inversiones pero evita pronunciarse cuando una operación relevante atraviesa una crisis pública, también corre el riesgo de deteriorar el valor de su discurso.

Porque las instituciones son observadas tanto por lo que dicen como por los silencios que mantienen.

Y Cerro Negro está mostrando justamente eso. No se trata de pedir defensores para Newmont, cuya representatividad bien complicada esta.

Se trata de pedir instituciones capaces de decir qué está bien, qué está mal, qué debe investigarse y cuáles son los estándares que la minería argentina no debería negociar.

Hacerse los distraídos no protege a la minería. Puede conseguir exactamente lo contrario: profundizar el descreimiento sobre quienes hablan en su nombre y, sobre todo, sobre el momento en que deciden hacerlo.

Una actividad que reclama confianza social no puede exigir transparencia únicamente a gobiernos, comunidades o críticos: también debe demostrarla cuando una empresa relevante enfrenta cuestionamientos.

La coherencia entre el discurso y la reacción frente a una crisis es parte de la licencia institucional del sector.

Minería & Desarrollo