Otro desafío para la minería argentina: el silencio de Newmont agrava su peor crisis en Cerro Negro desde 2024

La minería argentina enfrenta otra crisis que excede ampliamente los límites de una operación. Esta vez ocurre en Cerro Negro, uno de los principales yacimientos de oro del país, donde Newmont atraviesa su momento más delicado desde la muerte de dos trabajadores en abril de 2024.

Lo que comenzó como una inspección del Gobierno de Santa Cruz terminó convertido en un conflicto de seguridad, laboral, institucional y comunicacional. Hubo seis ceses preventivos de tareas, intervención policial, una orden judicial para continuar los controles, vehículos retenidos y una sucesión de denuncias oficiales sobre presuntas irregularidades que deberán ser determinadas en los expedientes administrativos y, si corresponde, judiciales.

Pero hay un componente adicional que comienza a pesar tanto como las propias inspecciones: el silencio público de Newmont.

Hasta el cierre de este informe, la compañía no había difundido en sus canales abiertos un comunicado específico que respondiera punto por punto a las acusaciones del Gobierno provincial.

La empresa sí tiene una posición. Lo demuestra la comunicación interna distribuida entre sus trabajadores, en la que explicó que los ceses afectaron servicios considerados esenciales, informó una desmovilización progresiva de personal y equipos, afirmó que continuará colaborando con las autoridades y no descartó acciones judiciales por los daños que considera ocasionados.

El problema es que esa explicación no fue dirigida públicamente a la sociedad. Newmont habló hacia adentro mientras el Gobierno, los sindicatos y los medios santacruceños construían hacia afuera el relato de la crisis.

Esa decisión dejó a la compañía sin una voz propia, visible y sometida a preguntas en el momento de mayor exposición.

El silencio pesa

Newmont todavía no presentó una explicación integral que permita responder preguntas básicas: qué irregularidades reconoce, cuáles rechaza, qué medidas correctivas adoptó, por qué observaciones formuladas meses atrás volvieron a aparecer y cuál es su versión sobre los episodios que derivaron en la intervención policial y judicial.

Ese vacío es especialmente delicado porque enfrente existe una estrategia comunicacional completamente distinta.

Durante varios días el Gobierno provincial difundió y dejó circular cientos de minutos de registros audiovisuales: recorridos de inspectores, controles de vehículos, declaraciones de funcionarios, presencia policial y actuaciones dentro del yacimiento.

Las imágenes no prueban por sí solas responsabilidades administrativas ni empresariales. Sí tienen un peso comunicacional enorme. Instalan una percepción difícil de revertir: mientras el Estado provincial muestra, Newmont no explica públicamente con la misma intensidad. Y cuando la empresa no aporta datos verificables, otros terminan interpretando por ella lo que muestran las imágenes.

El comisario Maximiliano Moreno sostuvo que durante el procedimiento se cerraron portones con candado, que fue necesario solicitar una orden judicial para continuar con el operativo de inspección y que algunos vehículos habrían sido ocultados.

Son afirmaciones de una autoridad policial, no conclusiones definitivas, y deben ser tratadas como tales hasta que los expedientes las confirmen o descarten. Precisamente por eso la explicación técnica de la compañía resulta indispensable.

Una cara ausente

Las compañías mineras suelen exhibir presidentes, country managers, vicepresidentes y equipos completos de comunicación cuando anuncian inversiones, ampliaciones, empleo o nuevos proyectos. En esas oportunidades hay nombres, cargos, fotografías, entrevistas y mensajes diseñados para llegar a toda la sociedad.

Cuando aparecen denuncias graves, cuestionamientos de seguridad o conflictos con trabajadores, esas caras suelen desaparecer.

Cerro Negro vuelve a mostrarlo: no sólo falta un comunicado público de Newmont de la misma dimensión que las acusaciones; también falta una autoridad identificable de la compañía que se siente frente a los medios, responda preguntas y explique qué ocurrió.

Un memorando interno filtrado a la prensa no reemplaza esa responsabilidad. Tampoco la reemplazan declaraciones indirectas ni fórmulas corporativas generales.

En una crisis de esta magnitud, dar la cara significa poner nombre, cargo y responsabilidad institucional detrás de una versión; reconocer lo que corresponda, objetar con pruebas lo que se considere incorrecto y comprometer plazos concretos de corrección.

La ausencia es todavía más llamativa porque Newmont sabe cómo responder públicamente ante una crisis en Cerro Negro.

Cuando Rosana Ledesma y Daniel Ochoa murieron el 9 de abril de 2024, la corporación emitió un comunicado oficial, confirmó las muertes, informó la suspensión de actividades y anunció una investigación. El antecedente demuestra que la compañía cuenta con canales y protocolos para hacerlo.

El contraste también alcanza a su agenda reciente. Pocos días antes de esta crisis, Newmont comunicaba una nueva etapa de explotación a cielo abierto, nuevas inversiones y un compromiso de largo plazo con Santa Cruz.

La empresa fue visible para anunciar expansión, productividad y sostenibilidad, pero todavía no lo fue de manera equivalente para explicar las denuncias que afectan el valor que coloca en el centro de su discurso: la seguridad.

Hablan los trabajadores

El espacio que no ocupa la empresa fue ocupado por los trabajadores. AOMA y ASIMRA respaldaron formalmente los controles provinciales y se declararon en alerta.

Luego se sumaron Camioneros y UPSAP, mientras ASIJEMIN, que representa a personal jerárquico, profesional y técnico, reclamó paz social e inspecciones.

Esto cambia la naturaleza del conflicto. Ya no se trata solamente de una disputa entre el Gobierno y Newmont.

