La radiografía de Impulsa Mendoza: cifras, lo que se hizo y lo que aún falta, según la propia minera estatal
Por Edu Gajardo
Impulsa Mendoza Sostenible publicó el primer Reporte de Sostenibilidad desde su creación. Se trata del primer balance integral de la empresa estatal minera mendocina, una estructura que hoy concentra buena parte de la articulación técnica, financiera e institucional de la política minera provincial.
La publicación coincide con la llegada de Sebastián Piña a la gerencia general y con una nueva etapa dentro de la compañía estatal, marcada por un giro hacia la estructuración financiera y la generación de herramientas para acelerar la exploración minera.
El reporte reúne información económica, operativa, territorial y estratégica de la compañía. En sus capítulos aparecen desde la estructura de ingresos y gastos hasta la cartera de proyectos, programas de capacitación, obras de infraestructura, avances en exploración y nuevas herramientas de vinculación con mercados financieros.
Dentro de ese volumen de información, hay tres ejes que permiten leer el momento actual de Impulsa Mendoza: su origen como heredera de la estructura que dejó Potasio Río Colorado, el peso que sigue teniendo ese capital como principal sostén financiero y el giro que empieza a tomar la compañía hacia la construcción de instrumentos para financiar exploración temprana.
El origen: de la Ley 9.209 a Potasio Río Colorado
Para entender el balance de Impulsa Mendoza también es necesario revisar de dónde viene la empresa y cuál es la estructura que le dio origen. La idea de una empresa minera estatal en Mendoza se estableció en diciembre de 2019, cuando durante los primeros días de gestión de Rodolfo Suarez se aprobó la Ley 9.209, la norma que durante un breve período reemplazó a la Ley 7.722 y habilitaba un nuevo esquema para la minería metalífera en la provincia.
Aunque aquella ley fue derogada pocos días después tras una violenta reacción social y política, dejó planteada una herramienta estatal que con el tiempo terminaría tomando forma.
Ese antecedente volvió a cobrar vida con la salida de la gigante brasileña Vale de Potasio Río Colorado. Cuando la compañía devolvió el proyecto al Estado mendocino, transfirió también cerca de US$30 millones, fondos que quedaron bajo la órbita de Potasio Río Colorado Sociedad Anónima Unipersonal (PRC SAU), la estructura creada para administrar el activo, sostener infraestructura y avanzar en la búsqueda de nuevos socios.
Parte de esa etapa incluyó la contratación del banco suizo UBS para estructurar la búsqueda de inversores, un proceso que terminaría con el acuerdo entre el Estado provincial y Minera Aguilar, controlada por José Luis Manzano, para avanzar sobre Potasio Río Colorado.
Sellado este acuerdo, el Estado provincial avanzó con la estructura remanente de PRC y la convirtió. Así nació Impulsa Mendoza, la empresa estatal diseñada para administrar activos, desarrollar proyectos, generar información técnica y acompañar el crecimiento del sector minero provincial.
El propio Reporte de Sostenibilidad define ese proceso como una “decisión estratégica del Estado provincial” y una “reingeniería empresa-estado”, vinculada a la optimización de activos durante la búsqueda de inversores para PRC.
Ese mismo proceso explica también su capitalización. De los cerca de US$30 millones que Vale transfirió al devolver Potasio Río Colorado, una parte fue absorbida por costos operativos, mantenimiento del activo y gastos vinculados a la estructuración del acuerdo con Aguilar. El saldo restante fue el que terminó capitalizando a Impulsa Mendoza y constituye parte de lo que sostiene parte de su funcionamiento.
Mendoza fue una de las últimas provincias mineras en incorporar una empresa estatal. Catamarca, Salta, Jujuy y La Rioja ya operaban con estructuras similares. Dentro del sector minero este tipo de compañías suelen generar debate por la forma en que participan en proyectos o sociedades, especialmente cuando buscan posiciones sin asumir riesgo económico directo en exploración. En ese escenario, especialmente con la nueva administración, Impulsa intenta consolidar un perfil distinto, más enfocado en estructurar financiamiento y reducir riesgo técnico temprano.
Cómo subsiste
El balance 2025 muestra cuál es hoy la base económica de Impulsa. Durante 2025, Impulsa informó un valor económico directo generado de $11.525,48 millones de pesos. De ese total, $9.282,91 millones provinieron de resultados financieros y por tenencia, el principal sostén económico de la compañía. Los ingresos operativos sumaron $1.620,84 millones.
