El debate de las plataformas de contratación mineras en medio de la discusión de la ley de proveedores

Para que una empresa o Pyme pueda vender insumos, tecnología o servicios a las grandes compañías operadoras de la minería, debe registrarse y homologar sus antecedentes en plataformas de gestión de compras globales.

Su implementación obligatoria genera resistencia, críticas y desafíos operativos entre los empresarios y pymes, principalmente locales. El gobierno sanjuanino propone una herramienta para sortear estos cuestionamientos.

La situación genera tantas críticas y quejas que se denuncia que alguna de esas plataformas de contratación llega a exigir pagos para participar de la información de contratos.

El drama para los proveedores locales es que, si bien todas estas plataformas son globales, las exigencias son diferentes y de uso obligatorio para tomar parte en licitaciones.

De allí que impulsan que el criterio sea al revés, que todas ellas se deban adecuar a la legislación provincial a través del REPROMIN en donde contaran con un respaldo que no las pueda dejar marginada por otros criterios y que no validen la característica de local de las empresas.

Un dato llamativo de lo pasa en San Juan es que las empresas mineras que lograron adecuar el uso de estas plataformas a la realidad local, con gente especializada para solucionar problemas, es la que menos conflictividad tiene con estos sectores de la cadena de valor.

Quiénes lideran los cuestionamientos

El frente de reclamos adquirió volumen a través de las representaciones gremiales y empresarias:

• CAPRIMSA (Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan): Su presidente, Fernando Godoy, lanzó duras críticas al denunciar que el proyecto Vicuña "pasa por arriba a San Juan y habla directo con Nación". La polémica estalló tras la adjudicación de un campamento de 52 millones de dólares a un consorcio chino (PowerChina y Beijing Chengdong), lo que dejó al sector local al margen de las grandes decisiones operativas.
• Unión de Cámaras Empresarias Riojanas: Emitió un fuerte descargo por el "vacío" del proyecto hacia sus firmas. Denunciaron que, tras cumplir obligatoriamente con la carga de datos en la plataforma Achilles, ninguna empresa de su provincia fue convocada a las licitaciones reales.

Las principales críticas, quejas y fricciones detectadas en este tipo de sistemas de precalificación minera se dividen en cuatro ejes:

Complejidad burocrática y "Carga de Datos"

• Curva de aprendizaje empinada: Las pymes critican la gran cantidad de tiempo que demanda completar los extensos formularios iniciales.
• Exceso de documentación: Para empresas chicas o familiares, recopilar balances auditados, matrices de riesgo, planes de ciberseguridad y políticas formales de diversidad representa una exigencia administrativa desproporcionada para pymes creadas en departamentos alejados.
• Trabas operativas iniciales: Los representantes reconocen públicamente que la primera carga de datos suele ser un proceso complejo para las firmas sanjuaninas debido a la falta de digitalización previa.

Barrera de entrada para las Pymes Locales

• Ventaja para corporaciones: Las grandes empresas proveedoras (muchas veces de fuera de la provincia o internacionales) ya cuentan con departamentos enteros dedicados a Compliance o Normas ISO. Las pymes locales sienten que corren con una clara desventaja competitiva.
• Criterios de sustentabilidad restrictivos: Aunque se afirma que las exigencias se adaptan según el rubro, requerir mediciones avanzadas como la huella de carbono actúa, en la práctica, como un filtro excluyente para los talleres o proveedores de servicios más chicos de la región.

1. Costos ocultos y auditorías futuras

• El "gancho" del registro gratuito: Si bien la inscripción básica en el Achilles Network -por ejemplo el que utiliza Vicuña-, no tiene costo, los reclamos globales hacia el modelo de Achilles apuntan a que los niveles superiores de validación (esenciales para ganar contratos críticos) exigen actualizaciones pagas.
• Costos de auditoría elevados: Si el Proyecto exige una auditoría presencial o virtual exhaustiva para ciertos rubros de riesgo (como transporte o infraestructura), los costos de estas certificaciones internacionales suelen ser trasladados al propio proveedor.

1. Lentitud en la validación y soporte del sistema

• Demoras de los validadores: Al tratarse de un embudo obligatorio con más de 2.000 empresas registradas en poco tiempo, existen quejas por demoras en la revisión manual o mediante Inteligencia Artificial de los documentos subidos.

Qué dice la ley de San Juan de desarrollo local minero para proteger a los proveedores frente a las plataformas

La Ley de Desarrollo Local Minero —enviada a la Legislatura de San Juan por el Poder Ejecutivo— fue diseñada precisamente para equilibrar la balanza a favor de las pymes locales y mitigar los filtros excluyentes o barreras burocráticas que imponen plataformas internacionales.

