Cómo funciona el Tratado Minero entre Argentina y Chile y por qué vuelve a cobrar protagonismo
El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile es el marco jurídico que regula el desarrollo de proyectos mineros ubicados en la zona fronteriza de ambos países. Firmado en 1997 y vigente desde 2000, el acuerdo fue diseñado para facilitar la ejecución de emprendimientos que, por su ubicación geográfica, requieren operar a ambos lados de la cordillera.
El tratado no crea una zona minera común ni modifica la soberanía de ninguno de los dos países. Cada Estado mantiene el dominio sobre los recursos naturales existentes en su territorio y conserva la potestad para aplicar su propia legislación ambiental, laboral, tributaria y minera. Lo que hace el acuerdo es establecer un marco de cooperación para resolver las dificultades operativas que presentan los proyectos de carácter transfronterizo.
Su funcionamiento se basa en la aprobación de Protocolos Adicionales Específicos, instrumentos que se elaboran para cada proyecto que necesita operar bajo este régimen. En esos protocolos se definen aspectos vinculados con el tránsito de personas, equipos e insumos, el uso de infraestructura compartida, los procedimientos aduaneros y otras cuestiones necesarias para el desarrollo de las operaciones.
La administración del tratado está a cargo de una Comisión Administradora Binacional, integrada por representantes de ambos gobiernos. Este organismo es el encargado de evaluar las solicitudes de nuevos protocolos, coordinar su implementación y revisar aquellos aspectos que requieran actualización para acompañar la evolución de la actividad minera.
En la actualidad, el acuerdo cobra especial relevancia por el avance de grandes proyectos cupríferos en la cordillera. Entre ellos sobresale Vicuña, el distrito desarrollado por Lundin Mining y BHP, que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol y requiere un protocolo específico para operar de manera integrada entre Argentina y Chile. También se encuentran comprendidos dentro del régimen proyectos como Los Azules y El Pachón, ambos en la provincia de San Juan.
La utilización de este instrumento permite simplificar procedimientos vinculados con el movimiento de trabajadores, maquinaria, insumos y servicios a través de la frontera, reduciendo tiempos administrativos y facilitando la coordinación logística entre ambos países. El objetivo es que los proyectos puedan desarrollarse con mayor eficiencia sin alterar las competencias que corresponden a cada Estado.
La reactivación reciente de la Comisión Administradora volvió a colocar al tratado en el centro del debate minero regional. Autoridades de Argentina y Chile acordaron impulsar nuevamente este mecanismo con la intención de acompañar el crecimiento de las inversiones previstas para los próximos años, especialmente en los grandes proyectos de cobre ubicados sobre la cordillera.
Al mismo tiempo, la aplicación del tratado genera debate entre algunos sectores vinculados a la cadena de proveedores. Empresarios de San Juan han planteado que las diferencias de competitividad entre ambos países podrían afectar la participación de firmas argentinas en los proyectos binacionales si no se implementan mecanismos que compensen esas asimetrías. Entre las principales preocupaciones figuran los costos logísticos, tributarios y financieros que enfrentan las empresas locales frente a sus competidoras chilenas.
Con una cartera de inversiones mineras que supera los US$20.000 millones en proyectos binacionales, el Tratado de Integración y Complementación Minera vuelve a ser considerado una herramienta estratégica para el desarrollo de la actividad en la cordillera, particularmente en provincias como San Juan, donde se concentran algunos de los emprendimientos de cobre más importantes de la región.