Aguas Calientes: violencia y una transición empresarial que Catamarca aún no explicó
Lo ocurrido en Aguas Calientes, en el Norte del departamento Belén, excede un incidente entre trabajadores mineros y manifestantes.
El conflicto dejó denuncias de personas heridas, intervención policial, acusaciones de represión, ataques con piedras y hondas, presentaciones judiciales y comunidades originarias enfrentadas respecto del desarrollo de la actividad. También volvió a mostrar que una autorización administrativa no resuelve por sí sola una controversia territorial y social.
El punto central es el proyecto de prospección Aguas Calientes I, II y III, hoy presentado públicamente bajo la responsabilidad de Amalaya S.A.
Las autorizaciones tienen antecedentes anteriores: en febrero de 2024 el Ministerio de Minería de Catamarca aprobó, mediante la Resolución 2024-46, el Informe de Impacto Ambiental para tareas que entonces eran comunicadas bajo la operatoria de Elevado Gold. Los trabajos contemplaban mapeo geológico, muestreos de suelo y roca y estudios geofísicos.
La crisis volvió a escalar en septiembre. El día 6, representantes de la comunidad de Peñas Negras denunciaron ante la Fiscalía Penal de Belén amenazas, hostigamiento e ingresos al territorio que consideran ancestral.
Reclamaron una intervención urgente y cuestionaron que las tareas hubieran cumplido adecuadamente con la consulta previa, libre e informada. Dos días después, Amalaya presentó una versión opuesta: sostuvo que trabajadores y pobladores de Aguas Calientes fueron atacados con piedras y hondas desde sectores elevados, que una persona resultó herida y que las tareas debieron interrumpirse. La empresa anunció denuncias penales.
Las partes no sólo interpretan de manera diferente la secuencia de violencia. Tampoco coinciden sobre cuál es exactamente el territorio en disputa. Esa diferencia es el corazón del conflicto y no puede resolverse mediante comunicados cruzados ni con la sola presencia de fuerzas de seguridad.
La ministra de Minería, Teresita Regalado, afirmó que las concesiones autorizadas se encuentran dentro del territorio reconocido de la comunidad de Aguas Calientes y no dentro de Peñas Negras.
Según la funcionaria, 32 familias dieron conformidad para las tareas y, después de que Peñas Negras expresara su oposición, no se habilitaron trabajos en las áreas atribuidas a esa comunidad.
Peñas Negras sostiene lo contrario: que las actividades afectan tierras sobre las que reivindica derechos comunitarios y que la consulta fue insuficiente.
Dos territorios enfrentados
Si la delimitación sostenida por el Gobierno es correcta, el caso no puede simplificarse como una empresa que intenta ingresar a una comunidad que rechazó la minería.
Existe también una comunidad que acepta la prospección y cuyos integrantes reclaman el derecho a trabajar frente a otro grupo que considera afectado su territorio ancestral. Pero si existe una superposición no resuelta o una consulta incompleta, la autorización minera tampoco alcanza para clausurar el reclamo de Peñas Negras.
Por eso el expediente exige algo que Catamarca debió producir antes de que el desacuerdo llegara al terreno: cartografía pública, documentación dominial y comunitaria, trazabilidad de las consultas y una instancia institucional donde todas las partes puedan controvertir esa información.
Sin esa base, cada intervención estatal corre el riesgo de ser interpretada como un alineamiento con uno de los sectores.
La Policía bajo lupa
La actuación policial constituye el segundo punto crítico. Desde Peñas Negras se denunciaron agresiones, utilización de gases y disparos. La Policía negó que hubiera existido una represión; su conducción sostuvo que los efectivos intervinieron ante un enfrentamiento y lanzamiento de piedras, y confirmó un disparo disuasivo.
Los registros audiovisuales y las declaraciones de testigos deberán ser incorporados a la investigación para determinar la secuencia, la proporcionalidad de la intervención y las responsabilidades individuales.
También trascendió que parte de los efectivos cumplía tareas adicionales vinculadas con la seguridad de la operación. Aun cuando ese servicio se encuentre previsto legalmente, la presencia de una fuerza pública alrededor de un proyecto cuestionado por una comunidad puede instalar la percepción de que el Estado dejó de actuar como árbitro. Para una provincia que procura consolidar la minería como política de desarrollo, esa percepción es un problema institucional, reputacional y operativo.
Un conflicto anunciado
Aguas Calientes no comenzó en septiembre de 2026. En 2024 ya existían cuestionamientos de Peñas Negras y antecedentes de incidentes vinculados con el ingreso de personal asociado entonces a Elevado Gold.
Al mismo tiempo, Aguas Calientes, La Angostura y Carachi participaban de reuniones informativas y respaldaban los trabajos. Las diferencias territoriales y comunitarias estaban identificadas al menos dos años antes de la crisis actual.
La Cámara Minera de Catamarca sí tomó posición: respaldó las tareas de prospección de Amalaya, repudió las agresiones denunciadas contra trabajadores y reclamó celeridad a la Justicia. Su pronunciamiento incorporó una voz sectorial necesaria, pero no resolvió el interrogante central.
Poseer permisos mineros, sostener que una tarea es legal o condenar una agresión no define por sí solo una controversia sobre posesión comunitaria, delimitación territorial, consulta indígena y legitimidad social.
El conflicto incluso llegó al Congreso nacional, donde diputados de izquierda promovieron un proyecto de resolución para cuestionar la actuación policial y reclamar garantías para Peñas Negras. La judicialización y la nacionalización política del caso muestran el costo de haber permitido que una diferencia conocida avanzara hasta convertirse en enfrentamiento físico.