Aunque la ley no prohíbe el uso de estos sistemas informáticos corporativos, introduce regulaciones de cumplimiento obligatorio que impiden que un software extranjero descalifique arbitrariamente a las empresas de la provincia.

Los puntos centrales de la ley para proteger a las pymes frente a estas exigencias globales son:

1. Creación del RE.PRO.MIN (Registro Provincial oficial)

• La base de datos soberana: La ley crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), un padrón público, digital y estatal administrado por el Ministerio de Minería provincial.
• Prioridad legal ante los compradores: Las grandes operadoras (como BHP y Lundin Mining en el Proyecto Vicuña) están obligadas por ley a consultar y priorizar prioritariamente a las firmas de este registro local antes de abrir convocatorias externas o internacionales.

1. Obligación de publicar la demanda de manera anticipada

• Fin al "embudo" repentino: Las mineras deben informar públicamente y mediante cronogramas sus necesidades estimadas de bienes y servicios a futuro.
• Tiempo para adecuarse: Esto evita que una pyme quede fuera de una licitación por no contar a tiempo con los extensos papeles de Achilles. Al conocer la demanda de antemano, los talleres locales pueden invertir, capacitarse y tramitar sus certificaciones con previsibilidad.

1. Planes obligatorios de desarrollo y flexibilización

• No a los cupos ciegos, sí a la planificación: En lugar de imponer cupos que violen la libre competencia, la ley fuerza a las mineras a presentar Planes de Desarrollo de Proveedores actualizables cada dos años y con reportes públicos de avance.
• Asistencia y acompañamiento: Si el sistema internacional de la empresa minera detecta que una pyme local carece de una norma ISO o de una medición de huella de carbono, la operadora minera debe activar programas de formación especializada para ayudar a la empresa a elevar su estándar, en lugar de eliminarla del sistema mediante un filtro automatizado.

1. Metas medibles e Incentivos Fiscales

• Piso del 60% de compras locales: La norma empuja a que el 60% de las contrataciones de las operadoras mineras y sus grandes contratistas queden en manos de proveedores sanjuaninos arraigados.
• Premios impositivos por priorizar: Las operadoras que alcancen simultáneamente un 80% de mano de obra local y el 60% de compras a pymes sanjuaninas recibirán Certificados de Crédito Fiscal para pagar impuestos provinciales.

1. Control local y sanciones

• Si una minera utiliza una plataforma de riesgo para bloquear de forma injustificada o abusiva la participación de las empresas de San Juan, el Ministerio de Minería (como autoridad de aplicación) cuenta con facultades para sancionarlas con apercibimientos, multas severas o incluso la suspensión del registro.

Requisitos

El proyecto oficial da cuenta que para que una empresa obtenga la certificación oficial del RE.PRO.MIN (Registro de Proveedores Mineros de San Juan) y quede protegida por los beneficios de la Ley de Desarrollo Local Minero, debe acreditar un fuerte arraigo legal, operativo y laboral dentro de la provincia.

La normativa fija condiciones rigurosas para evitar las "empresas fantasmas" o firmas foráneas que abren una oficina ficticia solo para ganar licitaciones.

1. Requisitos de Arraigo y Estructura Empresarial

• Establecimiento operativo propio: La pyme debe contar con instalaciones físicas reales y comprobables en San Juan (talleres, depósitos, oficinas comerciales o plantas de producción).
• Domicilio legal y fiscal: Toda la estructura jurídica y la facturación de la pyme deben estar registradas formalmente ante las autoridades fiscales de la provincia de San Juan.
• Mayoría de capital local: Para sociedades (S.A., S.R.L. o S.A.S.), se exige que al menos el 51% del capital social o participación pertenezca a residentes sanjuaninos, o bien demostrar fehacientemente que el establecimiento principal de la firma está radicado en el territorio provincial.

1. Requisitos de Empleo (Fuerza Laboral Sanjuanina)

• Piso de empleo local: Para ingresar y sostenerse dentro del registro, la dotación de la pyme debe estar compuesta por al menos el 80% de personal sanjuanino.
• Antigüedad del personal: Para que un empleado sea considerado "trabajador local" según el filtro de la ley, debe acreditar un domicilio real registrado de al menos 12 meses en la provincia.

1. Requisitos de Inscripción y Formalidad Tributaria

• Datos de persona jurídica: Presentar acta constitutiva certificada por Escribano Público e inscripción vigente en el Registro Público de Comercio. [6]
• Alta en registros fiscales: Datos de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas (D.G.R.) de la provincia.
• Habilitación de rubros: Detallar con precisión las sustancias, productos o códigos de servicios que comercializa o industrializa la pyme para ser cruzados con las bases de compras.

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