Cuando varias estructuras sindicales coinciden en colocar la seguridad, las condiciones laborales y el cumplimiento normativo en el centro, la compañía enfrenta además un problema de legitimidad interna.

La Provincia afirmó que sectores considerados críticos durante la inspección fueron identificados a partir de información proporcionada por trabajadores y organizaciones sindicales.

Si ese dato queda respaldado en las actuaciones, Newmont deberá explicar por qué esas preocupaciones no fueron resueltas dentro de sus propios canales y terminaron trasladadas hacia la autoridad pública.

El riesgo reputacional es evidente: que quienes trabajan dentro del sistema productivo sean percibidos por la sociedad como una fuente más confiable sobre las condiciones de la mina que la propia operadora.

Cuando eso sucede, la pérdida no es solamente comunicacional; es una pérdida de confianza.

Cámaras sin voz

El dato periodísticamente más significativo es que las principales estructuras representativas de las grandes operadoras, por ejemplo CAMICRUZ, estaba al tanto de la situación pero, hasta el cierre, no mostraban en sus canales públicos un pronunciamiento específico proporcional a la magnitud del conflicto.

Las cámaras suelen reaccionar con rapidez ante cambios tributarios, restricciones a las importaciones, modificaciones regulatorias o decisiones que afectan inversiones.

La seguridad debería merecer, como mínimo, la misma importancia institucional. El silencio de esas entidades no protege a la industria: deja a cada operación sola, debilita una respuesta sectorial basada en estándares y alimenta la idea de que las explicaciones sólo aparecen cuando se discuten costos o beneficios.

Cerro Moro reaparece

Santa Cruz ya atravesó una situación que debería funcionar como antecedente. En julio de 2022, Minería & Desarrollo publicó el conflicto de Cerro Moro, entonces operado por Yamana, a partir de la falta de respuestas empresariales.

Los trabajadores iniciaron un paro de brazos caídos y reclamaron salarios, recategorizaciones y la creación de una comisión de Seguridad e Higiene.

La cobertura registró denuncias de hostigamiento, intervención policial, cuestionamientos de trabajadores a AOMA y una intervención del Concejo Deliberante de Puerto Deseado que exigía abrir canales de diálogo.

Los conflictos no son equivalentes, pero comparten una falla: cuando una operación minera entra en crisis, las estructuras empresariales tardan en ocupar el espacio público y explicar qué ocurre.

En Cerro Moro la empresa, al menos, hizo trascender argumentos sobre el impacto de la huelga en el empleo, la producción y las regalías. En Cerro Negro, Newmont formula argumentos similares sobre servicios críticos, continuidad operacional y daño económico, pero los mantiene principalmente dentro de sus comunicaciones internas.

Una crisis anunciada

Los controles tampoco comenzaron esta semana. En mayo, el Gobierno provincial realizó una inspección integral en Cerro Negro, detectó irregularidades y exigió medidas correctivas. En junio, Trabajo volvió a reunirse con Newmont y AOMA y reclamó soluciones urgentes para deficiencias vinculadas con seguridad e higiene.

Por eso la pregunta inevitable es concreta: si existían observaciones desde mayo y una mesa de seguimiento desde junio, ¿qué se corrigió, qué quedó pendiente y por qué en septiembre la Provincia volvió a encontrar situaciones que consideró suficientemente graves como para ordenar seis ceses preventivos?

Newmont debería explicar qué documentación recibió, qué cronograma presentó, qué acciones completó y dónde discrepa con la autoridad.

También debería aclarar técnicamente el presunto derrame de cianuro mencionado por algunos medios: si ocurrió, cuál fue su magnitud, dónde se produjo, cómo fue contenido y qué controles ambientales se realizaron. Hasta contar con documentación oficial o una explicación técnica, corresponde mantener la expresión presunto derrame.

La primera etapa de la inspección terminó, pero el conflicto sigue abierto. El secretario de Trabajo, Javier Aravena, anticipó que los organismos provinciales volverán al yacimiento para verificar las correcciones.

Newmont frenó actividades y retiró parte del personal al sostener internamente que los ceses afectaban servicios básicos del campamento. Además, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, fue informado de la situación.

La industria observa

Cerro Negro no es una operación cualquiera. Newmont es una de las compañías auríferas más importantes del mundo y había anunciado una inversión cercana a USD 800 millones para ampliar la vida y la escala del complejo. Por eso lo que sucede trasciende al yacimiento y afecta la manera en que se evalúan los estándares de toda la minería argentina.

El sector necesita construir confianza social para sostener inversiones de largo plazo, desarrollar nuevos proyectos y defender su capacidad para operar bajo estándares internacionales.

Una crisis de seguridad en una de las minas más importantes del país impacta inevitablemente sobre esa percepción. El daño aumenta cuando ni la empresa ni las cámaras principales ofrecen una explicación pública suficiente.

No alcanza con afirmar que la seguridad es un valor corporativo. Ese principio se vuelve creíble cuando una compañía expone información verificable en el peor momento, acepta preguntas incómodas y designa a una autoridad con capacidad real de responder.

La confianza no se construye solamente durante los anuncios de millones de dólares; se construye, sobre todo, cuando aparecen los problemas.

Ese desequilibrio convierte al silencio en parte de la noticia.

En Cerro Negro, el silencio ya no es neutral. Agrava el conflicto de seguridad, erosiona la credibilidad de Newmont y expone nuevamente una debilidad de toda la industria: su enorme capacidad para anunciar inversiones contrasta con su escasa disposición a dar la cara cuando recibe denuncias.

Minería & Desarrollo