El ejercicio también refleja el impacto del contexto inflacionario. Tras registrar un ajuste negativo de $6.215,10 millones por pérdida de poder adquisitivo, el valor económico generado neto quedó en $5.310,38 millones. Frente a un valor económico distribuido de $6.841,17 millones, el balance cerró con un valor económico retenido negativo de $1.530,78 millones.
Dentro de los gastos, la empresa destinó $1.218,07 millones a salarios y prestaciones para su equipo de 15 personas y $3.347,56 millones a gastos operacionales, donde se incluyen programas, funcionamiento interno y ejecución de proyectos.
La estructura actual muestra una empresa sostenida principalmente sobre la administración de capital, mientras destina recursos a proyectos, infraestructura, promoción y herramientas de financiamiento.
Qué hizo en 2025
El reporte enumera una serie de hechos que la compañía califica como hitos y que, según señala, muestran el alcance operativo de la compañía durante el último año.
Entre ellos aparece la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, incorporada por Impulsa en su memoria como uno de los principales avances del ejercicio y como parte del nuevo escenario que busca posicionar a Mendoza dentro del mapa cuprífero argentino.
También se incluyen avances sobre Malargüe Distrito Minero Occidental, la consolidación de estudios geológicos y ambientales de base, el trabajo sobre Hierro Indio (proyecto del cual hablamos hace algunos días y que recibió un fuerte aporte económico desde la compañía) y la incorporación del proyecto de cobre El Seguro como parte de la cartera provincial.
En el plano territorial, la empresa indica que ejecutó obras sobre unos 230 kilómetros de caminos productivos en Malargüe para facilitar el acceso a zonas de prospección y exploración. A eso se suma la apertura de oficinas en Uspallata y Malargüe, dos puntos que hoy concentran buena parte de la actividad que promueve el Estado provincial.
La memoria también indica que el programa Impulsando el Conocimiento alcanzó a 292 personas capacitadas en temas de innovación, sostenibilidad, liderazgo, finanzas y formulación de proyectos. La construcción de capacidades técnicas aparece como otro de los ejes de trabajo que la empresa considera dentro de los hitos del período 2025.
Hacia dónde va
El reporte también señala la orientación que busca consolidar la nueva conducción. Uno de los ejes más visibles es la construcción de herramientas financieras para las primeras etapas de exploración, donde hoy se concentra el mayor riesgo técnico y la principal barrera para el ingreso de capital.
En esa línea aparecen Andean Bridge, la articulación con la Bolsa de Toronto (TSX) y BYMA, y el diseño del Fondo Cerrado con Oferta Pública “Impulsando Exploraciones”, una herramienta orientada a facilitar financiamiento para prospección y exploración temprana.
Ese punto marca un perfil distinto dentro del ecosistema de empresas estatales mineras: más enfocado en estructurar condiciones para el ingreso de capital privado que en la participación operativa directa dentro de proyectos.
Durante 2025, Impulsa también consolidó presencia en centros financieros y mineros como Vancouver, Toronto, Abu Dhabi y Londres, reforzando su estrategia de vinculación internacional.
Qué falta
El propio reporte también deja expuestas las brechas. El Plan de Acción de Sostenibilidad contiene 64 líneas de trabajo distribuidas en cuatro fases hasta 2027. En las dos primeras etapas, correspondientes a 2025, la empresa informó un cumplimiento del 100% en promoción de minería sostenible y alianzas estratégicas.
Sin embargo, los indicadores más directamente vinculados al impacto económico siguen avanzando a otro ritmo: desarrollo económico local registra un 50% y cadena de valor sostenible un 40%.
La diferencia refleja la etapa actual del sector. Buena parte de la estructura institucional, financiera y técnica avanza sobre proyectos que todavía siguen en exploración o preparación.
El próximo paso será medir cuánto de esa estructura logra convertirse en actividad efectiva, inversión sostenida y desarrollo concreto dentro del territorio. Ese será uno de los principales puntos de seguimiento para una empresa que nació sobre la estructura remanente de Potasio Río Colorado y que hoy concentra una parte importante del andamiaje estatal para empujar la minería mendocina.
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