Quiénes integran Amalaya
El episodio abre además una pregunta empresarial que recibió pocas explicaciones públicas: quién está detrás de Aguas Calientes y cómo Amalaya S.A. llegó a ocupar el lugar que anteriormente aparecía asociado con Elevado Gold y Minera Millaray.
Amalaya es una sociedad de reciente constitución en Catamarca. Su aviso societario fue publicado el 27 de febrero de 2026 y los registros consultados identifican a Marcelo Miguel López Acuña como director titular y socio, y a Valeria Patocchi como directora suplente y socia. La compañía declaró un capital inicial de ARS 30 millones y actividades vinculadas con servicios geológicos, prospección y extracción de minerales metalíferos no ferrosos.
López Acuña no es un recién llegado a la minería catamarqueña. En 2007 integró como secretario la conducción de la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca, en representación de Madero Minerals S.A. y Cardero Argentina S.A. El dato obliga a distinguir dos planos: Amalaya es una sociedad nueva, pero uno de sus integrantes posee una trayectoria previa dentro del negocio minero provincial. Sobre Patocchi, la información pública localizada es considerablemente más limitada.
Una transición opaca
La cronología empresaria presenta un vacío que debería ser aclarado. En actos administrativos de 2022, Millaray S.A. figuraba como concesionaria y Elevado Gold S.A. como operador de Aguas Calientes II.
En marzo de 2024, luego de aprobarse el Informe de Impacto Ambiental para Aguas Calientes I, II y III, las reuniones comunitarias todavía eran comunicadas como actividades encabezadas por Elevado Gold. En julio de 2026, Amalaya fue presentada como un nuevo inversor que inauguraba otra etapa del proyecto. Ahora, durante el conflicto, la ministra Regalado se refirió a las tres concesiones como pertenecientes a Amalaya.
Ser inversor, operador y titular de una concesión son situaciones jurídicas diferentes. Si existió una transferencia de derechos de Millaray a Amalaya, un cambio de operador, una cesión o un acuerdo de inversión entre las sociedades, la documentación administrativa debería permitir establecer cómo y cuándo ocurrió. Entre las fuentes públicas consultadas no apareció la transferencia completa, el monto de la operación, los porcentajes involucrados ni la participación que eventualmente conservarían Millaray o Elevado Gold.
Tampoco fue posible determinar, a partir de esos registros, si existen inversores económicos finales que no figuran directamente como accionistas de Amalaya. El capital social de ARS 30 millones no equivale necesariamente al financiamiento disponible para una campaña de exploración; son conceptos distintos. Precisamente por eso resulta necesario informar quién aporta los recursos, bajo qué instrumento y quién asume las obligaciones ambientales, sociales y económicas.
La falta de esa explicación se vuelve más delicada cuando el proyecto atraviesa denuncias judiciales, intervención policial y cuestionamientos sobre la consulta indígena. Conocer quién es el titular, quién opera, quién financia y quién responde no es una curiosidad societaria. Es información básica para las comunidades, los trabajadores, los proveedores, la Justicia y el propio Estado.
El riesgo para Catamarca
Catamarca construyó buena parte de su estrategia económica alrededor de la minería y aspira a ampliar inversiones en cobre, litio y otros minerales.
Cada episodio donde aparecen policías, enfrentamientos físicos y comunidades contrapuestas deteriora esa construcción, independientemente de quién termine teniendo razón. El daño aumenta si, al mismo tiempo, la trazabilidad empresaria del proyecto no puede explicarse en una secuencia pública y verificable.
La provincia necesita investigar cualquier agresión, revisar la actuación policial y establecer con documentación dónde termina un territorio y comienza el otro. También debe precisar qué consulta se realizó, qué autorizaciones están vigentes y mediante qué acto Amalaya ingresó al proyecto.
La empresa, por su parte, debe explicar su estructura, su relación con Millaray y Elevado Gold y el origen del financiamiento comprometido.
La minería no puede depender de que una patrulla consiga abrirle paso a una cuadrilla de prospección. Tampoco puede admitirse que trabajadores o pobladores sean atacados por desarrollar una actividad legalmente autorizada.
Cuando un conflicto que lleva años sin resolución pasa del expediente al terreno, todos pierden: la comunidad que rechaza el proyecto, la que espera trabajar con él, la empresa, el Gobierno y finalmente la propia minería de Catamarca.
Por qué es importante
Aguas Calientes demuestra que la licencia administrativa y la legitimidad social son dimensiones diferentes, pero también que ambas requieren un responsable claramente identificable. Catamarca puede tener permisos mineros y ambientales vigentes; necesita además resolver superposiciones territoriales antes de autorizar nuevas intervenciones y garantizar que la cadena de titularidad, operación y financiamiento sea comprensible para la sociedad.
El caso debería convertirse en una prueba institucional: investigar la violencia venga de donde venga, transparentar la delimitación territorial, reconstruir el proceso de consulta y publicar la transición empresaria completa. De lo contrario, una iniciativa que todavía está en prospección cargará desde su etapa inicial con un conflicto social y reputacional mucho más difícil de resolver que cualquier incertidumbre geológica.
Minería & Desarrollo
Fuentes periodísticas consultadas
- El Ancasti: un proyecto minero divide a comunidades del norte de Belén
- El Ancasti: posición oficial de Minería y llamado al diálogo
- InForama: denuncia de Peñas Negras y actuación policial
- Diario de Catamarca: reuniones informativas por Aguas Calientes
- Extra Catamarca: posición de la Cámara Minera
- Base societaria consultada sobre Amalaya S.A.
- El Ancasti: antecedente de López Acuña en ASEMI
- Poder Local: ingreso de nuevos inversores al proyecto
- FDS 95.1: declaraciones de Teresita Regalado