La ley de proveedores incorporará una matriz para medir el impacto de la minería en San Juan
El Ministerio de Minería de San Juan incorporará una matriz socioeconómica dentro de la recientemente aprobada Ley de Desarrollo Local Minero, una herramienta que permitirá relevar, sistematizar y monitorear el impacto que genera la actividad minera sobre la economía y las comunidades de la provincia. Se trata de un instrumento inédito para la gestión minera sanjuanina, ya que por primera vez se buscará medir de manera permanente y objetiva los efectos de la industria más allá de sus niveles de producción.
La nueva plataforma concentrará información vinculada al empleo, la contratación de proveedores locales, el desarrollo comunitario y otros indicadores sociales y económicos, con el propósito de convertir esos datos en métricas que permitan evaluar el aporte real de la minería al desarrollo de los departamentos donde se desarrolla la actividad.
La iniciativa forma parte del proceso de modernización y digitalización que impulsa la cartera minera provincial. El objetivo es centralizar en un único sistema la información proveniente de los distintos proyectos para contar con una visión integral del desempeño del sector y de su incidencia sobre el territorio.
Según el diseño técnico del proyecto, la matriz permitirá dejar atrás el análisis aislado de los datos para construir indicadores comparables en el tiempo y entre distintos emprendimientos. De esta manera, el Estado contará con una herramienta para evaluar no solo la evolución productiva de la minería, sino también su contribución al desarrollo económico, la sostenibilidad y la equidad territorial.
La disponibilidad de información actualizada también apunta a fortalecer la planificación de las políticas públicas. Con datos consolidados, la provincia podrá identificar tendencias, monitorear el cumplimiento de los objetivos de desarrollo local y ajustar programas en función de la evolución de los distintos indicadores.
Entre las funciones previstas, la matriz permitirá detectar comunidades con menor nivel de participación en los beneficios de la actividad, identificar oportunidades de mejora y comparar los resultados alcanzados por distintos proyectos para replicar aquellas prácticas que hayan demostrado mejores resultados.
La iniciativa refleja además un cambio en el rol que busca asumir el Estado provincial frente al crecimiento de la minería. La intención es que la información sobre empleo, proveedores y desarrollo comunitario deje de ser un simple registro administrativo para transformarse en una herramienta de gestión y planificación estratégica.
Para el funcionamiento del sistema se prevé la participación de un equipo interdisciplinario, integrado por especialistas en análisis económico, procesamiento de datos, infraestructura tecnológica, aspectos regulatorios y seguimiento de indicadores sociales, que tendrán a su cargo la validación y evaluación de la información.
El esquema también contempla el trabajo articulado con las empresas mineras, que aportarán parte de los datos requeridos; con los organismos públicos, responsables de coordinar políticas en las zonas de influencia de los proyectos; y con las comunidades, mediante instancias de relevamiento y seguimiento de las necesidades locales.
Con esta herramienta, San Juan busca construir una base de información que permita medir con mayor precisión el impacto de la minería, anticipar demandas sociales, orientar la toma de decisiones y acompañar el crecimiento de las regiones mineras con criterios objetivos y sustentados en evidencia.